Casi un año después de que inició su actuación, el plenario de la Cámara de Representantes considerará el miércoles el resultado de la comisión investigadora sobre las faltas de varios integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2020. Desde las 10.00 está convocada una sesión para tratar los dos informes que hay sobre el tema, uno de la mayoría oficialista y otro de la minoría opositora, que llegan a conclusiones diametralmente opuestas.
El informe de los diputados de la coalición de gobierno que integraron la comisión plantea que si bien el caso que generó la conformación de la investigadora fue el del sindicalista de San José Marcel Slamovitz, en el marco de la investigación surgieron decenas de otros casos. Según explica el informe que será presentado el miércoles, las faltas se intentaban justificar a partir de lo que dispone el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Este artículo establece que pueden otorgarse licencias para “tareas o servicios especiales encomendados por el Consejo Directivo Central, por los Consejos respectivos o requeridos por otros organismos estatales, en cumplimiento de disposiciones legales expresas”.
Según el oficialismo, “queda claro” que, a partir de este artículo, “no se puede otorgar licencia para actividades sindicales” y que “las autoridades de Secundaria se apartaron de lo que establecía la normativa para favorecer a los dirigentes de Fenapes”. El informe agrega que Fenapes presentaba “certificados” en los que “acreditaba que uno de sus dirigentes iba a participar de una actividad encomendada por el Comité Ejecutivo del sindicato determinado día, que le iba a impedir ir a trabajar al liceo, y que dicha solicitud se hacía al amparo de un convenio existente”.
Por su parte, los legisladores de la coalición de gobierno concluyen que la investigadora recibió “380 certificados presentados por 88 dirigentes de Fenapes en más de 70 liceos de todo el país”, por lo que “justifican 536 días de inasistencias”. Además, dejan constancia de que “se recibió información de otros 30 integrantes de Fenapes que solicitaron la justificación de la inasistencia” con base en el artículo, “pero no consta el certificado”. Según concluyen, con estos certificados, que fueron aportados por la actual Dirección General de Educación Secundaria, “se comprobó la sospecha del miembro denunciante”, el colorado Felipe Schipani, quien solicitó la conformación de la comisión investigadora.
En suma, el informe sostiene que, cuando la entonces directora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, planteó el caso ante Secundaria, no pudo comprobarse la existencia de un convenio aludido por los sindicalistas para justificar las inasistencias, al igual que en el resto de los casos. Al respecto, se citan informes de la División de Jurídica del organismo y supuestas actas del Consejo de Educación Secundaria (CES) de la época, en las que los consejeros hablan de tratar con cuidado el tema para evitar un enfrentamiento político con el sindicato. En suma, se cuestiona que se haya acordado con Slamovitz una forma para que repusiera las inasistencias, porque se la considera contraria a derecho.
El informe oficialista entiende que se realizó un “daño económico” al Estado uruguayo por haber cobrado horas “no trabajadas” y, además, un daño “mayor”: el “causado a los estudiantes que se quedaban sin clases”. En suma, se citan las conclusiones de la investigación administrativa que llevó adelante la DGES, que llegó a la conclusión de que existió “omisión” de los exconsejeros Celsa Puente y Javier Landoni y que “la conducta de Slamovitz podría configurar un delito penal de falsificación documentaria”.
Otra mirada
Por su parte, el informe que presentarán en minoría los diputados del Frente Amplio (FA) que integraron la comisión sostiene que el organismo “se excedió en las competencias legales que tiene asignadas”, ya que, según establece la ley que regula su funcionamiento, “no puede investigar a particulares”. En suma, señala que “las competencias y el rol que desempeña la ANEP” fueron “ignorados” y también que la comisión “se atribuyó poderes de otros órganos”. Respecto de este último punto, el informe aclara que en el último año “se vio cómo una y otra vez se pretendía efectuar interrogatorios a los testigos con métodos inquisitivos, que incluso hoy tampoco son admitidos en el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal”. En concreto, se denuncian “preguntas conducidas, sugestivas, valorativas, especulativas, repetitivas, improcedentes”, que “los manuales modernos de litigación prohíben”.
En ese sentido, se afirma que hubo testigos “acosados por preguntas mal formuladas y conducidas, con la finalidad que se respondiera lo que el interrogador pretendía”, lo que se define como “una inquisición de la vieja escuela”. Por su parte, el informe del FA sostiene que “se indujo en error a los testigos”, porque se habló de la existencia de “certificados” presentados por Fenapes, cuando “se trata de constancias emitidas por una organización gremial que no tiene ningún poder certificante”.
Los diputados de la oposición entienden que el “exceso en las potestades” de la comisión también se vio cuando la mayoría oficialista presentó sus conclusiones, ya que los legisladores “pretenden la imputación penal de personas y la atribución de la comisión de hechos con apariencia delictiva”. “En nuestro Estado de derecho esa potestad la tiene el titular de la pretensión punitiva, o sea, el ministerio público”, se afirma. Al respecto, el informe agrega que en el oficialismo actúan “como ‘juzgadores’ o ‘fiscales’”, lo que podría “embarcar a la Cámara en un proceso que afecta la separación de poderes y la institucionalidad democrática”.
Por su parte,el FA cuestiona que la resolución de la mayoría de los integrantes de la comisión “expuso a ocho ciudadanos de forma pública”, ya que fue leída en una conferencia transmitida en vivo por los informativos del mediodía, antes de ser aprobada por el presidente del organismo, el nacionalista Alfonso Lereté. Para la oposición, ello “deja en evidencia que la finalidad fue la persecución sindical y política, y que nunca se tuvo la intención del esclarecimiento de los hechos”. En ese sentido, se señala que se logró “la exposición y el escarnio de esos ciudadanos”, a quienes “nunca se les quiso otorgar verdaderas oportunidades de defensa”. Al respecto, cuestionan que la resolución de la mayoría oficialista da nombres y apellidos y establece una serie de presuntos delitos, pero no aclara quiénes los habrían cometido.
La oposición también denuncia que muchos elementos en los que se basó el trabajo de la comisión “poseen múltiples vicios de forma y de contenido”. Al respecto, se menciona que se trabajó con “elementos que no son actuaciones administrativas validadas y que no tienen valor probatorio”. Por ejemplo, se menciona el caso de las supuestas actas del CES de las que habla el oficialismo y señalan que en realidad se trata de “borradores” que no están validados por los participantes de las reuniones. En este sentido, se cuestiona que la titular de la DGES, Jenifer Cherro, haya puesto a estos documentos “en pie de igualdad” con expedientes administrativos.
En suma, la oposición denuncia la “violación de la reserva del contenido de las actas” del CES, que, según su reglamento de sesiones, “la parte deliberativa” es de carácter reservado y su custodia queda a cargo de la dirección general del organismo, que precisamente aportó el contenido de lo discutido al Parlamento.
Finalmente, el informe de la oposición señala que “se probó la existencia de un convenio o ‘marco de acuerdo’ dentro de la ANEP para que los funcionarios puedan acceder a las licencias sindicales” y que no fueran perjudicados a nivel de presentismo ni en el avance de su carrera. En ese sentido, se afirma que esta información fue aportada en la comparecencia de Fenapes ante la comisión y que, de hecho, actuales autoridades de ANEP en 2021 justificaron inasistencias a docentes para asistir a distintos congresos sindicales.
¿Es legal?
Uno de los puntos que aborda el informe de la oposición y que también había sido planteado por los escritos que semanas atrás presentaron Puente, Landoni y Fenapes es que la comisión no tiene marco legal para funcionar. Según se sostiene, su alcance no está incluido en las excepciones por las cuales el Parlamento puede indagar en hechos sucedidos en el marco del ente autónomo ANEP.
Al respecto, el informe oficialista argumenta que el tema de investigación entra en una de las causales, que sostiene que una comisión investigadora parlamentaria puede conformarse para “resolver las discrepancias surgidas en el trámite de los presupuestos y rendiciones de cuentas de los entes autónomos”. Según se argumenta, como la denuncia trata “sobre el manejo de dineros del ente, pagos indebidos” y “presuntos documentos inexistentes”, ello “tiene que ver directamente con el concepto de rendición de cuentas”, a la que se define como “la obligación que se tiene de presentar documentación o información financiera o económica, con el objetivo de detallar cómo se han utilizado ciertos recursos previamente asignados”.