Oficialismo plantea a Cámara de Diputados que eleve actuación de investigadora sobre Fenapes al Codicen, Jutep y Fiscalía

Este lunes terminó el trabajo de la “Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015-2019”. Semanas atrás, los representantes de la coalición de gobierno en dicho espacio habían concluido que seis sindicalistas y dos exconsejeros de Secundaria, Javier Landoni y Celsa Puente, cometieron “omisiones” y “conductas con apariencia delictiva”.

Ello generó que los exjerarcas y Fenapes presentaran distintas notas ante la comisión y coincidieron en que se trata de un ámbito “ilegal”. Según fundamentaron, no se cumple con la ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras parlamentarias, que impide indagar a organizaciones del ámbito privado como un sindicato y sólo permiten hacerlo con entes autónomos ante determinadas circunstancias que no aplican a este caso. Además, cuestionaron que los supuestos delitos se plantearon “al barrer” y, por lo tanto, es imposible establecer una defensa, además de que entendieron que los acusados fueron sometidos al escarnio público.

Este lunes, la mayoría oficialista de la comisión desestimó esos argumentos y resolvió presentar al plenario de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en el que se “reivindica” a la comisión investigadora “como mecanismo de control parlamentario”. Además, la redacción señala que de “la denuncia presentada, actuaciones realizadas, estudios de información y prueba documental y testimonial agregadas, puede determinarse la existencia de irregularidades, omisiones y presuntas ilicitudes por parte del Consejo de Educación Secundaria y de la cúpula de Fenapes”.

En ese sentido, la comisión investigadora propone al plenario que su actuación sea remitida al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), “ante las eventuales irregularidades administrativas que pueden corresponder”. En suma, se plantea remitir lo actuado a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y también a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, el 15 de junio -el mismo día en que los sindicatos de la educación convocan a un paro y una marcha- el plenario de la cámara baja deberá considerar la propuesta de la comisión, en función de las miles de hojas que integran el expediente, informó el diputado colorado y promotor de la investigación, Felipe Schipani.

Por su parte, el Frente Amplio presentará un informe en minoría, en el que señalará que no hay situaciones que acrediten la existencia de faltas injustificadas por parte de los sindicalistas que hayan sido acreditadas por exjerarcas. Según dijo a Canal 10 el diputado socialista Enzo Malán, a partir de lo que la oposición escuchó en la comisión, “no surgen elementos que digan que las inasistencias para participar en una actividad sindical no tienen respaldo jurídico”.

Al respecto, indicó que desde 2006 existe el Acta 90 en la ANEP, que específicamente dice que “para participar ocasionalmente de una actividad sindical puntual o de lo que sea”, Secundaria “no debe perjudicar en lo más mínimo al docente”. En ese sentido, dijo que no hay otra forma de liberar a los docentes para que participen en esas actividades que a través del artículo 70.10 del Estatuto del Personal Docente. El legislador señaló que si se apela a otro artículo, ello implicaría un perjuicio en el cobro del presentismo y también en la actividad computada, que rige cuando el docente se postula a otro cargo.