Después de que concluyó el trabajo de la comisión investigadora parlamentaria sobre la justificación de faltas de sindicalistas entre 2015 y 2019, la atención pasará a lo que pueda ocurrir en la Justicia y en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La semana pasada, después de más de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados definió pasar la actuación de la comisión a la Fiscalía, a la Junta de Transparencia y Ética Pública y al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.
Para Celsa Puente, directora general de Secundaria entre 2014 y 2018, la forma en que se trató el caso fue “espantosamente dolorosa” y, al mismo tiempo, el resultado de la investigación parlamentaria no arrojó ninguna sorpresa. Según planteó, desde el inicio del proceso tenía claro que la investigación llegaría a la conclusión de que se habían registrado ilícitos. “Había una planificación que no fue disimulada por nadie”, manifestó. Por su parte, cuestionó que el diputado denunciante, el colorado Felipe Schipani, “usó palabras gravísimas” y, por ejemplo, dijo que se habían realizado “maniobras”. Al respecto, la exjerarca consideró que al hacer ese tipo de valoraciones “prejuzgaron todo el tiempo” y sin que hubiera culminado el proceso de investigación.
“En este país todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pero en este caso nunca se respetó la reserva del caso, desde el inicio ya se condenaba de forma irremediable”, cuestionó Puente. Para la profesora, actualmente jubilada, si las autoridades entendían que había irregularidades debieron ser investigadas en un plano administrativo dentro de la ANEP y, si las autoridades tenían la sospecha de algún delito, se debería haber hecho la denuncia en la Justicia.
Precisamente, que el caso haya pasado a Fiscalía representa una especie de alivio para la exdirectora, que confía plenamente en la “objetividad” de la investigación que se realizará en ese ámbito, a diferencia de lo ocurrido en el Parlamento, donde prevaleció “lo político” y “el escarnio público”. Al respecto, Puente señaló que el contenido de la investigación parlamentaria se publicaba periódicamente en la prensa, con nombre y apellido de los implicados.
Respecto del tema de fondo, Puente ratificó que algunas actividades sindicales o de participación del CES se justificaban a partir del Acta 90 de la ANEP y que para ello se apelaba al artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente, más allá de que no había un convenio específico que hablara de dicho artículo. En ese sentido, la exdirectora señaló que antes de llegar al Acta 90, que regula el ejercicio de los derechos sindicales, existen “tres expedientes intermedios”. Por su parte, dijo que el artículo 70.10 es el que permite que la justificación de la inasistencia no afecte el presentismo y la actividad computada docente, que es clave para el ordenamiento en listas de elección de horas y cargos.
Derecho a la defensa
Por su parte, Daniel Ochs, abogado del exconsejero de Secundaria y actual inspector de UTU Javier Landoni, dijo a la diaria que uno de los principios generales de una investigación disciplinaria es la reserva y que también es necesaria la imparcialidad. En ese sentido, consideró que quienes llevaron adelante la investigación debieron limitarse al emitir juicios “de condena” contra los investigados. Al igual que Puente, consideró que los legisladores del oficialismo ya tenían claro el resultado de las actuaciones antes de comenzar y una muestra de ello es que desde el día que pidió la comisión investigadora, Schipani mencionó la comisión de delitos.
Al igual que lo había hecho en el escrito presentado por su defendido ante el Parlamento, Ochs cuestionó la legitimidad de esta comisión, que, según evaluó, careció de competencias para funcionar, porque no cumple con las condiciones para la investigación de hechos en un ente autónomo.
Por su parte, el abogado afirmó que se incumplió el artículo 66 de la Constitución de la República, que establece que ninguna investigación parlamentaria puede darse por concluida hasta que se le dé la posibilidad de hacer descargos a la parte investigada. Según Ochs, ello no ocurrió en este caso, ya que la comisión elaboró un listado de presuntos delitos e identificó supuestos responsables, pero no atribuyó relación de cargos. De esa forma, cuestionó que “no hay manera de defenderse”, porque “si hay descargos, primero tiene que haber cargos”, lo que implica una “violación del derecho a la defensa”. Ochs, quien también es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, reclamó que eso “no es una chicana”, como se sugirió desde el oficialismo, sino que se trata de “derechos que tienen siglos”.
Por su parte, en los próximos días la defensa de Landoni presentará una demanda al Estado uruguayo por el accionar del Parlamento, después de una fallida instancia de conciliación. Según informó El País semanas atrás, el exconsejero reclama ocho millones de pesos por daños y perjuicios. Con respecto a la demanda, Ochs explicó que “se funda en el terrible daño moral” que se generó “a sabiendas”, cuando se montó “un juicio público” sin reserva de información sensible para los implicados.