En las últimas semanas, varios liceos fueron ocupados y desalojados a pedido de las autoridades de la educación, con la presencia de importantes operativos policiales, más allá de que todas las desocupaciones se realizaron en forma pacífica. Ante la persistencia de estas medidas de lucha, ayer la Dirección General de Educación Secundaria parece haber cambiado su estrategia para evitarlas y pasó a prohibirlas antes de que ocurran.
Este lunes, las respectivas inspecciones liceales de tres centros que se intentó ocupar invocaron a las inspecciones de Secundaria para comunicar a los estudiantes que no podían llevar adelante la medida y se negaron a firmar el acta de ocupación. Así lo denunció la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) en tres comunicados sobre situaciones que se presentaron en los liceos Zorrilla, Miranda y Dámaso. En este último caso, el planteo fue realizado también por el núcleo de base de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES).
En el caso del Dámaso y el Miranda, los núcleos sindicales denunciaron que un mensaje para justificar la prohibición enviado a los trabajadores cita, entre otras normas, un “decreto de 2014 de Tabaré Vázquez”, cuando ese año no se aprobó ninguna norma que regulara las ocupaciones y, además, el presidente de la República era José Mujica. En particular, los docentes sindicalizados del liceo Miranda cuestionaron que la referencia no incluya el número de decreto.
En los tres casos, los trabajadores consideraron que lo ocurrido es una vulneración del derecho de los estudiantes a manifestarse y a expresarse, y se solidarizaron con sus reclamos, por los que piden arreglos edilicios y equipos multidisciplinarios, entre otros aspectos. Además, los sindicatos están discutiendo qué medidas tomar para apoyar a los gremios estudiantiles y, por ejemplo, ayer en el liceo Dámaso los núcleos de ADES Montevideo y ATES hicieron un paro durante todo el día, marco en el que finalmente se concretó la ocupación.
Consultado por la diaria, el profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, Hugo Barretto, planteó que decir que las ocupaciones son ilícitas “no tiene asidero”. En suma, mencionó que si la comunicación que habla de un decreto “de 2014” refiere al 354/2010, se debe aclarar que esa norma está derogada, por lo que se trataría de “un error grueso”.
En ese sentido, dijo que la norma sobre ocupaciones que está vigente es el Decreto 281/20, que reglamenta el artículo 392 de la ley de urgente consideración (LUC). Al respecto, aclaró que el decreto regula las ocupaciones en el ámbito laboral, pero el artículo 3 amplía su aplicación por fuera de ese campo, en el que entran las ocupaciones estudiantiles. Por su parte, Barretto explicó que la norma establece un procedimiento de desocupación, para el que da competencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero, al mismo tiempo, dicha cartera sólo tiene competencia para intervenir en asuntos laborales, y “está claro que los reclamos estudiantiles no son laborales”. Para el especialista, esta situación “hace pensar que no hay una norma precisa que prevea una solución al caso” de cómo proceder ante ocupaciones de alumnos.
En suma, Barretto aseguró que el artículo 392 de la LUC no prohíbe las ocupaciones, sino que plantea que estas no pueden afectar la libertad de trabajo ni el acceso del titular del establecimiento al lugar. Por lo tanto, si una ocupación no impide el acceso de los no huelguistas, no podría ser desalojada, según interpretó. No obstante, dijo que su decreto reglamentario “permite la desocupación en cualquier caso” y, por lo tanto, lo consideró ilegal.