El año 2022 estuvo marcado por el aumento de situaciones de violencia en los centros educativos. Ante ello, tanto autoridades como sindicatos enfatizaron en la necesidad de elaborar estrategias que controlen este tipo de situaciones.
Aunque hubo algunas respuestas, como para parte de los reclamos del liceo de Delta del Tigre, la inseguridad en los centros educativos continúa integrando la agenda de demandas a las autoridades. Al respecto, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, anunció a la diaria los planes para este año y remarcó que ya se aprobó un protocolo de violencia en los centros educativos, que “fue bien importante junto a otras líneas de trabajo de derechos humanos que se llevan adelante, como la mediación y el conflicto escolar”.
Para explicar de qué trata el protocolo, señaló que existen dos dimensiones que enmarcan estas situaciones: por un lado, “la dimensión interna del centro educativo, que no está aislado de la sociedad que integra”, de la que, justamente, se derivan problemas hacia las instituciones educativas, según explicó el jerarca. Por otro lado, “dentro del centro educativo se dan problemas entre los propios integrantes, en particular los estudiantes, y después con las familias de los estudiantes”.
Así es que, según Silva, el protocolo elaborado implica formar a los docentes y realizar talleres, y, en lo que respecta a los hechos violentos en los alrededores de los centros, dijo que se trabaja en diálogo con el Ministerio del Interior (MI). Sobre este último punto, afirmó que se llegó a un acuerdo para que el MI amplíe la cantidad de cámaras de vigilancia en los centros educativos “más grandes” y en los que se “identifica que tienen mayores problemas”. Además, contó que se conformó una comisión para, entre otras cosas, elaborar un “dispositivo de intervención” en esos casos.
En otro orden de puntos, Silva señaló que firmó una resolución para que 67 millones de pesos sean destinados al servicio de patrullaje 222, y que la seguridad privada y videovigilancia contratadas serán abordadas con casi 200 millones de pesos, junto a otros aspectos. Asimismo, explicó que la ANEP contrató a un asesor en seguridad que se encarga de “profesionalizar” los recursos destinados a “seguridad interna y prevención”.
Equipos multidisciplinarios
Sobre este tema, Silva señaló que en Secundaria efectuaron un llamado para 50 psicólogos y que además tienen “cargos vacantes sin proveer”, con las listas agotadas. Paralelamente, recordó que hicieron un llamado para que ingresen alrededor de 15 psicólogos nuevos en UTU.
Centros de Primaria, Secundaria y UTU de todo el país cuentan con más de 500 profesionales vinculados a estas áreas de la educación, según dijo Silva. A propósito, admitió que la cantidad no es suficiente, pero que es “absolutamente imposible” que cada centro educativo tenga un equipo multidisciplinario. “Hay que trabajar en una lógica regional y atender a aquellos centros que tienen mayor cantidad de estudiantes y un contexto de vulnerabilidad”, resumió.