El Gremio Estudiantil del Zorrilla para este viernes “contra la represión y la violencia policial sufrida” en la ocupación del liceo

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Una cadena humana se formó instantáneamente en la puerta del liceo Zorrilla cuando la Guardia Republicana subió las escaleras y estuvo a punto de ingresar al centro para desalojar al estudiantado. Entre el casi y la concreción, uno de los agentes intentó desmembrar la cadena y forcejeó con una de las estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que fueron quienes resguardaron la puerta. El intento culminó al acercarse el policía a cargo del operativo y llamar a la calma.

Siete autos y un ómnibus de Policía, dos camiones de la Guardia Republicana, escudos, escopetas, cascos. Este jueves el Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ) ocupó el centro educativo desde las 7.30 y fue desocupado sobre las 15.00, mediante negociaciones con las fuerzas policiales, Julián Mazzoni, uno de los consejeros docentes del Consejo Directivo Central (Codicen), y las diputadas por el Frente Amplio Micaela Melgar y Lucía Etcheverry.

Detrás de la puerta vallada por los estudiantes de la FEUU aguardaban, sentados y entonando cánticos, los estudiantes del GEZ, que decidieron permanecer dentro de la institución hasta tener respuesta de su principal reclamo: dialogar y negociar con las autoridades del Codicen.

“Mantenemos las históricas reivindicaciones vinculadas a nuestra plataforma reivindicativa”, narró a la diaria Camilo Pons, vocero del gremio. Además de los “problemas edilicios”, entre otros puntos, reclaman por el “histórico 6+1% para educación e investigación” en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas en el pleno del Senado, y en apoyo a los estudiantes de educación terciaria que están ocupando las instituciones.

“Tanto los educandos como los educadores tendríamos que ser los principales artífices de las políticas para la educación, porque somos quienes vivimos la realidad de la educación pública todos los días en nuestras respectivas instituciones”, planteó el estudiante. Sin embargo, aseguró que “las instancias de diálogo con las autoridades han sido escasas y sin acta de por medio, no han sido homologadas; sentimos que se nos está ninguneando”.

Así como aguardaban por la confirmación de la reunión, también decidieron permanecer a pesar de la presencia policial porque, según dijo Pons, la intimación para desalojar por parte del Ministerio del Interior (MI) no llegó “en formato papel”, sino que les fue comunicada por uno de los policías. Lucía Saa, otra de las voceras del gremio, planteó a la diaria que la condición para desalojar el espacio, por lo tanto, era que se labrara un acta de la ocupación para que se “garantice” que en esta y las próximas ocupaciones en los distintos centros educativos se haga de la misma forma.

El acuerdo

“Acompañamos la lucha del movimiento estudiantil, tal como ellos siempre nos acompañan a nosotros en diferentes oportunidades”, dijo a la diaria Enzo de Giobbi, secretario de organización de la FEUU. Asimismo, señaló que las reivindicaciones del estudiantado de la Universidad de la República (Udelar) y de la educación media son similares: “Hay una falta de presupuesto tremenda, una falta de becas, una falta de condiciones edilicias que se ve mucho más en la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], porque en los liceos son bastante nefastas las condiciones”.

El aviso de la ocupación y la intimación para desalojar con una fuerte presencia policial no sólo llegó a la FEUU, sino también a distintos gremios estudiantiles de secundaria que formaron en la vereda otra cadena humana y acompañaron la ocupación con los cánticos al unísono: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.

La negociación, y finalmente el desalojo, se logró concretar luego de la llegada de Mazzoni. “Se redactó un acta que se firmó sobre la ocupación y el desalojo y, además, en el acta figura el compromiso de recibir a los estudiantes en el ámbito del Codicen”, contó a la diaria. “Había que hacer un esfuerzo por evitar un enfrentamiento que por suerte no se produjo. Muy aplomada la decisión de los estudiantes”, esgrimió.

Este lunes, por lo tanto, el GEZ tendrá una reunión con autoridades del Codicen. Sin embargo, aún no está claro si el presidente del Codicen, Robert Silva, o la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, estarán presentes. “Silva no está en el país y con Cherro no pude hablar, pero con otros consejeros sí”, dijo Mazzoni.

Una vez concretado el acuerdo, las cadenas humanas acompasaron y resguardaron la salida de los estudiantes del gremio que permanecían en la institución. De ahí, siguieron para la sede de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar y tuvieron una asamblea en la que resolvieron cómo seguir: si bien en un principio estaba definida la ocupación para jueves y viernes, decidieron no volver a ocupar el centro pero sí parar, “contra la represión y la violencia policial sufrida” durante la jornada, según transmitió Pons.

Lo institucional

Luego de que los sucesos finalizaron, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) emitió un comunicado en el que afirmó que “las ocupaciones estudiantiles no están reguladas. La normativa existente ampara el derecho de huelga y la ocupación como una extensión de ese derecho siendo requisito ineludible para ejercerlo ser un trabajador”. El año pasado, la Asociación Uruguaya de Laboralistas manifestó su “preocupación y firme rechazo ante la declaración de ilegitimidad de las ocupaciones estudiantiles”.

Con base en el Estatuto del Estudiante, la DGES esgrimió que “los responsables de los centros educativos, docentes y no docentes, deben asegurar el ‘respeto del derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos’ y también deben ‘velar por el adecuado funcionamiento del servicio y el cumplimiento de la normativa vigente’”. En ese sentido, afianzó que “la omisión frente a los hechos o actos que afecten la regularidad de servicio a su cargo, constituye falta grave”.

Por otro lado, el organismo manifestó que “se actuó según la normativa vigente y se procedió a desalojar la ocupación que finalizó de forma tardía por la actitud desafiante de quienes ocupaban”. Asimismo, respaldó “el accionar” de la inspectora que arribó al centro educativo, y consideraron que “se le faltó el respeto y fue agredida con cánticos ofensivos mientras ejercía su función”. “Secundaria defiende el derecho a la educación y al trabajo de quienes forman parte de las comunidades educativas. En esa línea continuará trabajando para proteger las trayectorias educativas y lograr una educación de calidad para todos”, finaliza el comunicado.

Luis Pedernera, uruguayo integrante en el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se pronunció en X sobre el proceso de ocupación y desocupación en el Zorrilla: “En Uruguay nuevamente los estudiantes secundarios protestan pacíficamente y las autoridades en lugar de dialogar y acercarse a los adolescentes realizan un despliegue policial desproporcionado, un exceso!”, aseguró. Anteriormente, Pedernera también se había pronunciado sobre la negación de ocupaciones en secundaria: “No es indisciplina”, sino el ejercicio de un derecho, dijo.

En suma, consideró que el comunicado de la DGES “hace gala de un profundo desconocimiento de la normativa que protege a los adolescentes y sus derechos” y recomendó a las autoridades que lean una guía, que hace pocos días publicó Unicef, sobre el derecho a la protesta de los niños, niñas y adolescentes.