Se acerca el final del año y los balances y rendiciones de cuentas se hacen cotidianos. En ese contexto es que este martes uno de los consejeros electos por los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Julián Mazzoni, convocó a una conferencia de prensa para presentar un análisis “del panorama educativo, balance y perspectivas”.
Así es que a las 10.30 Mazzoni se presentó junto a su equipo, integrado por Walter Fernández Val, Daniel Devitta, Fernanda Alanís y Gonzalo Irigoyen, pero minutos antes, sobre las 9.30, el consejero se dirigió ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para presentar un recurso de inconstitucionalidad “en defensa de la Constitución [de la República] y la autonomía prevista en los artículos 202, 203 y 205” de la carta magna y, por tanto, en contra de la “posibilidad de que la Ley de Urgente Consideración, en el artículo 198, le da al MEC [Ministerio de Educación y Cultura] para el reconocimiento del carácter universitario de los títulos”, anunció en rueda de prensa. En la misma línea de lo que expuso un informe jurídico encargado por profesores del Consejo de Formación en Educación, explicó que el otorgamiento de los títulos “corresponde a los entes autónomos de la educación”, y que, “más allá de los distintos puntos de vista de los partidos políticos”, la SCJ “es un ámbito en el que eso se puede dirimir”.
Aunque señaló que prefiere no “adelantar mucho, porque los primeros que tienen que tener contacto con esto son los que van a decidir” y son los ministros de la SCJ, el recurso corresponde, “más que a un problema técnico, a un problema de carácter político, que es una peculiaridad uruguaya, que en ese proceso de construcción democrática y defensa de la laicidad hay que preservar a la educación pública de la tentación del Poder Ejecutivo y de otros poderes de incidir sobre la formación de los futuros ciudadanos”.
Consultado sobre la ausencia de Daysi Iglesias, la otra consejera docente, en la presentación del recurso, Mazzoni respondió que “ella piensa que no es ese el camino”, pero que no le corresponde declarar por Iglesias.
Implicancias
Alanís aseguró que el reconocimiento del título por parte del MEC “implica una severa afectación a la autonomía de la ANEP, ya que, asimismo, “se sustituye la formación universitaria por una prueba de múltiple opción (y una brevísima producción de texto) que permitiría a docentes con título de grado acceder a ser ‘licenciados en Pedagogía’, en una certificación vaciada de todo respaldo formativo”.
En ese sentido, reafirmó que el equipo considera que “un verdadero camino formativo sólo es posible con una Universidad de la Educación pública, autónoma y cogobernada”. En este marco, Mazzoni asumió “la responsabilidad de llevar adelante” el recurso de inconstitucionalidad, por contar “con la legitimación activa” necesaria. El consejero contó con el apoyo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y su abogado constitucionalista, José Gómez Leiza.
Consultado por la prensa este martes, el presidente de Fenapes, José Olivera, cuestionó la legalidad del procedimiento y también su alcance, ya que este viernes se aplicó la prueba a 6.000 docentes en ejercicio que se postularon para el reconocimiento de su título. Si bien el MEC valoró positivamente la convocatoria, dado que muchos profesionales de la educación ya cuentan con posgrados, Olivera la consideró baja, en un universo total de unos 40.000 docentes. Según valoró, se trató de “un rotundo fracaso”, especialmente por todo el “marketing político que se ha montado” para esta iniciativa, enmarcada en la Transformación Educativa que promueve el gobierno.
En el balance del equipo de Mazzoni, Alanís se refirió a la reforma educativa y esbozó: “Hoy lamentamos tener que indicar que nuestra alerta no era en vano. Los problemas no resueltos se agudizaron y nuevos problemas crecieron rápidamente. Estos desalineados intentos reformistas no han hecho más que poner pueriles curitas muy lejos de donde realmente lastima la realidad de nuestra sociedad”.
Las implicancias negativas de la Transformación Educativa no sólo fueron destacadas por Alanís, sino también por los demás integrantes de la mesa y el propio Mazzoni. “En educación media básica y superior implica una pérdida de identidad en la oferta educativa técnica, tecnológica, agraria y artística que imparte UTU”, afirmó Devitta. El consejero docente, por su parte, al igual que Alanís, afianzó que “los reparos eran correctos”. En relación, manifestó que “lamentablemente no fueron atendidos, y, en ese sentido, hay una pérdida de tiempo, porque es muy difícil desarrollar una transformación sin la participación directa de los involucrados”.
Recorridas
Irigoyen se detuvo en que el “trabajo comunicacional” que ha tenido el proceso de Mazzoni y su equipo durante los últimos cuatro años “se ha enfocado desde la perspectiva de representación docente”, que incluye al “profesorado, el magisterio, los sindicatos de la educación, las Asambleas Técnico Docentes y el funcionariado”.
Asimismo, afirmó que también han “prestado oídos” a “estudiantes, al movimiento estudiantil y a las familias”, así como han estudiado “los aportes de la Universidad de la República” y “los informes realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el estado actual del sistema educativo, además de los informes producidos por la propia ANEP”.
Por otro lado, evidenció que durante 2022 recorrieron todo el país y alcanzaron a visitar 290 centros educativos, ya que han puesto el foco “en el abordaje de Secundaria, UTU y Formación en Educación, donde la transformación ha tenido mayores impactos”.
Devitta, por su parte, recordó que una de las observaciones de las recorridas es que “en muchos de los centros educativos” de UTU constataron “serios problemas edilicios, la mayoría derivados de la falta de mantenimiento preventivo e inversiones oportunas para mejoras de infraestructura”.
Al respecto del estudiantado, señaló que “la mayoría de los equipos docentes de los centros educativos de UTU visitados están brindando desayunos o meriendas a sus estudiantes de contexto más vulnerable”. Vinculado a esto, aseguró que muchos de los centros María Espínola de UTU “no cuentan con infraestructura destinada a comedor escolar, por lo que los estudiantes se alimentan en espacios que no cuentan con las condiciones mínimas para ello”.
Sobre la alimentación, Fernández Val se refirió al Programa de Alimentación Escolar de Primaria y apuntó a que en la educación media “sólo reciben alguna forma de alimentación alrededor de 12.000 estudiantes”, lo que significa “6% comparando con los niños de Primaria”.
En ese sentido, manifestó que “atendiendo a los índices de pobreza que se mantienen en los dos niveles educativos, y que la matrícula de educación inicial y primaria es similar a la matrícula en educación media, se concluye que es absolutamente necesario implementar en el próximo período de gobierno un Programa de Alimentación que abarque a los estudiantes de secundaria y UTU para atenuar las consecuencias más duras de un sistema social que excluye a los más jóvenes de sus derechos básicos”.
Con proyecciones al último año de este período, Mazzoni afirmó que están trabajando en la elaboración de un “futuro presupuesto”, que será consensuado con estudiantes y docentes, y que, según opinó, podrá llegar a corregir las faltas del presupuesto actual.