A principios de esta semana y tal como había sido anunciado, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó remitir al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) cinco carreras docentes para el reconocimiento universitario. El paso final fue dado sin los votos afirmativos de los consejeros docentes Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, quien especificó que las carreras aprobadas son las de maestro de primera infancia y de educación común, las de profesorado y maestro técnico en sus distintas opciones, y la de educador social.
En la sesión, que tuvo lugar el lunes, Mazzoni planteó que los insumos a considerar para la discusión fueron dados a los representantes docentes el viernes anterior, tres días antes de que se efectuara la sesión. Según aseguró, son aproximadamente 2.000 hojas de documentos sobre formación en educación que, en tanto, tuvieron que estudiar “rápidamente y a riesgo de que se nos pasen errores”.
A pesar del poco tiempo para su lectura, Mazzoni advirtió ciertas “incongruencias” en los documentos y planteó una serie de fundamentos por los que votó en contra de presentar las carreras del Consejo de Formación en Educación (CFE) al MEC. En primer lugar, señaló que “las reglamentaciones presentadas por el MEC a los efectos de certificar el grado universitario en las carreras que imparte el CFE exceden lo establecido en la ley”, y que ello vulnera “la autonomía” de la ANEP.
En segundo lugar, el consejero dijo que, aunque lo esgrimido anteriormente “fuera aceptado por la mayoría”, la prueba que se exigirá a los egresados del CFE en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) “resulta un contrasentido”.
El principal argumento de Iglesias para votar negativamente es que los diseños curriculares son por competencias, forma de enseñanza con la que no está de acuerdo. Luego de la sesión, los consejeros tuvieron una entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que tenían pendiente desde julio del año pasado y remitía, principalmente, al reconocimiento universitario de los títulos.
Uno de los aspectos tratados se relaciona con la prueba del Ineed, a la que también hizo referencia Mazzoni. Según Iglesias, la prueba es “muy objetada” porque “incorpora cosas como saber si el egresado maneja las cuatro operaciones básicas”. Para la representante docente se trata de “un desconocimiento absoluto y total de la posibilidad de la ANEP de brindar titulaciones docentes”. Además, rechaza que sea exigida a “aquellos que ya egresaron de una carrera, cumpliendo los requisitos que ellos mismos pusieron”.
Mazzoni planteó que las reglamentaciones del MEC para certificar el grado universitario en las carreras del CFE “exceden lo establecido en la ley” y vulneran “la autonomía” de la ANEP, algo con lo que estuvo de acuerdo Iglesias. Según la consejera, por un lado, la prueba planteada no está establecida en ningún decreto ni ley y, por otro lado, según explicó, si bien la ley de urgente consideración “convalidó un conjunto de artículos”, “la ciudadanía no tiene la menor idea de cómo se está implementando” el artículo que refiere al reconocimiento del título universitario. Iglesias planteó que “no existe mandato de la ciudadanía en el contenido, sino en la forma”, por ende, el ministro “no está avalado por la ciudadanía”, sino que tiene “la legitimidad” del Poder Ejecutivo.
Lo que la transformación dejó
Otro de los puntos presentados por Mazzoni es uno de los reiterados por el colectivo docente desde que la reforma educativa se colocó sobre la mesa: que la transformación “no ha respetado los tiempos necesarios para evitar errores y apresuramientos perjudiciales”. Por esa razón, el consejero recordó que en 2022 propuso que los cambios se posterguen por un año y así “permitir mejorar el trabajo realizado”, pero “la mayoría del Codicen dispuso lo contrario”.
En sintonía, expuso algunos fragmentos de un informe de marzo de 2023 de la Comisión de Coyuntura de la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Formación en Educación, que afirmó que “el proceso de reforma a nivel de Formación en Educación ha sido cuestionado en forma y contenido por las ATD locales y nacionales”.
Uno de los grandes puntos indicados por Mazzoni es que “el propio Codicen vio demorada su aprobación por la desprolijidad del documento en general, se incluían grillas que no coincidían con las unidades curriculares y sus descripciones posteriores, títulos de profesorados con el desarrollo curricular de otro profesorado, faltas ortográficas, entre otros”. Para la ATD, “todo ese proceso ha conspirado contra la idoneidad y cometidos académicos de las Salas [docentes], contra la estabilidad laboral, contra imperativos legales que obligan a la consulta a la ATD, contra la transparencia y prolijidad del proceso”, además de “contra la calidad educativa”.
Por último, el consejero docente considera que el mecanismo para lograr una formación docente universitaria es a través de “una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada”, concluyó.
la diaria intentó comunicarse con el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, pero no obtuvo respuesta.