Desde que asumió el actual gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) asumió un rol importante para coordinar las políticas dirigidas a la educación en cárceles. Según explicó el director nacional de Educación de la cartera, Gonzalo Baroni, ello se refleja en que, con la aprobación de la ley de urgente consideración, por primera vez se introdujo el término en la Ley General de Educación, que había sido sancionada en 2008.
El jueves, Baroni encabezó una conferencia en la que se presentaron los resultados del modelo de diagnóstico del analfabetismo en la población adulta privada de libertad en Uruguay. Se trata de un estudio efectuado por el Programa Nacional de Educación en Cárceles y el departamento de Investigación y Estadísticas de la Dirección Nacional de Educación del MEC, con apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y financiamiento de una convocatoria de la Comisión Nacional Coreana para la Unesco.
El proyecto fue denominado “Tomar la palabra” y, en una primera instancia, durante 2022 se trabajó en la elaboración de un modelo para determinar la situación educativa de los privados de libertad en Uruguay. En 2022 se trabajó con la población que ingresó a la unidades penitenciarias 4 de Santiago Vázquez -ex Comcar- y 20 de Salto.
Los resultados de una prueba aplicada en esa población mostraron que 53,5% de los privados de libertad relevados son analfabetos, según distintas consignas en distintas áreas como geometría, cálculo y resolución de situaciones, escritura, producción de textos escritos y comprensión lectora. Si se analizan los resultados por área, producción de textos escritos y geometría fueron los que presentaron los porcentajes más bajos de analfabetismo, con 44,8% y 47,7%, respectivamente. Por su parte, 61,7% entraron en la categoría de analfabetos en cálculo y resolución de situaciones, 59,8% en la de comprensión lectora crítico-intertextual y 67,8% en la comprensión literal, implícita, global y local de textos.
Al mismo tiempo, el relevamiento incluyó otros aspectos, como la voluntad por continuar estudiando, a la que 94,4% de los privados de libertad respondió afirmativamente. También se indagó en las motivaciones que tenían para ello: 28,2% dijo que lo quería hacer por el aprendizaje, 22,6% por superación personal, 22,1% porque considera que le podría dar oportunidades de reinserción laboral, 7,7% por gusto e interés, y solamente 4,4% lo haría por la posibilidad de descontar tiempo de su pena. En la presentación del informe, Lourdes Salinas, subdirectora técnica del INR, manifestó que los resultados de esta pregunta fueron recibidos con especial sorpresa por parte de las autoridades del organismo.
Por su parte, los datos sociodemográficos recabados muestran que quienes ingresaron a los dos centros penitenciarios el año pasado fueron mayormente jóvenes -con una mediana de 29 años- y que en su mayoría alcanzaron únicamente primaria como máximo nivel educativo (56,9%). Además, el informe concluye que mayormente se trata de una población vulnerable, ya que 81,3% de los privados de libertad relevados dijo haber participado de algún programa o recibido alguna prestación social en los últimos diez años y durante un lapso prolongado.
Mejorar la atención
Según datos relevados por el MEC en 2021, al finalizar ese año solamente 21,9% de la población carcelaria uruguaya accedía a alguna propuesta de educación, ya sea en el ámbito formal (15,6%) o en el no formal (6,3%). Esta situación preocupa al MEC, ya que no parece un escenario muy propicio para revertir los datos arrojados por el estudio, que este año se pretende extender a otros centros penitenciarios.
Según explicó Baroni, a partir de ese escenario el ministerio plantea algunas propuestas, como la necesidad de “mejorar los sistemas de información para proteger las trayectorias educativas” de los privados de libertad. En suma, el jerarca habló de “contextualizar los programas educativos” que se aplican para esa población, que requiere de adaptaciones, ya que no se pueden implementar con los mismos criterios que en escuelas y liceos. “Estamos hablando de personas que muchas veces rotan, que culminan antes sus penas, que por determinadas situaciones, a veces de violencia, otras veces de cupos, no pueden continuar con los procesos educativos. Estamos hablando de condiciones atípicas, así que los programas también deberían pensarse de esa forma”, resumió Baroni.
En suma, el director de Educación planteó que los organismos públicos que trabajan en cárceles deberían “reflexionar” sobre la necesidad de “una asignación presupuestal mayor” para las propuestas formativas en cárceles, más allá de que en el último tiempo los recursos y los cupos “se han ido incrementando”. En ese sentido, habló de que debería convertirse en una política de Estado, ya que es una realidad que no puede cambiar drásticamente en un mismo período de gobierno y, por lo tanto, es una situación a atender “en las próximas rendiciones de cuenta y próximos presupuestos”. “Tenemos que cada vez tratarlo más y mejorar, porque es la punta de la madeja de un problema social que estamos teniendo”, planteó.
Un “hito importante”
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, planteó en la presentación que el relevamiento en el que se ha embarcado el MEC representa “un hito histórico” y que los resultados son “impactantes”. Al respecto, Petit habló de la necesidad de contar con indicadores y datos sobre la situación de los privados de libertad y, en ese sentido, de la pertinencia de un diagnóstico de ese tipo. El comisionado valoró especialmente que el gobierno haya incursionado en esta tarea, ya que entiende que implica “comprarse un problema”, porque, como era de esperar, los resultados “no son para congratularse” y “marcan un enorme desafío”.
En ese sentido, indicó que la privación de libertad es uno de los principales problemas que tiene el país para cuidar su calidad democrática. Además de mostrarse preocupado por las condiciones de recursos e infraestructura para que las personas privadas de libertad accedan a educación, sostuvo que también es preocupante la elevada tasa de presos que tiene Uruguay, ya que no tiene tasas de criminalidad tan elevadas. Al respecto, consideró que resulta clave pensar en alternativas a la privación de libertad, porque, de lo contrario, las cárceles se vuelven “una manera de contener los problemas sociales no resueltos”, algo que ha ocurrido en los últimos 20 años, según consideró.
Petit analizó que los grandes problemas del país “no tienen solución sin grandes acuerdos” y agregó que, mientras ello no ocurra, se seguirán implementando “parches” y “maquillajes más o menos emotivos”, pero no se logrará un cambio estructural y seguirán los “agujeros negros que nos dañan la imagen como país”. Por su parte, se mostró esperanzado en que se puedan generar acuerdos de ese tipo a partir de las 15 propuestas que el Ministerio del Interior realizó a los partidos políticos días atrás.