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Alumnos de la escuela N° 219, en Malvín (archivo, junio de 2020).

Foto: Mariana Greif

Niños con menos concurrencia a la escuela en 2020 presentaron mayores dificultades de asistencia al año siguiente

9 minutos de lectura
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Si bien las autoridades de la educación buscan revertir el problema, que continuó en 2022, distintos actores reclaman medidas más claras y advierten que “no hemos aprendido nada” de lo ocurrido en la pandemia de covid-19.

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Esta semana, antes de adelantar y ampliar a dos semanas las vacaciones de julio, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) estuvo cerca de volver a definir la suspensión de clases presenciales para pasar al trabajo virtual, algo que, de hecho, no se descarta a futuro. Este escenario, motivado por la alta circulación de virus respiratorios entre niños, reavivó discusiones y debates que no ocurrían desde que la covid-19 marcaba la agenda del país.

Las propias autoridades de la educación son conscientes de que la pandemia agravó de forma importante un problema que Uruguay ya tenía: la asistencia de los niños a la escuela primaria. Si bien ese nivel alcanza marcas muy cercanas a la universalización, tanto por la cantidad de días de clase en el año como por la adhesión de las familias a enviar a los niños a los centros educativos, los escolares están lejos de llegar a las mediciones de asistencia óptima que se acompase con los países con mejores promedios a nivel internacional. 

La presentación del último Monitor Educativo de Primaria dejó en claro que en 2022 el promedio de asistencia en primaria pública se ubicó en 152 días, todavía por debajo de los 160 días de asistencia que se promediaban antes de la pandemia de covid-19. En la presentación, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, dejó en claro que es un problema que ocupa y preocupa a las autoridades. El año pasado, un cuarto de los niños asistió menos de 144 días en el año, lo que equivale a decir que faltó más de 35 días, mientras que otro cuarto asistió más de 167 días en el año y la mitad lo hizo en 157 días o menos.

Más allá de promedios, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) mide el porcentaje de niños que tienen mayores problemas de asistencia, para lo que desarrolló dos categorías: el abandono intermitente, en la que entran quienes tienen 70 asistencias o menos, y la asistencia insuficiente, para quienes concurrieron a clases entre 71 y 140 días en el año. En 2022, ambos porcentajes también empeoraron en relación con lo que ocurría antes de la pandemia: la asistencia insuficiente en 2019 era de 10,7% de la matrícula de la DGEIP, mientras que el año pasado fue de 19,7%; por su parte, el abandono intermitente había sido de 0,6% en 2019 y subió a 0,8% en 2022.

¿Qué pasó en la pandemia?

A raíz de un pedido de acceso a la información pública realizado a la DGEIP por el colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP) al que accedió la diaria, se puede concluir que la baja asistencia registrada en 2020 –principalmente por el cierre de las escuelas durante buena parte del año– generó problemas al año siguiente.

Según difundió la propia DGEIP, el promedio de días asistidos en 2020 fue de 63 y el promedio de clases dictadas en las escuelas públicas fue de 80,8 en todo el año. Por su parte, en 2021 el promedio de asistencias por niño al año subió a 114 –y el de clases dictadas a 143–, por lo que se ubicó muy lejos del promedio de 160 días de asistencia previo a la pandemia de covid-19.

la diaria analizó los datos de asistencia a la escuela primaria pública en 2020 y 2021, que impactaron de forma similar a toda la matrícula de la DGEIP, más allá de que se pueden establecer algunas diferencias según el quintil de ingresos de la escuela (ver tabla 1). El primer año de pandemia, casi la totalidad de los escolares asistió menos de 140 días, indicador que se mantuvo muy alto al año siguiente.

En el caso de los 299.891 niños que concurrieron a la escuela primaria pública en 2020 y también en 2021 –por ejemplo, no están incluidos quienes en 2020 cursaron sexto año y promovieron; tampoco quienes cursaron primer año en 2021–, sólo 466 estudiantes asistieron más de 140 días en el primer año pandémico. Estos presentaron sensiblemente menos problemas de asistencia en 2021, en relación a quienes el año anterior concurrieron en menor medida (ver tabla 2). Esa situación se acentúa aún más en el grupo de quienes en 2020 asistieron 70 o menos días: mientras que 76% de quienes en 2020 registraron asistencia insuficiente se volvieron a ubicar en esa categoría al año siguiente, 85% de quienes el primer año de pandemia tuvieron abandono intermitente en 2021 registraron asistencia insuficiente.

Por su parte, 6% de los 299.427 niños con 140 o menos días de asistencia en 2020 sufrió abandono intermitente al año siguiente: 167 no registraron ni una asistencia en 2021, 991 registran entre 0 y 10 asistencias, 1.903 niños registran entre 0 y 20 asistencias, 3.072 registran entre 0 y 30 asistencias, y 4.779 registran entre 0 y 40 asistencias. Si se desglosa ese grupo, 8,3% de los 213.570 niños que en 2020 registraron menos de 70 asistencias volvieron a estar en esa categoría al año siguiente, porcentaje que baja a 0,9% si se analizan a los 85.857 niños que en 2020 tuvieron entre 71 y 140 asistencias.

Ponerse a pensar

Desde FOEP entienden que la pandemia representó “un hito” negativo para el sistema educativo y que, pese a ello, no ha existido una reflexión sobre sus impactos e implicancias en las comunidades educativas. Desde la comisión de Estadística del colectivo –una de sus comisiones temáticas– están preocupados por dimensionar lo ocurrido, y por ello están a la espera de que se publiquen más estudios que den cuenta de la incidencia de la baja asistencia en los aprendizajes de los niños. Para eso trabajan en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Educación de la Universidad de la República.

Mariana Romanelli, vocera del colectivo de familias, dijo a la diaria que lo ocurrido en pandemia “no se procesó”, ya que no se generaron instancias adecuadas para determinar cuáles fueron las afectaciones y cómo revertirlas, además de no volver a repetir a futuro errores cometidos en el contexto de emergencia sanitaria. Según consideró, la transformación educativa que promueve la ANEP es “una muestra de ello”, ya que no contempla la pérdida de años de aprendizaje, algo que tampoco ha sido incorporado en el presupuesto del organismo. Al respecto, valoró que cuando más se necesitaba aumentar la inversión por alumno para brindar apoyos y acompañamientos, la ANEP redujo el gasto por estudiante.

Si bien desde la ANEP han asegurado que se han colocado distintas horas de tutorías para los estudiantes, desde FOEP no las visualizan con claridad y, por el contrario, lamentaron que la DGEIP haya dispuesto reducir el tiempo en que ejercen las funciones de maestros comunitarios.

En una línea similar, el exconsejero de Primaria y actual representante del Frente Amplio en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), Pablo Caggiani, aseguró que el sistema educativo y las actuales autoridades pretenden revertir la baja asistencia, por ejemplo, intentando alargar el calendario escolar, pero “la escuela sola no puede”. Según dijo a la diaria, antes de la pandemia los problemas de asistencia tenían un sesgo a partir del nivel socioeconómico de las familias de los niños. En ese sentido, explicó que muchas veces las familias no envían a los niños al centro educativo por carencias materiales o porque les cuesta incorporar la rutina, lo que se ve más claramente en la educación inicial, que presenta niveles todavía más bajos de asistencia.

Caggiani considera que los problemas de parte del actual gobierno para atender este fenómeno tienen que ver con su ideología política. Al respecto, agregó que tanto en la educación como en otras áreas se está dando un “repliegue del Estado”, algo que se percibe claramente a nivel territorial. “Sólo con tener la escuela abierta y a la maestra esperando no alcanza”, cuestionó, y dijo que las medidas de afuera del sistema educativo para atender la baja asistencia “brillan por su ausencia”.

Déjà vu

La discusión sobre la relevancia de la presencialidad estuvo esta semana nuevamente sobre el tapete. Al respecto, Romanelli cuestionó que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP haya decidido “cortar la presencialidad sin tener en cuenta toda la implicancia enorme que eso tiene”. La vocera del colectivo de familias señaló que la medida le llamó la atención después de haber escuchado la semana pasada al presidente del Codicen, Robert Silva, hablar de la importancia de no perder días de clase cuando los sindicatos de la educación realizaron un paro. Según recordó, la exdirectora de Primaria Graciela Fabeyro también ha señalado que “cada día de clases es fundamental para darle continuidad al proceso educativo”, idea con la que desde FOEP están de acuerdo, “pero que va en contraposición” con el adelanto y la extensión de las vacaciones de julio.

Pablo Cayota, exdirector del Ineed en representación de la educación privada y actual directivo del Instituto Santa Elena, fue una de las voces que en distintos medios se alzaron contra la interrupción de la presencialidad en la educación como primera medida ante dificultades sanitarias, y esta semana no fue la excepción. Además de cuestionar la manera en que se tomó la decisión, que fue precedida de “filtraciones parciales” de información en los medios de comunicación y con “mensajes contradictorios”, criticó que se llevó a cabo con muy pocos días de anticipación.

Cayota cuestionó la planificación del cronograma escolar definida por las autoridades en su momento, en particular que las vacaciones de julio se hayan bajado a una semana y que se haya fijado de manera “muy tardía” en el calendario. Al respecto, recordó que, justamente, estas vacaciones fueron creadas con un fin sanitario, para evitar la circulación y el contagio de virus y enfermedades invernales entre los niños.

Sobre la situación sanitaria que se vive en este momento, el docente aseguró que, “más allá de que hay situaciones dramáticas, las ha habido siempre” y “no se puede decir que es una emergencia sanitaria”. Por su parte, cuestionó que la situación se pueda resolver con una medida de este tipo, es decir, “indiscriminada y de la misma manera para todos los centros educativos”, por lo que valoró que la decisión del Codicen es “inoportuna e inconveniente”.

Según Cayota, es necesario preguntarse si realmente las clases presenciales van a volver el 17 de julio o si en ese momento se optará por un sistema virtual. Al respecto, opinó que “las escuelas no van a estar preparadas” para implementar una medida de ese tipo después de dos semanas de vacaciones, ya que implica “encarar un despliegue operativo importantísimo”. Por su parte, agregó que el 17 no es una buena fecha, ya que al día siguiente es feriado y habría que generar un nuevo corte. Finalmente, se preguntó si la forma en que actualmente están circulando los virus respiratorios no tiene que ver con el encierro vivido durante la pandemia y los efectos que tuvo, más allá de la covid-19.

Pasando raya

“No aprendimos nada”, aseguró Cayota luego de conocer la decisión del Codicen, consultado sobre las lecciones que ha dejado la pandemia que llegó a Uruguay en marzo de 2020. Sobre los datos de asistencia a centros educativos públicos en 2020 y 2021, analizó que “la costumbre de ir a la escuela todos los días parece haberse debilitado”, pese a que la escuela obligatoria es algo que está “en el ADN de la sociedad uruguaya”. Precisamente, recordó que durante la pandemia la asistencia a los centros de estudio dejó de ser obligatoria y consideró que fue una medida que quizás se extendió “demasiado tiempo”.

De hecho, señaló que esa medida excepcional incluso siguió aplicándose después de que se definió la reapertura de escuelas, y que pudo haber contribuido a quitarle valor a la asistencia. En particular, recordó programas de la administración anterior para fortalecer la concurrencia como el del “niño cero falta”, que fueron creados porque “estábamos en una situación social y cultural por lo que se estaba debilitando ese vínculo tan fuerte de obligatoriedad y valoración de la concurrencia”. “Con la pandemia termina de impactar muy fuertemente y creo que hoy el sistema todavía no ha logrado revertir esa situación, lo que se transforma en un problema en materia de socialización y de salud desde un enfoque integral”, agregó.

En suma, Cayota señaló que cuando se presentan situaciones sanitarias a atender es necesario poner en la balanza las distintas medidas y el daño que pueden provocar. Al respecto, consideró que en Uruguay “aún no se han ponderado lo suficiente” algunos daños y por ello pareciera que no es tan importante cerrar la escuela por unos días. Según valoró, ese tipo de medidas se suelen tomar a partir del “miedo” por un daño que se quiere evitar, pero reclamó que también se tienen que evaluar los daños colaterales.

De manera similar, desde FOEP entienden que la eliminación temporal de la obligatoriedad y algunas otras medidas que se han tomado por parte de las actuales autoridades de ANEP, como la de esta semana, mandan el mensaje de que la escuela es “prescindible”. “Podemos interrumpir la presencialidad cuando queramos y no pasa nada, podemos adelantar las vacaciones y no pasa nada, y podemos no venir a clase, que no pasa nada”, lamentó Romanelli. En cambio, dijo que desde el colectivo de familias organizadas se reivindica a la escuela pública como “un lugar insustituible, sobre todo para la protección de la infancia”. Al respecto, apuntó que en la escuela no solamente se aprende, sino que, por ejemplo, muchas veces se detectan situaciones de violencia que viven los niños en sus hogares. 

la diaria intentó comunicarse con autoridades de la DGEIP para conocer en detalle las acciones que se están implementando para fortalecer la asistencia a los centros educativos, pero no fue posible concretar una entrevista.

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