Si bien el anuncio de la realización de un concurso para que miles de docentes puedan pasar a ser efectivos fue celebrado desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) después de haber insistido sobre su apertura, la forma en que los concursos se están procesando generó preocupación en el sindicato y en muchos docentes.
Según expresa Fenapes en un comunicado, a partir de enero, cuando la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) publicó los primeros listados de docentes y sus respectivos puntajes, el sindicato comenzó a recibir consultas por distintas irregularidades constatadas por los profesores en el proceso. En primer lugar, se plantea que los resultados del concurso llegaron varias semanas después del plazo inicialmente anunciado por la DGES, e incluso en algunas materias los listados se publicaron tres meses después de lo estipulado en el calendario.
Fenapes sostiene que las primeras listas de docentes fueron publicadas por Secundaria como ya homologadas, lo que podría generar “consecuencias jurídicas”.
Además, los profesores sindicalizados denuncian que, en los listados, el puntaje fue publicado sin los desgloses, es decir, sin los puntos que le fueron asignados a cada docente en cada rubro del llamado de acuerdo a lo que estipulaban las bases. El comunicado agrega que este punto generó particular preocupación entre los concursantes, ya que tenían diez días para realizar reclamos y contar con el desglose del puntaje que les fue asignado es clave para ello.
Según dijo a la diaria José Olivera, presidente de Fenapes, el sindicato fue clave para que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) encontrara 30 millones de pesos necesarios para costear los concursos, que representan una posibilidad de mayor estabilidad para miles de docentes de liceos públicos. De la misma forma, Fenapes trabajó en la elaboración de las bases y estuvo de acuerdo en gran parte de su contenido, pero, según reafirmó Olivera, la responsabilidad de su implementación es enteramente de la DGES.
Según valoró, el organismo cometió muchos errores “de principiantes”, como haber convocado a los docentes a presentarse en poco tiempo cuando debían presentar algunos certificados cuyo trámite lleva tiempo, como el de no pertenecer al registro de agresores sexuales. Según apuntó, el hecho de que miles de docentes fueran a solicitarlo al mismo tiempo saturó las capacidades del Ministerio del Interior para expedir los certificados de forma rápida, lo que hizo que muchos concursantes apenas pudieran acreditar que habían iniciado la solicitud.
Otro hecho que generó preocupación, añadió el presidente de Fenapes, es que el sistema de recepción de las postulaciones que estableció la DGES fue por correo electrónico y dicho sistema “colapsó rápidamente”. Por lo tanto, dijo que a muchos profesores nunca les llegó una constancia de que se habían presentado al concurso. En ese sentido, dijo que uno de los problemas que se presentan actualmente es que hay gente que no aparece en el listado de homologación ni tampoco en el de quienes fueron eliminados y “nadie sabe decir qué pasó con ellos”. Además, los profesores muestran su preocupación por algunas sumas de puntajes mal hechas, que en algunos casos incluso superan el máximo posible.
Olivera planteó que esta situación “evidencia el deterioro institucional” existente en la ANEP y lo peor de esa situación es que muchos docentes que hicieron reclamos “desconfían de que se les vaya a responder”. “Si hay algo que caracteriza a la educación secundaria de hoy es que se terminaron las certezas jurídicas, los expedientes con reclamos por distintas cosas se acumulan, nadie responde nada y todo sigue para adelante”, dijo, y agregó que eso mismo está ocurriendo con las denuncias y reclamos sobre el actual proceso de elección de horas.
Fenapes pide una instancia bipartita
Ante este escenario, Fenapes pidió una instancia bipartita de carácter urgente que se concretará este lunes para realizar distintos planteos, como que se fije una fecha concreta a partir de la que comienzan a regir los diez días para presentar reclamos. Al respecto, desde el sindicato señalaron que la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, en una bipartita anterior se comprometió a que dicho plazo comience a regir una vez que los puntajes hayan sido publicados con sus respectivos desgloses, pero hasta ahora no se emitió ninguna resolución ni comunicación para que ello se cumpla. Además, Fenapes reclama que la administración se tome el tiempo de estudiar todos los reclamos de docentes y recuerdan que el listado de este concurso comenzará a regir para 2025, por lo que no hay urgencia en que queden homologados definitivamente.
En caso de no obtener una respuesta, Fenapes llevará el tema al Consejo Directivo Central de la ANEP para exigir que se subsanen los errores. Según dijo Olivera, el concurso es una instancia clave para la estabilidad laboral de muchos docentes y no se puede correr el riesgo de que ante distintos reclamos judiciales lo actuado caiga y se prive a miles de profesores de lograr la efectividad.
Al respecto, el dirigente sindical valoró que esta forma de proceder de las autoridades de la educación tiene que ver con la necesidad de mantener ciertos equilibrios en la coalición de gobierno en tiempos electorales. Por ello, “nadie quiere asumir el costo político de tocar a alguno de sus correligionarios”, planteó.
De la misma forma, desde el sindicato ya tienen los ojos puestos en un concurso similar que se realizará este año para los cargos de docencia indirecta, como adscriptos e integrantes de equipos de dirección de liceos. En ese sentido, el presidente de Fenapes dijo que el sindicato fue convocado a participar en la elaboración de las bases, instancia a la que concurrirán “con cierta preocupación” por lo ocurrido en el concurso de docencia directa.
Preocupaciones en la interna de Secundaria
La organización de los concursos también generó preocupación en integrantes de los distintos tribunales que evaluaron a los docentes que concursaron por la efectividad. Según manifestó uno de los evaluadores a la diaria, en el anterior concurso, realizado en 2014, también participó en los tribunales y en ese momento se generó una dinámica de funcionamiento que apuntó a disminuir la disparidad de criterios. Es que, por la forma en que son organizados, se generan varios tribunales por cada asignatura, de forma que cada uno de ellos analice los méritos de una parte de los docentes.
En ese momento, la reunión de los tribunales fue presencial y funcionaron en un mismo espacio físico, lo que favorecía el intercambio entre sus integrantes. Si bien existen orientaciones sobre cómo puntuar en cada ítem y puntajes máximos en cada caso, en el desarrollo de todos los concursos se presentan méritos que pueden ser evaluados de distinta forma. Por ejemplo, la formación académica incompleta en una carrera relacionada al cargo puede tener un valor para un tribunal y uno distinto para otro y, en este caso, unos pocos puntos pueden significar que un docente quede ubicado varios lugares más abajo en la lista final.
Precisamente, una vez que cada uno de estos espacios evaluadores fija los puntos, luego se realiza un ordenamiento por materia de todos los docentes que concursaron, por lo que si dos tribunales valoraron un mérito similar de manera muy dispar, se podría terminar cometiendo una injusticia, dijo el docente evaluador. Si bien da por hecho que todos los integrantes de los tribunales actuaron de buena fe y buscaron la justicia, insistió en que hubiera sido importante que se generaran espacios de intercambio presencial.
En cambio, planteó que ello no fue considerado para el actual concurso, ya que, si bien en algunos casos sí hubo reuniones presenciales, en otros estuvieron en un mismo tribunal profesores que viven en distintos departamentos. Según explicó, el mecanismo que encontró la DGES para coordinar fue un grupo de Whatsapp entre los inspectores de asignatura y los presidentes de los tribunales de las respectivas materias. Según consideró el evaluador, ello fue insuficiente para generar criterios comunes, ya que se requiere una comunicación más directa y fluida, lo que, según su punto de vista, también generó que se cometieran muchos errores a la hora de asignar puntajes.
Además, mencionó otras dificultades para el trabajo, como el envío tardío de la información funcionarial de parte de la división Jurídica de la DGES. En caso de que un docente haya tenido sanciones, ello le resta puntos. En el caso del tribunal en el que participó el docente evaluador, la información llegó una vez que habían cerrado los puntajes, por lo que tuvieron que dar marcha atrás para revisar los puntos y el ordenamiento de los docentes.