Referentes en educación de los principales partidos políticos estuvieron esta mañana sentados en una mesa intercambiando sobre acciones que deberían tomarse para enfrentar los principales desafíos que enfrenta el país en la temática. Un evento organizado por la Unesco y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) tuvo el objetivo de plantear preguntas y comentarios a los referentes e intentar sacar en limpio los principales acuerdos y diferencias en la temática.
Renato Opertti, presidente del Consejo Asesor de la OEI y experto de la Unesco en Educación, habló del contexto general en materia educativa y señaló que se da en un momento marcado por “múltiples disrupciones”. En el caso de Uruguay, planteó que todos los gobiernos desde la recuperación democrática tuvieron avances en educación, pero persisten cuatro problemas estructurales. Uno de ellos son los “altos niveles de expulsión”, y reivindicó la utilización de ese término por sobre “desvinculación”, ya que coloca la responsabilidad en el sistema educativo y no en el estudiante. Además, señaló que persiste un “déficit en habilidades fundamentales”, la existencia de “enormes brechas sociales de aprendizaje” y una “proporción marginal de alumnos destacados” en comparación con otros países.
El senador José Carlos Mahía concurrió en representación del Frente Amplio (FA); el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, lo hizo por el Partido Nacional (PN); el candidato a la vicepresidencia Robert Silva estuvo por el Partido Colorado (PC); el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Javier Lasida, lo hizo por el Partido Independiente; y Alejandro Bordagorri, actual director de Formación Militar en el Ministerio de Defensa, fue el representante de Cabildo Abierto (CA).
A su turno, Baroni planteó que Uruguay no tiene un desempeño educativo acorde a sus niveles de desarrollo. Para combatir esa realidad, esbozó algunas líneas que deberían profundizarse, ya que en su mayoría fueron iniciadas por el actual gobierno. Entre ellas nombró el fortalecimiento del sistema de formación docente, a través del reconocimiento universitario. Si bien sostuvo que ha habido distintas soluciones planteadas para ello en los últimos años, como la creación de una universidad, consideró que el mecanismo de reconocimiento de títulos que implementó el actual gobierno es “una herramienta profunda” que “pretende sentar las bases en materia de calidad”.
Ese tema también fue retomado por integrantes de los otros partidos políticos. Por ejemplo, el representante de CA dijo estar de acuerdo con la creación de una “universidad pedagógica” y Mahía reiteró lo que ya han planteado desde el FA: la necesidad de insistir con la creación de un nuevo ente autónomo que cumpla esa función, para lo que se requieren mayorías especiales en el Parlamento.
Por su parte, Silva se refirió a las políticas implementadas en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) durante su mandato como presidente del ente y sostuvo que en el Consejo de Formación en Educación se hizo un cambio importante que implicó la generación de cinco planes nuevos “que apuntan a profesionalizar y dotar de herramientas” a los docentes.
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la necesidad de generar acuerdos de largo plazo sobre las políticas educativas a implementar en el país. A partir de críticas de la participación que tuvo la actual Transformación Educativa, Mahía planteó que, de ganar el FA, se promoverá la generación de un gran acuerdo, pero que no incluya solamente al sistema político, ya que se incluirá a la sociedad civil. En la sección de comentarios de actores externos al sistema político, Pablo Cayota, docente y actualmente directivo del colegio Santa Elena, fue más allá y pidió un “pacto social por la justicia educativa”.
Sin embargo, la idea no encontró tanto eco en los integrantes de los partidos de la coalición multicolor. Por ejemplo, Lasida se preguntó: “¿Pacto, acuerdo? Estamos en posiciones muy distintas, ¿vamos a perder tiempo en hablar?”. Al respecto, argumentó que, cuando se intenta un pacto, se generan “muchos jugadores con capacidad de veto”. Además, cuestionó la integración del congreso nacional de educación previsto en la Ley General de Educación y sostuvo que en ese espacio hay una “sobrerrepresentación de los actores militantes”.
Baroni, por su parte, recordó que, “lamentablemente”, los cambios que impulsó José Pedro Varela en el siglo XIX “no fueron bajo condiciones democráticas” ni a través de pactos. Según completó, en ese tipo de diálogos muchas veces se destina tiempo a discutir sobre aspectos que “adornan” los temas centrales, pero no se entra de lleno en ellos.
En tanto, Silva planteó que si bien está de acuerdo con generar un pacto, alertó que “a veces la procura del consenso obstaculiza la toma de decisiones”. En ese sentido, consideró que el acuerdo no puede ser “un obstáculo para avanzar”, ya que cinco años “son muy cortos” para diseñar e implementar políticas en el sistema educativo. Asimismo, en la mesa se planteó la necesidad de que el sistema educativo genere mejores datos para acompañar la toma de decisiones, e incluso algunos integrantes de la coalición de gobierno sostuvieron que dicha información debe ser elaborada a partir de la realidad de cada centro educativo.
Mejorar acompañamientos y aumentar el tiempo pedagógico
Entre otros puntos, Mahía llamó a abordar la trayectoria estudiantil de manera integral y sostuvo que es necesario “asumir realidades” que “interpelan” al sistema político, como el aumento en la pobreza infantil y los problemas de asistencia que quedaron instalados en los centros educativos después de la pandemia. Además, sostuvo que es necesario hacerse cargo de que, si bien hubo avances en dicho indicador en los últimos años, la mitad de los jóvenes uruguayos de entre 21 y 23 años no tiene la educación media completa.
Precisamente, ese fue uno de los puntos en torno a los que giró la discusión y, al respecto, desde los comentaristas se planteó la necesidad de contar con profesionales que apoyen a los docentes ante necesidades específicas de aprendizaje de sus estudiantes, o problemas de convivencia en los centros educativos. Al respecto, la psicopedagoga Rocío Schiappapietra les planteó a los referentes que la falta de este tipo de profesionales hace que, muchas veces, haya equipos docentes que estén “deseando que pase algo” para que alguien venga a ayudarlos, en referencia a que son convocados sólo cuando hay un emergente de violencia. Por su parte, aseguró que no se trata de un tema que involucra solamente al sistema educativo, y como ejemplo mencionó que si un niño requiere un tratamiento con un neuropediatra, el tiempo de espera para tener una consulta en el sistema de salud es de dos años.
Si bien todos los referentes políticos se mostraron de acuerdo con aumentar el tiempo pedagógico y fortalecer los roles de acompañamiento a los estudiantes, también se planteó que es imposible tener un equipo multidisciplinario en cada centro educativo público. Al respecto, Robert Silva señaló que en todo el país hay 2.700 escuelas, liceos y centros de UTU; de todas formas, aseguró que la actual gestión de ANEP reforzó los roles de psicólogos en los centros de educación media. Una de las propuestas que planteó Silva para la mejora de aprendizajes de los estudiantes es la generación de un plan nacional de lengua y otro de matemática, que incluya el desarrollo de las competencias básicas priorizadas en la transformación curricular.
Se planteó la necesidad de contar con más presupuesto, pero también la de gestionar mejor el existente
Mahía aseguró que si el FA llega al gobierno nuevamente la educación será el sector prioritario en materia de asignación presupuestal, aunque señaló que el incremento irá acompañado de la necesidad de generar mejoras en los procesos de gestión del organismo.
Desde los otros partidos se aseguró que, más allá de compartir las necesidades presupuestales, que siempre están presentes, también es posible mejorar la gestión de los actuales 2.700 millones de pesos que, por ejemplo, maneja la ANEP. A propósito, Lasida señaló que el principal problema que tiene el presupuesto para la educación en Uruguay es “la inercia del gasto estatal en Uruguay”, y Baroni lamentó que, amén de lo discursivo, la educación nunca termina siendo la prioridad presupuestal de “ningún gobierno”.
Sobre la necesidad de contar con un nuevo estatuto docente que permita a los docentes desarrollar su profesión de una mejor manera, que fue otro de los temas discutidos, Baroni aseguró que el nuevo documento debe construirse “bajo la base de que el foco es el alumno y el docente es auxiliar”. También abogó por el fortalecimiento de espacios de revinculación de los estudiantes, como los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción que gestiona el Ministerio de Educación y Cultura.
Desde la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O’Neill planteó la necesidad de generar un mayor vínculo entre educación y trabajo, por ejemplo, a través de la profundización de experiencias de formación dual, las que consideró muy marginales hasta ahora. De todas formas, el empresario dijo que la actual transformación educativa va por ese camino, por esta razón pidió que se profundizara en ella. Todos los referentes se mostraron de acuerdo con esa línea de trabajo, pero también se alertó que suele ser un tema que genera discrepancias. Por ejemplo, Silva señaló que cuando se aborda el tema “enseguida aparece el fantasma de la mercantilización” de la educación, que, según se plantea, quedaría subsumida a los intereses del mercado.
La profundización de la Transformación Curricular fue, justamente, otro de los temas que pusieron sobre la mesa los representantes de los partidos que actualmente están en el gobierno. Por ejemplo, Lasida dijo que es clave que los cambios en marcha se consoliden en el próximo gobierno para que “no queden en el papel”. Desde el FA, en tanto, Mahía señaló que los cambios curriculares no le parecen el principal cambio que deba atravesar un sistema educativo para generar mejoras sustanciales. En ese sentido, aseguró que atender los contextos de los estudiantes y sus familias, la gestión de los centros y los apoyos que reciben docentes y estudiantes sí son la clave para lograr mejoras.
El representante de CA también planteó algunos matices con los cambios curriculares en marcha y dijo que, desde su punto de vista, la currícula debe priorizar el desarrollo de “competencias transversales”. A su vez, sostuvo la necesidad de disminuir la cantidad de asignaturas en la educación media, lo que permitiría “reasignar” a los docentes a otros roles de acompañamiento.
Cabildo Abierto y la ideología de género
Bordagorri, coronel retirado y licenciado en Educación, se refirió a la necesidad de que las familias se involucren en la educación de sus hijos, porque “los valores no se enseñan sino que se modelan”. Además, abogó por que la educación se haga cargo de “la prevención del consumo de drogas”, que debe pasar tanto por campañas de difusión masiva, estrategias en el aula como por la generación de “orientaciones para familias para prevenir y detectar el inicio del consumo”. Según el cabildante, también debe abordarse el vínculo problemático con la tecnología y debería repensarse la educación sexual. Si bien abogó por una educación sexual integral, sostuvo que esta debería estar “adaptada a la etapa madurativa de los estudiantes”, lo que, por ejemplo, implicaría eliminar conceptos que impliquen “ideología de género” en la educación inicial y primaria.