Según plantearon estudiantes de Informática del Instituto Técnico Superior Arias Balparda, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dispondrá que, pese a su intención de continuar cursando con el mismo plan de estudios, deban concluir su formación con el plan emanado de la Transformación Curricular. Así lo denunció públicamente el senador frenteamplista Sebastián Sabini semanas atrás.
La definición de la ANEP tiene como antecedente la resolución para con el primer ciclo del Plan Reformulación 2006, en el comienzo de la Transformación Educativa; esta fue una aberración normativa que impidió la culminación del ciclo en el plan de origen, sin que mediara la voluntad del estudiantado ni de sus representantes.
¿En qué se asimila esta disposición a la protección de la trayectoria educativa y la centralidad en el estudiante? En verdad, resulta una forma peculiar y repudiable de cuidado que suena a aquello de “porque te quiero, te aporreo”.
El estudiantado que está cursando segundo de bachillerato en 2024 puso su mayor esfuerzo, se enamoró de la opción, estudió y cumplió, pensando en que le quedaba el último año para llegar a la enseñanza terciaria. Pero, llegando al fin de cursos, le van a decir que no podrá cumplir su opción educativa.
El nuevo plan, como tal, influirá negativamente en la concreción del mandato de la obligatoriedad, atacándola en su base e inobservando el derecho a la educación.
Van de suyo tres preguntas para lanzar a la ciudadanía, respecto de este asunto:
- ¿El Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP y los desconcentrados hicieron estudios de impacto y tienen medidas de contención para esta inusual forma de expulsión?
- ¿Se pensó en el efecto en materia de vocaciones y se acordó con el cambio con la Universidad de la República?
- ¿Se midió el potencial abandono que el anuncio va a provocar?
En cuanto a la elección de horas docentes, ¿no es abusivo colocar este cambio, sin negociaciones, sin consultas, sin previsiones?
La educación es un derecho humano y el Estado es el responsable de generar las garantías para su cumplimiento, las condiciones y los recursos. Todas las disposiciones que se adopten en la ANEP deben tener por finalidad garantizar los derechos. Parafraseando a María del Carmen Feijoó, los regímenes de gobierno tienen la capacidad de representar y garantizar el cumplimiento de los derechos de la población.
El nuevo plan, como tal, influirá negativamente en la concreción del mandato de la obligatoriedad, atacándola en su base e inobservando el derecho a la educación. ¿Quiénes perdonarán esta afrenta a la historia de la educación media nacional?
María Reyna Torres es docente jubilada.