Aunque es tiempo de transición de gobierno y recambio de autoridades en los distintos entes del Estado, la consejería docente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) permanece por dos años más.
De tal manera, Daysi Iglesias y Julián Mazzoni continuarán su período como consejeros en representación de los docentes, con Pablo Caggiani como presidente de la ANEP y Elbia Pereira y Carolina Pallas como consejeras políticas.
En ese marco, Iglesias dialogó con la diaria acerca de los aspectos que considera fundamentales de abordar en la nueva gestión. En concreto, la consejera delimitó cuatro líneas a analizar y trazar en la educación pública para los próximos dos años.
En primer lugar: la línea presupuestal. De acuerdo a Iglesias, durante este quinquenio el presupuesto giró alrededor de la redistribución: “Un criterio que fue muy polémico, porque muchas veces se enfrentó redistribución con recorte y, desde algunos ángulos, si te recortan un programa, lo vivís como un recorte, pero puede ser quitar dineros de un lugar para llevarlos a otro, como contraparte”.
En resumidas cuentas, para Iglesias no hubo un aumento de recursos para la educación, y al mismo tiempo, tal programa plasmado en tal cantidad de centros educativos tenía cierto presupuesto, pero en el transcurso del período, la misma cantidad de recursos para esos centros educativos se desplegó hacia otros, quedando un menor presupuesto por el aumento en cantidad sin aumento en recursos.
“Estos presupuestos redistributivos son muy complejos, porque hay prioridades políticas educativas y van las líneas de educación que cada gobierno determina, pero generan hoy un problema al que hay que acostumbrarse a oír hablar: la palabra déficit”, narró. En ese marco, se preguntó: “Entonces, ¿cómo, si se recortó, además hay un déficit?”. Aclaró que el déficit de educación para el Consejo de Formación en Educación es de alrededor de 800 millones de pesos; el de Secundaria, de más de 200 millones de pesos; el de la UTU, de 230 millones de pesos.
Para Iglesias, “el recorte” sumado al “déficit” constituye “una especial situación” que obliga a la nueva administración a contemplarlo en su diseño presupuestal, es decir, a “incorporar aquello que se está gastando que no tiene un financiamiento permanente”. En concreto, Iglesias estimó que tendrán que disponer de entre 1.200 y 1.500 millones de pesos debido al déficit.
Por último, la consejera consideró que en el diseño presupuestal se deben prever también los nuevos gastos. Por lo tanto, esgrimió: “Todos reclaman incremento presupuestal, que no es contemplar el déficit; yo me posiciono, en primer lugar, por contemplar el déficit y analizar los incrementos para ver en qué campo invertir”.
Prioridades educativas
Así es que se abre la segunda línea a analizar y proyectar: las prioridades del nuevo gobierno. Iglesias recordó que las nuevas autoridades frenteamplistas hablan de la preocupación y priorización de la primera infancia, y si bien aseguró que “no se equivocan”, manifestó que la ANEP “tiene un enorme problema con los adolescentes”.
Para la consejera, la educación media es “uno de los tramos más críticos y está reclamando mayor inversión en acompañamientos y cargos”. Es que de acuerdo a Iglesias, “el inicio del problema” es la primera infancia, “pero no puede dejar de verse que hay una urgencia en la educación media: si no se atiende eso, va a haber un conjunto de jóvenes con muy escasa formación y poca asistencia, que seguramente entren en circuitos de vida que no sean los más sanos posibles”.
En sintonía, una de las propuestas que forman parte de los compromisos de campaña del gobierno electo es la extensión del tiempo pedagógico. Al respecto, Iglesias no sólo planteó que “el recurso es finito también para los jardines de tiempo completo”, sino que además apuntó a que esta nueva propuesta para Primaria “no puede ser estar todo el día a cargo de un maestro”. Por tanto, para la consejera es necesario que las autoridades entrantes definan qué quieren hacer con la iniciativa y “cómo organizar ese tiempo”.
Este último punto lleva a la tercera línea, que para Iglesias es “fundamental” de abordar y se engloba en la pregunta “¿cómo organizar el sistema?”. Para la consejera, durante el último período de gestión de la ANEP, se sufrieron “grandes cambios”, como la eliminación de los consejos desconcentrados en Primaria, Secundaria y UTU. “Lo considero un error brutal, porque sustituir sistemas de masas por administraciones unipersonales es un error”, aseveró.
En ese sentido, explicó que el cambio de los consejos a direcciones generales se hizo por ley, lo que “no supone que sea eterno y no se pueda evaluar”, pero sí “supone que para cambiarlo los senadores y diputados del país deben ver los mecanismos legales, no lo puede hacer el Codicen ni el Ministerio de Educación y Cultura [MEC], ya que es una competencia del Poder Legislativo”.
“Y aquí aparece una nueva problemática: el reconocimiento del título universitario”, continuó Iglesias. La consejera explicó que ello “no involucra sólo al MEC, sino a la Universidad de la República y las universidades en general, porque dar un título por una prueba supone una devaluación del carácter universitario, por lo que se comprometen otros organismos que deberían actuar en conjunto para ver los procedimientos de cómo desandar esto, porque por más que sea ministerial, también es legislativo”.
Las líneas a seguir
La transformación educativa es la última línea de preocupación para Iglesias. La consejera enfatizó que se trata de un “alineamiento internacional de integrar en los currículos las competencias” a pesar de las posiciones contrarias al respecto. Si bien aclaró que “contenidos hay siempre”, señaló que “el problema es desde dónde están seleccionados, cómo se gradúan, se estudian y se reconocen”.
Por otra parte, hizo referencia a la flexibilización del pasaje de grado: “Se promueve a muchachos con cero falta, pero en Primaria se eliminó cualquier instancia de control y aprendizaje de primero y segundo”. “¿Qué sentido tiene hoy hablar de evaluación de aprendizajes si no sabemos cómo se evalúan?”, esgrimió.
En este marco, afirmó que, al igual que Mazzoni, está de acuerdo con modificar en el próximo período el Marco Curricular Nacional. Sin embargo, especificó que es necesario “asesorarse, convocar a gente durante un tiempo a efectos de ver cómo se van a secuenciar las modificaciones y cuáles son, porque de lo contrario al que volvés loco es al estudiante”.
Para finalizar, Iglesias concluyó que las cuatro líneas –presupuesto, prioridades, reconocimiento del título universitario y transformación educativa– están envueltas en “las formas participativas: quiénes, cuándo y qué potestades tienen los convocados”.
A propósito, señaló que se trata de “un tema delicado porque hay muchas formas de convocar y muchos actores: los sindicatos, las ATD [Asamblea Técnico Docente], las asociaciones profesionales, todas tienen algo para aportar y tienen distintas características”.
Por esta razón, para la consejera son “elementos que deben articularse a efectos de no cometer los errores que se cometieron en torno a la participación débil, que no tuvo ningún efecto y hacía sentir mal a la gente”. “Hay muchos temas a analizar en materia educativa, creo que la nueva administración debería dar seguridad de procedimientos a la ciudadanía, dar mensajes para recobrar la confianza docente, actuar con aplomo y mucha seriedad”, finalizó.