El movimiento estudiantil de UTU, Secundaria, Formación en Educación y la Universidad de la República (Udelar) convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer sus principales reivindicaciones de cara a la discusión presupuestal. Selena Scotti, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Maia Verde, del Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), Guadalupe Dirón, del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) y Lía Hirigoyen, de los Gremios Estudiantiles de Secundaria del Área Metropolitana (GSM) marcaron que lo que está planteado hasta el momento en el proyecto de ley de presupuesto representa “un futuro muy difícil para la educación pública”.
En ese sentido, las estudiantes plantearon que, de acuerdo con los incrementos previstos inicialmente, la inversión en educación con relación al producto interno bruto (PIB) pasaría de 4,8% a 4,2% al final del período. Si bien estimaron que con las redistribuciones votadas en Diputados el porcentaje sería de 4,4% del PIB en 2029, consideraron que es una cifra “aún insuficiente”. “En todo el país la educación pública necesita mejores condiciones edilicias, atención a la sobrepoblación, que afecta directamente a la calidad de la enseñanza, y desarrollo en el interior. En resumen, la educación necesita el 6+1%”, reclamó Hirigoyen.
En el caso concreto de los gremios de Secundaria, la estudiante señaló que están en conflicto desde antes de que se conociera el proyecto de ley de presupuesto. Si bien desde el GSM valoran que se quintupliquen los recursos dirigidos a las becas Butiá, para estudiantes de educación media, consideran que aún quedan muchos de sus reclamos sin atender. Entre ellos, Hirigoyen mencionó la construcción de liceos de bachillerato en Las Piedras y en La Teja, el fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios y el aumento del presupuesto para infraestructura en liceos.
Los reclamos desde la formación docente
Desde el CEM, Verde recordó que los Institutos Normales de Montevideo están siendo ocupados por estudiantes desde hace 24 días y afirmó que la medida se sostiene “desde la convicción de que defender la educación del pueblo es también defender el derecho de cada estudiante a formarse en condiciones dignas”.
En concreto, planteó que el principal reclamo presupuestal que hoy sostienen se refiere a las becas de apoyo a los estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) y, en particular, de Magisterio. “En 2025 la matrícula total de las carreras del CFE asciende a 27.612 estudiantes. Sin embargo, sólo 2.309 cuentan con algún tipo de beca” y “sólo 1.427 estudiantes reciben becas de apoyo económico”, lo que representa a “un ínfimo 5,16% de la matrícula” total. Además, dijo que el monto de esos apoyos es “totalmente insuficiente”, ya que actualmente apenas supera los 13.000 pesos, monto con el que ni siquiera se puede alquilar una habitación de forma mensual, estimó.
El CEM pide que la cobertura de becas llegue a al menos 25% de la matrícula de formación docente y a 40% en los departamentos del interior en donde las carreras del CFE son la única propuesta de educación terciaria. Verde señaló que los apoyos económicos beneficiarían concretamente a estudiantes que los requieren para terminar su formación en tiempo y forma. Concretamente, mencionó que una de cada cuatro estudiantes de formación docente tiene hijos a su cargo y una de cada diez cuida a niños menores de cuatro años. Además, mencionó que, según los datos del organismo, uno de cada cinco estudiantes no tiene conexión a internet en su casa, lo que “en pleno siglo XXI implica dificultades enormes para estudiar, más aún con la expansión de la semipresencialidad”. Por su parte, marcó que 10% vive en situación de hacinamiento “y una parte importante proviene de hogares que reciben transferencias sociales del Estado, es decir, hogares de bajos ingresos”.
La integrante del CEM habló de que buena parte del estudiantado hace “malabares para bancar los estudios”, por ejemplo, viajando durante muchas horas “desde localidades lejanas” y “pagando boletos caros, porque no hay suficiente sistema de abono”. En suma, se refirió a las estudiantes que hacen prácticas en el último año de magisterio, que implican 16 horas semanales con un grupo a cargo en una escuela, pero sin recibir remuneración alguna. “Estamos cubriendo clases reales frente a grupos reales, incurriendo en gastos de transporte, materiales didácticos, alimentación, etcétera, y no recibimos un peso”, dijo la estudiante, y definió esta situación como “altamente injusta”.
Verde saludó especialmente a todos los centros de estudiantes de centros del CFE en el interior que en los últimos días han ocupado sus centros de estudio en rechazo a la proyección de grupos que hizo el organismo para 2026, que apostó a reducir los grupos presenciales para bajar su déficit presupuestal. “Si realmente apuestan a la educación, que se vea en los hechos, en las becas, en los cargos y en los recursos. Y mientras eso no pase, que nadie se confunda: las medidas de lucha se van a mantener y se van a intensificar, porque no estamos dispuestas a resignar nuestro presente ni nuestro futuro”, concluyó.
A su turno, Dirón señaló que desde el Ceipa reclaman aprobar un protocolo ante casos de acoso sexual en el CFE, que implique el sumario con separación del cargo para docentes denunciados. También se refirió a la necesidad de contar con una Universidad de la Educación (Uned) autónoma y cogobernada y al 6+1% del PIB para educación e investigación. En la misma línea de lo que planteó días atrás el consejero estudiantil del CFE Joaquín Dauson, la integrante del Ceipa dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas “tiene secuestrado el proyecto de ley de la Uned, ya que le exige al CFE que primero debe eliminar el déficit de 400 millones de pesos”.
“¿Cómo lo elimina si no recibe presupuesto? Recortando grupos”, lamentó. En ese sentido, dijo que la propuesta de las autoridades del organismo implicó, entre otros aspectos, “recortar” la carrera de Maestro de Primera Infancia en los institutos de Fray Benito, San Ramón, Trinidad y en el anexo de Bella Unión.
Como otro de los planteos, la estudiante señaló el rechazo al Plan 2023 en las carreras del organismo, ya que “es inconsulto, no hay un sistema de reválidas efectivo y tiene una carga horaria muy extensa, además de retrasar compañeros en la carrera”. Por eso, desde el Ceipa exigen que entre en vigencia un nuevo plan para 2027 y que el año que viene se hagan ajustes al Plan 2023 “que atiendan las necesidades del estudiantado”.
FEUU reclama más recursos para cargos de funcionarios e infraestructura
Desde la FEUU, en tanto, Scotti se refirió a las distintas ocupaciones de facultades que se hicieron esta semana por la falta de presupuesto. Respecto de lo votado en Diputados, reclamó: “Recibimos un pequeño incremento de becas, algo para el Hospital de Clínicas, para descentralización y para dedicaciones totales. Sin embargo, no está ni cerca de ser suficiente”.
En ese sentido, la estudiante señaló que hasta ahora el presupuesto da cero peso de incremento para el mantenimiento edilicio de todos los servicios de la Udelar y también para la creación de cargos de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. Al respecto, recordó que la Udelar tiene nuevas sedes en Colonia y Soriano, pero no cuenta con funcionarios en esos locales. Según dijo, desde la FEUU piden al menos 100 millones de pesos para cada uno de esos rubros, de forma de solucionar algunas situaciones, como techos en la biblioteca de la Facultad de Medicina, que se llueve sobre los libros.
“Nuestros pedidos están siendo más que precarios; sin embargo, creemos en el trabajo en conjunto y creemos que podemos conseguirlo. Llamamos a estudiantes a que se acerquen y se apropien de esta disputa. Llamamos también a los senadores a que sean consecuentes con sus valores y con quienes los pusieron en ese lugar, ahora para que escuchen y para que accionen, porque son ellos quienes pueden decidir sobre el futuro”, concluyó Scotti.