El viernes pasado, el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, pidió una reunión a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para “informar de los avances” sobre lo acordado en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en instancia tripartita, “respecto a dejar sin efecto las sanciones impuestas por la administración anterior a docentes de San José”, a realizarse en el departamento en cuestión y con la presencia del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.
Y así fue: en la Casa del Maestro del departamento de San José, este lunes Fenapes se reunió con autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la ANEP. En una conferencia de prensa, José Olivera, dirigente del sindicato, anunció que la DGES manifestó, una vez más, su intención de revocar las sanciones. La DGES “ha ratificado su voluntad de que en un plazo perentorio” habrá “una resolución de fondo sobre el tema”.
De acuerdo con Olivera, la intención de la ANEP es “con un criterio importante de que no siga afectando la carrera funcional de estos docentes y que sea antes de que se edite el próximo escalafón con vigencia para el año lectivo 2026, eso es, en los primeros días de agosto”.
Olivera especificó que esta fue la tercera instancia en la que se intercambió sobre el tema con las autoridades. “El planteo de nuestra federación es que hay que revocar la sanción sobre los seis compañeros y compañeras que fueron injustamente sancionadas en oportunidad de un sumario administrativo”, enfatizó Olivera, y apuntó a que existen “elementos contundentes que marcan que se violaron principios básicos, como la certeza jurídica, a la vez que se violentaron derechos humanos, como la libertad de expresión y la libertad sindical”.
En este marco y ante lo manifestado por la ANEP, para el dirigente sindical, la instancia de intercambio en San José y su “carácter público hablan muy bien de cómo se viene trabajando y de transparentar ante la sociedad lo que es el respeto a principios básicos, como la libertad sindical”. A su entender, las señales de las autoridades dan cuenta de que están “muy próximos a resolver este tema”.
Caggiani, por su parte, especificó en la conferencia de prensa que solicitaron que la reunión sea en San José “para informar sobre los avances en lo que ha sido el trabajo conjunto para resolver errores y horrores que se cometieron en la administración anterior con docentes, en particular con docentes en San José”. “Hay un conjunto de resoluciones que tiene que tomar la administración, porque estos docentes fueron afectados en sus carreras a partir de sanciones que tienen un fundamento muy débil y, además, la Justicia se está expidiendo a favor de los docentes”, aseguró.
Consultado por las distintas situaciones de “persecución” de docentes, señaló que son “un montón” los docentes en cuestión y que desde la administración están “abordando” el tema desde que asumieron. “Se están abordando de acuerdo a las características de cada una de esas situaciones, no puede haber una resolución general que abarque a todos porque son diferentes procedimientos disciplinarios, procedimientos de investigación, ámbitos administrativos, judiciales, etcétera”, señaló.
Aun así, afirmó que se está “trabajando con mucha seriedad y con mucho diálogo, porque la idea de esta administración es reparar aquel daño que se formó”.
Recapitulación
La revisión se remonta a 2021, cuando investigaron a 14 docentes y una auxiliar de servicio del liceo 1 de San José por haber participado, dos años antes, en la campaña del sindicato en contra de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, sacándose fotos fuera y dentro del centro educativo, pero sin estudiantes en los alrededores, con elementos alusivos a la postura contraria a la reforma.
La entonces directora del centro educativo, Miriam Arnejo, denunció en octubre de 2019 la situación, pero Secundaria la archivó. Sin embargo, en 2020 se reabrió a instancias de la entrante directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, y se definió iniciar a los docentes y a la auxiliar un sumario con separación del cargo por seis meses, con retención de 50% de los haberes, por “violación a la laicidad”. Al finalizar el tiempo del sumario, a seis de los docentes se los sancionó por “proselitismo”, con, nuevamente, la separación del cargo y la retención del sueldo, mientras que al resto se le devolvió lo retenido durante el proceso sumarial.
En este marco, el sindicato denunció “persecución sindical” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en 2023 pidió al gobierno que “se asegure de la existencia de un equilibrio razonable entre la obligación de neutralidad política de los docentes públicos en el ámbito educativo” y “el derecho de las organizaciones de docentes a expresar sus opiniones sobre cuestiones económicas y sociales que puedan afectar a sus miembros y a poder difundir las mismas en el lugar de trabajo”.
En conversación con la diaria, Oroño ya había manifestado, al asumir la dirección general, que el Estado uruguayo debía “responder” a la observación de la OIT de, según resumió, “contemplar la libertad de expresión, el derecho a huelga, enmarcado también en la laicidad”. Asimismo, señaló la intención de que estos y otros casos que se vinculen con situaciones de “persecución” puedan tener “actos reparatorios” por parte de las nuevas autoridades, junto con una “trascendencia pública, de la misma manera que la tuvieron las sanciones, porque la reparación implica también eso: docentes fueron sometidos al escarnio público y eso tiene que ser revertido”.
En efecto, en la primera reunión con el MTSS, también el subsecretario del ministerio, Hugo Barreto, dijo que la sanción a los docentes de San José “ameritaría una revisión” y que todo iba “encaminado en ese sentido”.
Además, en la órbita judicial, recientemente dos jueces distintos condenaron a la ANEP y se expidieron a favor de los docentes, por entender que “el organismo actuó apartado de derecho” y “por considerar que hubo un accionar abusivo contrario a derecho, con intencionalidad, incluso en conocimiento de hechos que no podían haber ameritado ni siquiera la reapertura” de los casos.