Un día después de la cadena nacional emitida por la organización “No a la reforma” en contra de las modificaciones constitucionales que impulsa el senador nacionalista Jorge Larrañaga, la organización Amnistía internacional también se expresó en contra de la propuesta y anunció que se sumará a dicha organización.
En un comunicado, Amnistía Internacional consideró que dicha reforma “se halla en contradicción a los estándares internacionales de derechos humanos que Uruguay debe observar, y que exigen siempre que el uso de fuerzas militares para la seguridad interna sea excepcional y esté sujeto a claras limitaciones”. Según se sostiene, eso no coincide con la propuesta de crear la “Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa”. “Ello es desaconsejable, tal como lo demuestra la práctica en otros Estados de la región”, se asegura. Al igual que en la cadena del martes, se recordó que procedimientos similares en otros países generaron “situaciones de violencia y graves violaciones de derechos humanos”, como en México y Brasil. “La evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad a la población”, se agrega.
En particular, sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos, se asegura que “jueces penales uruguayos han declarado no creer que los mismos puedan tener impacto alguno en el combate al narcotráfico en el país”, y además “aumenta la probabilidad de enfrentamientos armados, poniendo en peligro a los vecinos y transeúntes”.
En cuanto a la prisión perpetua revisable, se recuerda que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del que Uruguay es signatario, “exige que una pena de este tipo sea revisable a los 25 años, y no a los 30 como dispone la propuesta”.
“En resumidas cuentas, Amnistía Internacional entiende que se debe cambiar de un enfoque punitivo y de militarización sobre la seguridad a un enfoque respetuoso de los derechos humanos en conformidad con los estándares internacionales, en particular las reglas Mandela y Bangkok”, indica el comunicado de la organización. “Esto implica que el sistema penitenciario evite la reincidencia a través de la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad”, concluye.