El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, confirmó a la diaria que el 30 de julio se le concederá a Ovejas Negras (ON) la cadena de radio y televisión para defender la Ley Integral para Personas Trans (19.684). Un día antes hará uso de la cadena el ex precandidato del Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola (Adelante), quien promueve el prerreferéndum para derogar la ley.
“Ovejas Negras es la única que pidió la cadena. Es cierto que en general las organizaciones se nuclean porque no podemos otorgar más de una cadena por posición”, dijo el jerarca. Roballo admitió que después de que Iafigliola solicitara la cadena para promover la derogación, hubo preocupación en el gobierno porque no había una solicitud para defenderla, pero en ese entonces llegó una nota de ON y ahora “se está dictando la solicitud en ese sentido”.
La noticia sobre el otorgamiento de la cadena tomó por sorpresa a la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans, conformada por varias organizaciones. Este colectivo envió este lunes un correo electrónico a Roballo solicitándole hacerse cargo de la cadena. El argumento que utilizaron, según supo la diaria, es que son las personas trans las que deben defender la normativa, y, a pesar de que ON tiene integrantes trans, el grupo abandonó la campaña después de que se aprobara la ley, en octubre de 2018.
Nahia Mauri, integrante de ON, dijo a la diaria que, al no haber recibido la comunicación formal por parte de Presidencia, todavía no saben cómo va a ser la cadena. Dijo que ON integró la Campaña Nacional cuando se estaba discutiendo la ley en el Parlamento y aseguró que fue el colectivo el encargado de recolectar las 60.000 firmas a favor del proyecto. Sin embargo, dijo que “hoy en día ese espacio ya cumplió su función, porque era una campaña de coordinación para que saliera la ley”.
Además del malestar generado por la cadena, las personas que integran la Campaña Nacional desaprueban los debates entre integrantes del Frente Amplio (FA) e Iafigliola.
El nacionalista se niega a debatir con personas trans, alegando que no está contra estas sino contra la ley. Este lunes, el diputado del FA Martín Couto (Ir) y la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IM), Fabiana Goyeneche, debatieron con Iafigliola en dos programas de radio de Océano y Radio Universal, respectivamente.
Josefina González, de la Campaña Nacional, dijo a la diaria que “hay cosas que se están manejando de mala manera” porque hay “personas que se están apropiando” de la voz de las personas trans. Aseguró que había un acuerdo con la institucionalidad para no debatir “con estos personajes”, que ya se habían hecho cuando se votó la norma. González dijo que ni Couto ni Goyeneche “levantaron un teléfono para tomar la decisión que tomaron”. “Nos pasaron por arriba”, describió. La activista, que además integra la Vertiente Artiguista, dijo que exigirá una respuesta a la presidencia del FA.
Diana Sellanes, otra integrante de la campaña, coincidió con González en que la actitud de los frenteamplistas “legitima a una persona que ha declarado que no va a debatir con personas trans”. A pesar de que admitió que el discurso de Couto en el Parlamento, cuando se aprobó la ley, fue magistral y “aportó mucho”, dijo que “por lo menos debería haber tenido la delicadeza de consultar con el movimiento”.
Por su parte, Couto dijo a la diaria que de ninguna manera pretendió hablar en nombre de los movimientos sociales. “Mi lugar es otro”, dijo.
Aseguró que “comprende y respeta” la posición del colectivo, pero entiende que “el FA tiene que defender la ley”. “Me parece preocupante que no haya antagonistas, si nadie del FA aceptaba debatir con Iafigliola el planteo iba a ser que nadie del FA la defiende”, explicó.
Derechos humanos reconocidos
También se pronunció sobre este tema la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que emitió un comunicado asegurando que el prerreferéndum busca “dejar sin efecto la ley que reconoce derechos de las personas trans en Uruguay”, un sector que “ha sufrido durante décadas la discriminación, violación y postergación de tales derechos”. Como consecuencia de esa discriminación, indica el comunicado, “hoy en Uruguay las mujeres trans tienen una esperanza de vida de menos de 40 años. La mayoría sufre discriminación en el ámbito familiar, escolar y laboral. El 67% se han visto empujadas al trabajo sexual en algún momento de sus vidas, quedando expuestas a violencias y enfermedades”. La institución también indica que “contrariamente a lo que se ha dicho, los menores de edad son especialmente protegidos en esta ley” porque se requiere la autorización de los padres o representantes legales para hacer intervenciones quirúrgicas irreversibles, como la de cambio de sexo. “Los derechos humanos reconocidos a las minorías [...] no pueden ser anulados por la decisión de una mayoría”, sostiene la INDDHH. “La derogación de la Ley Integral para Personas Trans tendría un impacto devastador sobre la protección de los derechos humanos y de las minorías en nuestro país, significaría un retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas y es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por la República”, concluye el comunicado.
- El contenido de la Ley Integral para Personas Trans puede repasarse en esta nota