Aprobada en julio de 2020 y ratificada en las urnas en marzo de 2022, la ley de urgente consideración (LUC) forma parte de los discursos del precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado en el último tramo de la campaña electoral, a menos de dos semanas de las elecciones internas. Recientemente, en un acto en Tacuarembó, el exsecretario de Presidencia sostuvo que la norma es “la columna vertebral de este gobierno” y preguntó a los precandidatos del Frente Amplio (FA) qué harían con la ley en caso de que la actual oposición recupere el gobierno.
“¿Qué van a hacer con el régimen de alquileres sin garantía para los gurises que van a estudiar a Montevideo?”, preguntó Delgado. La LUC, sostuvo, “bajó los alquileres” y además permitió que “una cantidad de alquileres de gurises que no tenían garantía en la capital hoy pueden alquilar”, consignó Montevideo Portal.
Para la diputada del FA Lucía Etcheverry, que en 2019 fue elegida por Daniel Martínez como posible ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, los 33 artículos de la LUC que modificaron el régimen de alquileres, entre otras cosas, deben ser analizados para “ver qué impacto tuvieron”, dado que “ninguna de las políticas que ha llevado adelante [el actual gobierno] tiene forma de evaluarse”.
En el caso del régimen de alquileres, Etcheverry dijo a la diaria que, “a casi dos años de la aplicación de la LUC”, no se había registrado ningún alquiler sin garantía, porque la ley no exige el registro. “Yo hice un pedido de informes para ver cuántos alquileres sin garantía estaban registrados, y [no había] ninguno; por lo tanto, pudo haber tenido algún tipo de incidencia o ninguna”, señaló.
La diputada del FA sostuvo que lo mismo sucede con los desalojos, cuya reglamentación la LUC modificó. “Se pudieron dar muchísimos desalojos o ninguno. La única forma es recurrir a la Suprema Corte de Justicia para ver en los juzgados bajo qué causal se tramitaron”, apuntó. Asimismo, Etcheverry cuestionó otras disposiciones de la ley, como, por ejemplo, “que te puedan ir a inspeccionar cuando quieran” o “que no controlen estar al día con los tributos por parte del propietario”. “Esas cosas habrá que revisarlas, [ver] si efectivamente funcionaron”, subrayó.
Para la legisladora frenteamplista, derogar o modificar parcialmente la LUC no implicaría “ir en contra” del resultado electoral del referéndum contra 135 artículos de la LUC, entre los cuales se incluyeron los de vivienda. “Más allá de los candidatos, el programa único del FA es lo que se pone a consideración de la ciudadanía en las elecciones, por lo tanto, es la voluntad popular la que con su voto valida y legitima las propuestas. La misma voluntad popular que con la LUC”, expresó.
“Revisar toda la gestión del INAU”
En el acto de Tacuarembó, Delgado también defendió los artículos de la LUC que modificaron el régimen de adopciones. “El año pasado fueron 165 gurises que salieron del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y que están en hogares donde se les da amor, cariño y protección. ¿Lo van a mantener o lo van a derogar?”, preguntó.
Para la diputada del FA Cristina Lustemberg, en primer lugar, este “no es de los temas livianos para una campaña electoral”. En segundo lugar, si bien apuntó que entre 2020 y 2023 se constató un incremento en la cantidad de adopciones, y puntualizó que “con cualquier aumento vamos a estar de acuerdo”, afirmó en diálogo con la diaria que en la LUC “no hay cambios mayoritariamente importantes”. “Siempre vamos a estar de acuerdo con que cada niño mejore su condición de adoptabilidad, pero los cambios no son ostensiblemente importantes”, resaltó.
Lustemberg, que en 2019 fue designada por Martínez como eventual ministra de Desarrollo Social, dijo que el FA deberá “evaluar que el sistema esté dando las garantías necesarias para los niños”, porque “el aumento de niños integrados en adopción nunca puede ser en detrimento de un sistema que dé las necesarias garantías”. “Esto requiere un estudio en profundidad de cómo se están haciendo los procedimientos luego de la sanción de la LUC, para después recién concluir que la modificación fue favorable”, subrayó.
Al margen de la LUC, Lustemberg afirmó que el FA tendrá que “revisar toda la gestión del INAU” y sostuvo que el principal problema es que en Uruguay “hay casi 8.000 niños bajo el sistema de protección integral”, que “tienen vulnerados sus derechos y el Estado no ha sido capaz de garantizárselos”.
Transacciones en efectivo
Por otra parte, en línea con las bases programáticas del FA, el diputado frenteamplista Eduardo Antonini dijo a la diaria que uno de los “muchos temas a revisar en la LUC” es el apartado que flexibilizó el uso de efectivo para ciertos pagos, que, sostuvo, “favorece el lavado de activos”. En concreto, la LUC aumentó de 40.000 a 1.000.000 de unidades indexadas el tope para operaciones en efectivo.
En sus bases programáticas, el FA plantea “desestimular las transacciones en efectivo, realizando las modificaciones legales y los cambios institucionales que permitan el máximo grado de autonomía”, con el objetivo de “potenciar el sistema de contralor vinculado a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos”. Antonini apuntó que en este período de gobierno “no ha habido investigaciones ni procedimientos” por lavado de activos, por lo que, a su entender, “es una de las cosas a revisar” en la LUC.
Consultado sobre el peso del resultado del referéndum, el diputado del FA opinó que “hay cosas que hay que hacer”. Remarcó que, en el caso del lavado de activos, “lo ha dicho hasta la embajada de Estados Unidos; todas las agencias de tres siglas que tienen los Estados Unidos han dicho que entramos en una zona gris”.
Aunque no hay una referencia explícita a la LUC, en las bases programáticas del FA hay varias “acciones prioritarias” que chocan contra lo que dispone la ley. Por ejemplo, en materia de educación, el FA propone dar “estricto cumplimiento a los principios básicos de la educación”, esto es, “asegurar su carácter público, autónomo y cogobernado”. Se señala además que “se garantizará la participación docente en el diseño de políticas, planes y programas en todos los niveles del sistema”.
La LUC eliminó la participación docente en los consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional (UTU), un punto que también es mencionado en el Plan País de la precandidata Carolina Cosse, que plantea su restitución.
En diálogo con la diaria, el senador del FA Charles Carrera sostuvo que “las leyes siempre pueden ser revisadas”. De todos modos, le pidió a Delgado que “hable de su gobierno, es decir, de las cosas que hicieron para cambiar la realidad de nuestra gente”. “Yo creo que ahí está el déficit”, dijo.