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Álvaro Delgado.

Foto: Alessandro Maradei

Delgado calificó las declaraciones de Cosse sobre los allanamientos nocturnos como “temerarias, peligrosas y antidemocráticas”

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La candidata a la vicepresidencia dijo que el FA deberá evaluar que el presidente pueda dar la orden al Ministerio del Interior de no hacer uso de la herramienta, pero luego aclaró que, en caso de aprobarse el plebiscito, el Poder Ejecutivo deberá “cumplir con toda la normativa vigente”

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Leído por Andrés Alba.
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En línea con la reciente resolución de la Mesa Política del Frente Amplio (FA), la candidata a la vicepresidencia de ese partido, Carolina Cosse, manifestó este miércoles en una rueda de prensa que el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos supone un “enorme riesgo” y que se está presentando por parte de la coalición de gobierno de “una forma demagógica”. “Todos estamos muy angustiados por la seguridad, por el avance del narcotráfico y de la inseguridad en todos los rincones de Uruguay, y el tema se está presentando como que esto es para terminar con el narcotráfico y las bocas de pasta base”, expresó.

Consultada por Telemundo sobre la posibilidad de que el plebiscito se apruebe y un eventual nuevo gobierno del FA “prescinda de la herramienta”, Cosse respondió: “Pienso que sí”. La candidata a la vicepresidencia consideró que, en ese caso, el FA deberá discutir el tema y evaluar que el presidente pueda dar la orden al Ministerio del Interior de no hacer uso de esa herramienta.

Casi de inmediato, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, comentó las declaraciones de Cosse en el marco de un evento organizado por la Cámara Española de Comercio. “Me parecen temerarias, peligrosas y antidemocráticas”, afirmó, y sostuvo que “en Uruguay se aplica lo que determina la gente”. “No es si te gusta más o te gusta menos; acá se aplica la voluntad popular, que es el soberano al cual estamos todos sometidos”, afirmó.

Al rato, Cosse puntualizó a través de X que “es claro que el Ejecutivo debe cumplir con toda la normativa vigente”. No obstante, sostuvo que el Poder Ejecutivo “debe primero generar la reglamentación, sin la cual no debe aplicarse, así como realizar la necesaria capacitación a la Policía”. “Creo, y así se ha pronunciado el FA, que los allanamientos nocturnos de los hogares no son solución a los graves problemas de seguridad que vive el país. Esta propuesta es una maniobra de partidos que no han tenido rumbo ni han solucionado la inseguridad galopante”, añadió.

También a través de X, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, le replicó que “no hace falta ninguna reglamentación” por parte del Poder Ejecutivo. “Hoy en Uruguay ya se hacen allanamientos nocturnos, la reforma que se propone sólo elimina la prohibición referida al hogar. Lo más honesto que puede hacer Cosse es admitir el error y pedir disculpas. La seguridad pública no es para andar talenteando e improvisando para los titulares”, agregó.

La reglamentación sería a través del Poder Legislativo

La papeleta de color amarillo que estará a consideración de la ciudadanía el 27 de octubre propone modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer que nadie podrá ingresar a un hogar sin una “orden expresa y fundada de juez competente”, eliminando la prohibición en referencia a la noche.

Para el abogado constitucionalista Daniel Ochs, en caso de aprobarse, la reforma “no precisa ninguna reglamentación”. En diálogo con la diaria, sostuvo que “regirán las mismas garantías de noche que rigen de día” para los allanamientos, es decir, “la actuación judicial, la intervención de la Fiscalía y demás”.

Actualmente, la forma en que deben realizarse los allanamientos está detallada en la Ley del Código del Proceso Penal (19.293), así como en la Ley de Procedimiento Policial (18.315). Allí se establece, por ejemplo, que el registro de morada sólo puede realizarse “en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol” y “por orden del juez”, la cual será expedida “a solicitud del fiscal”. También se establece que, en caso de que “nadie respondiere a los llamados de la autoridad”, estas dispondrán el ingreso “mediante la intervención de cerrajero, con auxilio de la fuerza pública, en presencia de dos testigos hábiles”.

Consultado al respecto, Ochs señaló que el inciso que establece la prohibición en la noche “pasaría a estar derogado” si se aprobara el plebiscito. Esto es así “porque hay una norma de superior jerarquía que se le opone”. “Se llama oposición superveniente, es un mecanismo por el cual se deroga un acto inferior anterior en el tiempo”, señaló. Ochs sostuvo que, en cualquier caso, la reglamentación de los allanamientos nocturnos debería hacerse mediante “una ley reglamentaria”, aprobada por el Poder Legislativo, pero “no podría, de ninguna manera, reglamentarse la Constitución por un acto administrativo del Poder Ejecutivo”.

Por su parte, el senador del FA y exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera dijo a la diaria que “plantear el allanamiento nocturno como una solución a los graves problemas de seguridad que tiene el país es demagogia y engañar a la gente”. Afirmó que la coalición de gobierno no ha mostrado “evidencia” de que este cambio vaya a solucionar el problema y sostuvo que se trata de “una excusa del gobierno para no reconocer su fracaso en materia de seguridad”. A modo de ejemplo, mencionó la reciente incautación en Portugal de 3.600 kilos de cocaína en un contenedor que pasó por el puerto de Montevideo.

“Necesitamos tener políticas efectivas; decir que el allanamiento nocturno va a solucionar el problema es mentirle a la gente, porque en el puerto de Montevideo, si quisieran hacer un allanamiento a cualquier hora del día o de la noche, lo pueden hacer, pero no se hace”, expresó.

Acerca de la realización de allanamientos nocturnos en un nuevo gobierno del FA, Carrera sostuvo que, “si se aprueba el plebiscito, hay que aplicarlo”, pero puntualizó que, en ese caso, “quien lo va a aplicar es un juez o un fiscal”. El Poder Ejecutivo, sostuvo, “no tiene injerencia como tal”, dado que la Policía “actúa como auxiliar de la Justicia”. “Estamos en un Estado de derecho; no hay duda de que, si sale, la norma tiene que ser aplicada”, subrayó.

De todos modos, Carrera consideró que la aprobación de una ley que reglamentara específicamente los allanamientos nocturnos podría otorgar “mayores garantías” tanto para los funcionarios policiales como para los funcionarios judiciales. “En este caso [la reforma constitucional] podría ser de aplicación inmediata, pero considero que sería oportuno establecer en forma clara cómo se aplicaría este cambio”, señaló.

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