La mayoría de los asesinatos de mujeres que tienen lugar en América Latina y el Caribe son femicidios. Esta es una de las principales conclusiones de un informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que reveló que 59% de las mujeres asesinadas en 2017 en la región murieron por su condición de género.
En el mismo documento, el organismo asegura que “al menos” 2.795 mujeres fueron víctimas de femicidio en 23 países de América Latina y el Caribe en 2017. El énfasis en el “al menos” refiere a que el registro se realizó en los países en donde estas cifras están disponibles, por lo que el número real probablemente sea mayor.
En los países de la región con datos disponibles, 57,6% los femicidios son cometidos por alguien con quien la mujer asesinada tenía o había tenido una relación de pareja, detalla el estudio. Hay dos excepciones: El Salvador, donde esto sucede en 6% de los casos de femicidios, y Honduras, donde esta cifra es de 18%.
La situación de El Salvador en relación a los derechos de las mujeres es, en general, una excepción. En este país centroamericano, el fenómeno de femicidio “alcanza una extensión que no encuentra paralelo en ningún otro país de la región”, afirma la CEPAL. Allí, la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres fue de 10,2 en 2017. De hecho, Amnistía Internacional asegura en su informe 2017-2018 que “los elevados índices de violencia de género siguen haciendo de El Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres”.
Le sigue Honduras, que en 2016 registró una tasa de 5,8 femicidios por cada 100.000 mujeres. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas para 2017, iguales o superiores a dos casos cada 100.000. En la región, sólo Venezuela, Panamá y Perú registran tasas inferiores a uno cada 100.000.
A la hora de comparar la situación de América Latina y el Caribe con otros continentes, la CEPAL resalta la dificultad que plantea la diferencia de criterios a la hora de registrar femicidios. Pone como ejemplo a los países de la Unión Europea, que sólo registran en sus estadísticas regionales las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas en el ámbito privado, lo que supone desafíos en la comparación con el indicador que publica la CEPAL, que también incluye los asesinatos de mujeres que tienen lugar en el espacio público.
De todas maneras, una comparación de las tasas de femicidios registrados en el ámbito doméstico en las dos regiones muestra que Europa tiene índices más bajos. Mientras que en 2017 las tasas de “femicidios íntimos” en América Latina varían desde un máximo de 1,98 por cada 100.000 mujeres en República Dominicana a un mínimo de 0,47 en Chile, la mayor parte de los países europeos registraba a fines de 2016 tasas por debajo de 0,5.
En la última década, la gravedad del fenómeno ha obligado a 18 países latinoamericanos a modificar sus leyes para sancionar el femicidio. El primero en hacerlo, tal como señala la CEPAL, fue Costa Rica en 2007. Le siguieron en los años siguientes Guatemala (2008), Chile y El Salvador (2010), Argentina, México y Nicaragua (2012), Bolivia, Honduras, Panamá y Perú (2013), Ecuador, República Dominicana y Venezuela (2014), Brasil y Colombia (2015) y Paraguay (2016). El último fue Uruguay, el año pasado. Sin embargo, en la mayoría de los países, la reforma de la legislación no se tradujo en un cambio de la realidad. Los números están a la vista.
La medición de los femicidios, aclara la CEPAL, es “particularmente importante” para dar respuestas a las metas de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible vinculadas a la eliminación de “todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.
La comisión entiende que la realidad obliga a los países a emprender más acciones para erradicar la violencia de género. Por eso, establece como uno de los principales desafíos “comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos”. Sólo así, asegura, se podrá avanzar en la creación de políticas públicas integrales para su erradicación.
Además, plantea como otra línea de trabajo fundamental la sensibilización y la capacitación de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que trabajan en la Justicia, “para mejorar los registros de femicidios y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y una cultura de igualdad”.
El organismo también contempla la creación de políticas públicas de reparación dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio, “que consideren asignaciones monetarias que permitan enfrentar los gastos cotidianos de las y los menores de edad”. Todo esto sin olvidar la necesidad de generar acuerdos interinstitucionales que permitan fortalecer el análisis de los femicidios tanto dentro de cada país como a nivel regional.