Las trabajadoras sexuales pertenecen a uno de los sectores económicos informales que más salvajemente están padeciendo las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Argentina. Desde el 23 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Más allá de la decisión sanitario-política frente a la inexistencia de una vacuna contra la covid-19, y con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que la única manera de no contagiarse es mantener una higiene extrema y, sobre todo, aislarse, la cuarentena expuso en algunos casos y recrudeció en otros la emergencia alimentaria y habitacional de las y los trabajadores informales. “Informales” porque no están registrados (ni siquiera como monotributistas), y eso hace que carezcan de todo derecho laboral.
Las y los trabajadores informales en Argentina están en todos los rubros: desde domésticas que no son registradas por sus empleadores, plomeros, gasistas, electricistas que ejercen su oficio de manera independiente, hasta trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, por nombrar algunos. Las trabajadoras sexuales también pertenecen a este grupo. Pero con una contra adicional: la clandestinidad.
Si bien en Argentina la prostitución no es considerada ilegal ni está penada por el Código Penal –que sí pena el proxenetismo y la trata de personas–, existen normas que criminalizan el trabajo sexual autónomo. Como los códigos contravencionales de las provincias, que les dan poder a la Justicia (y en muchos casos, a falta de fiscales en las calles, a la Policía) para multar y arrestar a las trabajadoras sexuales en la vía pública.
Esta especie de “limbo legal” es el que permite la clandestinidad. Y, como en una rueda sin fin, la clandestinidad es la que deriva en la emergencia recrudecida hoy por la pandemia.
“Todos los meses que llevamos de cuarentena se traducen en deudas. Muchas con alquileres, hoteles de familia, que superan los 60.000 pesos”, dice Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Ammar.
Para poner en contexto: hablamos de alquileres de habitaciones o en hoteles de familia que la mayoría de las veces se dan de manera irregular: no se firma nada, se arregla de palabra, no hay recibos, se aumenta cuando el dueño quiere y se desaloja de la misma manera. Por eso, algunas trabajadoras mantienen ahora su techo entregando objetos de valor para que no las desalojen.
En la vida legal, el presidente firmó un decreto que prohíbe los desalojos por falta de pago hasta el 30 de setiembre. Pero en la clandestinidad, todo vale.
En palabras de Orellano: “Hay algo que se queda estancado en las discusiones de los feminismos en cuanto al trabajo sexual. Muy pocas veces podemos contar cuál es nuestra realidad por ejercer un trabajo que si bien no es ilegal en nuestro país, no estamos registradas en ningún lado. Hay una mirada social estigmatizada y muchas de nosotras terminamos pagando el triple de un alquiler o directamente no nos quieren alquilar por miedo, porque creen que nuestra actividad está relacionada a algo delictivo”.
“La prostitución consentida y voluntaria existe”, dicen las trabajadoras sexuales, y la diferencian de la explotación sexual y la trata de personas. En este punto el debate se vuelve similar al de la legalización del aborto en Argentina. No sólo por las cuestiones personales y morales que se ponen en juego, sino por la intención de una parte de la sociedad de querer negar lo que ya existe.
“Creemos que no hay voluntad política para legislar un tema que está atravesado por cuestiones morales”, dice Orellano. “Lo planteamos como legislación laboral, pero tenemos que comenzar a desandar antes mil prejuicios”.
¿Es la sociedad argentina abolicionista? Para Orellano ese es, más bien, un país punitivista. “Todo lo que no quiere ver y quiere ocultar lo hace apelando a endurecer las penas, dándole más poder a la Policía y aliándose con el derecho penal”.
Las putas organizadas
Los primeros días de marzo, cuando en Argentina el coronavirus todavía se consideraba un virus asiático-europeo, en la Ammar se encendieron las alarmas. “Como estamos en contacto permanente con organizaciones europeas, nos empezaron a contar casos de compañeras a las que la situación de no poder salir a trabajar las agarró de sorpresa”, cuenta Orellano.
Entonces, desde la Ammar empezaron a pensar estrategias para tener respuestas concretas a la demanda del colectivo de trabajadores sexuales. Así fue que crearon el Fondo Nacional de Emergencia, una campaña que apeló a la solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad en general.
Con los primeros aportes que recibieron en sus propias cuentas, por Mercado Pago o Pay Pal, compraron mercadería y armaron bolsones. Las primeras semanas había 50 compañeras anotadas para recibirlos.
Actualmente están desbordadas: la demanda que están supliendo no sólo es de alimentos, sino también de remedios, frazadas, estufas, ropa. Con o sin pandemia, las más perjudicadas siempre son las trabajadoras migrantes, travestis y trans. Según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans, 80% del colectivo trans travesti se dedica a la prostitución.
En el contexto de aislamiento social durante la pandemia, varias trabajadoras sexuales se volcaron por completo a la virtualidad y así logran sobrevivir. Pero no es el caso de la mayoría: muchas trabajadoras no tienen acceso a internet y varias más, ni siquiera celular. Esto no sólo las complica a la hora de generar dinero, sino también al momento de tramitar DNI, subsidios, pensiones. Ese acompañamiento también lo están realizando desde la Ammar, con una asistente social y un abogado que una vez por semana atienden en las sedes.
Los lugares donde viven también son un riesgo en medio de una pandemia. ¿Qué pasa si vivís en un hotel donde compartís baño y cocina con otras 60 familias? Para reducir los riesgos, las delegadas de la Ammar se organizaron para hacer también jornadas semanales de limpieza en los hoteles.
La mayoría de las demandas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede principal de la Ammar, la Casa Roja, en el barrio de Constitución, y otra en el barrio de Flores. Pero también tienen sedes en otras 12 provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires.
El registro de la discordia
A principios de junio se dio una situación insólita: el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un formulario online de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Por primera vez, aparecía la categoría “trabajadores sexuales”.
“Que día Peronista, compañeras”, tuiteó Orellano. “El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”.
La noticia se viralizó y el viejo debate entre abolicionistas y regulacionistas volvió a instalarse en las redes sociales. Las regulacionistas y las que van por la despenalización y el reconocimiento de derechos (como las trabajadoras sexuales agrupadas en la Ammar) celebraron el gesto político y concreto. Las abolicionistas denunciaban que el gobierno “estaba reconociendo a la explotación sexual y/o trata de personas como trabajo”.
Para las trabajadoras sexuales el festejo por la posibilidad no sólo de recibir algún tipo de subsidio, sino de por primera vez estar registradas en un formulario estatal, duró unas horas: el escándalo que se generó en las redes y las propias internas entre funcionarias y funcionarios hizo que el ministerio bajase el formulario. Antes de que lo diera de baja, en tan sólo unas horas, se habían inscripto unas 800 trabajadoras y trabajadores sexuales.
La desprolijidad del ministerio para manejar la situación también fue tema de debate en las redes y en los medios de comunicación.
Unas días después el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recibieron a un grupo de trabajadoras sexuales. Allí les contaron que estaban armando una comisión de trabajo especial para discutir de qué manera incluirlas en el registro. Es una comisión a la que fueron invitadas a participar.
“Nosotras aprovechamos para contarles todas las dificultades con las que nos encontramos y decirles que todas las demandas que absorbimos son demandas que le corresponde al Estado absorber y que deberíamos poder canalizar a través del ministerio”, contó Orellano.
Ese canal de diálogo que se abrió es histórico y beneficioso para las trabajadoras sexuales del país. Y ya tuvo sus primeros frutos: por ejemplo, en provincias como San Juan y Mendoza, donde nunca las habían escuchado, las llamaron a los pocos días para asistirlas. Lo mismo en el municipio de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires.