Los testigos son aquellas personas que vieron, escucharon o saben algo que resulta relevante para la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía. El Código del Proceso Penal (CPP) determina que deben decir la verdad –a diferencia de los imputados, que tienen el derecho a no autoincriminarse– y establece que existen distintos tipos de testigos. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía trabaja con todos ellos, pero tiene un programa especial de protección para las víctimas y testigos que corren altos riesgos.
Manuela Reguera, directora de la unidad, explicó a la diaria que el CPP determina que el testigo pasa a tener derechos, que tienen ver “con la protección de su integridad y con la reserva de su identidad en los casos donde se considere que ser visibilizados los pone en riesgo”, y puntualizó que, para los casos de riesgo muy alto, se prevé la relocalización de la persona y su familia.
La relocalización es la medida de protección más extrema y la determina un comité de evaluación de riesgo. El fiscal del caso convoca al Ministerio del Interior y a la Unidad de Víctimas y Testigos y se realiza una escala de valoración del riesgo. Cada institución establece un puntaje y, a partir de eso, se determina si ingresa al programa o se aplicarán “diferentes baterías de medidas”.
Reguera explicó que “a veces esa persona tiene un familiar en otro lugar” y se acompaña su mudanza y otras veces se hacen relocalizaciones transitorias por un período breve de tiempo en otros lugares. “Las relocalizaciones definitivas se dan cuando la persona, por prestar su testimonio, no puede volver a la comunidad”, señaló.
En 2025, la unidad relocalizó a cinco núcleos familiares y en 2024, a 12. Entre 2017 y el año pasado, hubo 608 víctimas y testigos con medidas especiales de protección, según datos de la institución. “La relocalización implica sacar a la familia del lugar y llevarla a otro lado completamente, y muchas de esas relocalizaciones incluyen a niños, niñas y adolescentes. Eso también es un desafío, porque no es solamente relocalizar, sino acompañar el nuevo proyecto de vida que esa familia va a tener en otro lugar. Ahí tenemos alianzas virtuosas con la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Instituto de la Niñez y la Adolescencia, que nos ayudan en la articulación para que esas familias retomen su vida en otro territorio”, expresó Reguera.
La directora de la unidad dijo que en los últimos años han visto un aumento de la cantidad de personas que no quieren declarar porque se sienten amenazadas. Reguera explicó que surgieron “formas de gobernanza criminal más crueles”, que buscan “exhibir lo que hacen” con el propósito de infundir miedo, y “eso también hace que los testigos y las personas que van a declarar se sientan amenazados hasta indirectamente”.
Dispositivos de seguridad rotativos
Ante esta situación, la unidad propuso, en el marco de los encuentros del Plan Nacional de Seguridad, la posibilidad de contar con casas de seguridad para los testigos protegidos. En la iniciativa, a la que accedió la diaria, se describe que actualmente la Fiscalía General de la Nación cuenta con “mecanismos de protección transitorios” que, en realidad, “no condicen con la realidad criminal actual”.
Se advierte que la “criminalidad organizada busca formas de amedrentar y desestimular las declaraciones de víctimas y testigos de formas violentas y amenazantes”. En ese marco, la casa de seguridad se utilizaría para “momentos previos y posteriores a la declaración ante el juez competente” y se trataría de “casas dispuestas espacial y temporalmente para la medida de protección con el objetivo de salvaguardar la integridad física y el testimonio”.
Entre los recursos mínimos requeridos, la unidad solicitó un “espacio físico adecuado y en condiciones para estos fines”; “personal policial para custodiar dado el riesgo”; “coordinación con alimentación, salud y educación en caos de ingreso a las casas con infancias” y “acompañamiento psicosocial en el marco de su participación en el programa”.
Reguera explicó que las casas de seguridad existen en otros países de la región y la iniciativa busca que “sean dispositivos aleatorios”. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos explicó que los dispositivos transitorios con los que actualmente cuenta la unidad son perfectibles y la propuesta apunta a “dispositivos pensados para que sean custodiados por la Policía, que se utilicen previo a la declaración, que esa persona pueda estar ingresada con su familia o con las personas que corran el riesgo por declarar en esos espacios”, señaló.
La propuesta de que sean casas rotativas se debe a que las personas que fueron testigos en una causa muchas veces participan con otro rótulo en otras investigaciones. “Un testigo de un homicidio luego puede ser víctima de otra situación y, posteriormente, imputado, entonces, los dispositivos que tenemos empiezan a hacerse conocidos”, explicó.
“Hemos tenido que sacar personas de las casas de manera rápida porque el riesgo es inminente; teniendo un dispositivo pronto, es mucho más fácil que la persona pueda sentirse protegida y darle una respuesta del Estado, porque esa persona se pone en riesgo porque quiere contribuir con una causa judicial y somos garantes de esa seguridad. Si colocamos a esa persona en un dispositivo de seguridad, no solamente potenciamos el nivel de confianza que pueda tener en el sistema de justicia, sino que resguardamos su integridad y la de su familia”, expresó.