La Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de la Fiscalía General de la Nación atendió en 2025 a 4.043 víctimas y testigos de delitos en todo el país, según datos de la institución a los que accedió la diaria. El número de personas atendidas se mantuvo en comparación con 2024, año en que la cifra se ubicó en 4.050. Del total de personas atendidas en 2025, 80% son mujeres. A su vez, 1.334 de esas víctimas, el 36%, son niñas, niños y adolescentes. Tres de cada cuatro de estas infancias y adolescencias son víctimas de delitos sexuales. “No es una novedad que en nuestro país, lamentablemente, las víctimas tienen cara de mujer, niña y adolescente”, sintetizó en ese sentido la directora de la UVyT, Manuela Reguera, en entrevista con la diaria.
La prevalencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes en la población de víctimas cobra sentido cuando se identifica cuáles son los principales delitos que hacen que estas personas lleguen a las puertas de Fiscalía. La información, en esa línea, refleja que 76% de las personas atendidas el año pasado fue víctima de delitos de violencia basada en género: 58% fueron delitos sexuales –categoría que incluye abuso sexual, violación, atentado violento al pudor, entre otros– y 18% estuvieron asociados a violencia doméstica.
Por otro lado, en 2025 la UVyT brindó atención a 12 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por femicidio. En 2024, esa cifra fue de 15. Desde que se creó la unidad, en 2017, hasta el año pasado, fueron atendidos un total de 196 niñas, niños y adolescentes en el marco de la ruta para la atención a sobrevivientes de femicidios.
Reguera puntualizó que si bien la atención que ofrecen “es a las víctimas de todos los delitos, prevalentemente trabajamos desde el inicio de la unidad con violencia basada en género”. Sin embargo, destacó que en estos últimos dos años, 2024 y 2025, “aumentó mucho lo que respecta al trabajo con víctimas y testigos de homicidios”, un fenómeno que, según consideró, “responde un poco a las nuevas características de violencias más territoriales, organizadas, que lamentablemente poco a poco también están afectando a las infancias”.
En ese sentido, los datos muestran que 8% de las personas atendidas en 2025 son víctimas y testigos de homicidios. En 2024, esa cifra alcanzó 10%. “2024 fue un año muy complejo en cuanto a cantidad de casos atendidos en estos delitos; fue el pico más alto, pero en 2024-2025 se ha mantenido de alguna manera la atención bastante alta de víctimas y testigos de homicidio”, acotó la directora. Dijo además que 50% de estas personas son víctimas y 50% son testigos.
Un servicio “en construcción”
La UVyT cuenta con 38 técnicas, que integran duplas de psicólogas y trabajadoras sociales, y que hoy en día trabajan en 22 de las 33 sedes fiscales que existen en todo el país. “El ideal es tener una dupla psicosocial en cada sede del país, pero la Fiscalía tiene escasos recursos todavía y [la unidad] es una política y un servicio de atención que está en construcción, es relativamente nuevo; el año que viene cumplimos 10 años y, sin embargo, logramos tener 38 técnicos en todo el país”, destacó Reguera.
La directora, que es psicóloga de profesión, explicó que ante “casos de mucha complejidad, de mucha notoriedad pública, pero en donde además la comunidad se ve muy afectada”, lo que intentan hacer es que “la mayor cantidad de técnicas cubran y se apoyen para trabajar en equipo, porque lo que necesitamos es que esas víctimas accedan al derecho de acceder a la Justicia, de ser acompañadas y estar informadas”. Puso como ejemplo los dos infanticidios vicarios de setiembre del año pasado en Soriano, Mercedes, un caso “con tanta complejidad, tanto dolor y tanto sufrimiento”, y que además involucraba a una “familia extensa”, ante lo que la unidad trasladó a cinco técnicos del resto del país para hacer el acompañamiento.
Más allá de los recursos insuficientes, Reguera resaltó como “importante” que en 2024 “ingresaron 14 técnicos más de los que ya teníamos y eso hizo que la cobertura de la atención a víctimas aumentara un 37%”. Agregó que lo que se espera es que, a largo plazo, “se pueda ir de alguna manera progresivamente aumentando la cobertura”, para avanzar hacia “una estructura que se pueda sostener en el tiempo, con supervisiones regionales y con todas las sedes completas con dupla psicosocial”.
Consultada por el pedido de la unidad de cara a la Rendición de Cuentas, proyecto que el Poder Ejecutivo tiene que remitir al Parlamento antes del martes que viene, la especialista recordó que en la ley de presupuesto quinquenal solicitaron la creación de 15 cargos con una partida de 16 millones de pesos, y que si bien los 16 millones de pesos fueron otorgados, no se crearon los cargos. Por lo tanto, en la Rendición de Cuentas introdujeron “un artículo sin costo solicitando la creación de esos cargos”, explicó, porque a lo largo de los años han visto que, “al no tener técnicos, no captamos a las víctimas que están por fuera del sistema”, pero “cuando tenemos técnicos, las víctimas llegan”.