Una fotografía en blanco y negro aparece en la pantalla. Muestra a un grupo de mujeres bien cerca unas de otras, en una especie de abrazo para entrar en el plano. La mayoría, con el rostro serio, mira hacia un punto fuera de cámara, como si esperaran algo. Al pie de la imagen se lee: “Falta de acceso a la Justicia para mujeres víctimas de tortura sexual en el marco de la dictadura uruguaya”. El silencio se interrumpe con la voz de una mujer: “Nosotros no podíamos llegar a morirnos sin que la gente supiera las atrocidades que hicieron”. Es Lucy Menéndez, ex presa política e integrante del grupo de 28 mujeres que en 2011 denunciaron las torturas y la violencia sexual que sufrieron durante el terrorismo de Estado.
Al testimonio de Menéndez le siguió el de otras mujeres que relataron el difícil proceso, individual y colectivo, de poner en palabras las atrocidades que sufrieron por su condición de mujeres y militantes, y reflexionaron sobre la cultura de la impunidad y el machismo que sostiene y naturaliza la violencia sistemática contra las mujeres, ayer y hoy. El video fue el puntapié inicial de la mesa de diálogo “Memoria, justicia y reparación: violencias de género durante la dictadura uruguaya”, que tuvo lugar el lunes en la sala Maggiolo de la Universidad de la República (Udelar).
La abogada Flor de María Meza Tananta, integrante de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar y moderadora de la mesa, fue la primera en tomar la palabra. En línea con los testimonios de las protagonistas del video, remarcó que “la experiencia de las mujeres [durante la dictadura] presentó rasgos propios que durante décadas permanecieron en los márgenes del relato público”. Muchas fueron sometidas a tortura y violencia sexual, desnudez forzada, amenazas hacia sus hijos y otros vínculos familiares, y “otras prácticas que tomaron el cuerpo, la sexualidad y la maternidad como territorio específico del castigo”, señaló. En ese sentido, explicó que el espacio se organizó con el objetivo de “contribuir a una comprensión más amplia del carácter de género de la represión y de su lugar aún pendiente en la justicia transicional uruguaya”.
Por su parte, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, destacó el proceso colectivo que siguieron las ex presas políticas para reconstruir y hacer públicas sus memorias. “Lo hicieron de forma feminista: reuniéndose en grupos, discutiendo, debatiendo y recordando de manera horizontal para poder construir sus memorias”, valoró. También reafirmó el compromiso de la Udelar con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, y destacó el trabajo “codo a codo” con las ex presas políticas para “dar a conocer sus historias, investigar y difundir los hallazgos como parte de garantizar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad”.
“El tema que nos convoca no es solo un tema del pasado o de reparación a unas víctimas concretas”, sostuvo, a su turno, la docente de Udelar y coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, Mariana Achugar. “Tiene que ver con la defensa de los derechos humanos hoy”, agregó, y recordó que apenas el día anterior se había producido el femicidio de Antonela, una joven de 26 años, estudiante de la Udelar. “Eso nos muestra cómo estos temas, lamentablemente, tienen que ver con una cultura en la que la violencia de género se ha naturalizado”, apuntó. “Este caso [de las ex presas políticas] es central porque es el mismo Estado el que ejerció la violencia de género. Entonces, cuando la máxima autoridad es la que vulnera derechos y no hay ninguna rendición de cuentas, ¿cómo podemos esperar que el resto de la población piense que esto no es aceptable?”, cuestionó.
Del silencio a la denuncia colectiva
Silvia Sena y Lucía Arzuaga, integrantes del grupo de ex presas políticas, repasaron el camino recorrido por las mujeres hacia la presentación de la denuncia colectiva y las respuestas de la Justicia hasta ahora.
Sena recordó que la propuesta de realizar una denuncia penal conjunta surgió en 2010, después de décadas de silencio en torno a las violencias vividas. “Nunca habíamos podido hablar ni con nuestras madres ni con nuestras parejas ni con nuestros amigos”, dijo. Pero sortearon las dificultades para hacerlo, y contar sus historias les permitió “abandonar la posición de humillación, culpa, vergüenza e impotencia” y “salir del lugar de víctimas para pasar al de sujetas de derecho”.
En octubre de 2011, las ex presas políticas denunciaron a 108 agentes del Estado por torturas y violencia sexual. Casi 15 años después, solo dos fueron condenados y tienen sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia; otras seis personas fueron procesadas con prisión –cinco cumplen arresto domiciliario– y hay una persona prófuga con orden de detención. Además, está en trámite una nueva solicitud de procesamiento presentada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad contra otros dos denunciados, detalló Arzuaga.
Cuatro mujeres murieron mientras esperaban justicia. “No ha habido reparaciones simbólicas, pedidos de perdón, declaraciones públicas ni reconocimientos”, apuntó Arzuaga. También dijo que si bien han pasado más de 40 años desde la recuperación democrática y eso puede ser poco “en tiempos históricos”, “en tiempos humanos es más de la mitad de la expectativa de vida en Uruguay”.
Ante la demora de la Justicia uruguaya, el grupo decidió elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021. Al año siguiente participaron en una segunda audiencia, convocada de oficio por la propia comisión. Después de todos estos años, las ex presas políticas se preparan para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Hacer pública una memoria silenciada
La historiadora y docente Graciela Sapriza habló de la invisibilización de las mujeres en la historia: “Siempre aparecemos y rápidamente se borra nuestra presencia”. Y de manera literal: durante las investigaciones que realizó sobre la dictadura, se encontró con varios casos de mujeres que manifestaron haber estado presas durante años, pero sus nombres no aparecían en los documentos oficiales. Por eso, subrayó el aporte de las propias protagonistas, los feminismos y los movimientos de derechos humanos para visibilizar esas historias y llevarlas a la esfera pública. “El acceso a la palabra es algo como acceder a un nivel político”, es decir, “hacer público lo vivido”, afirmó.
Sapriza también reflexionó respecto de los trabajos sobre la memoria y planteó que la revisión del pasado reciente “no nos tiene que llevar a un presentismo”, sino servir para “proyectar nuevas utopías” y “nuevos proyectos”. “No quedarse bloqueado, no bloquear el futuro a través de solamente hablar de la violación de los derechos en el pasado. ¿Qué pasa con la violación de los derechos actuales?”, preguntó.
Por su parte, Gabriela Fried, profesora de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, hizo hincapié en el “silenciamiento social” que recayó sobre las ex presas políticas. Para mostrar el peso de esas violencias y cómo continuaron afectando sus vidas durante décadas, citó las palabras de Mirta Macedo –“hace 35 años que nosotras llevamos esta carga sobre nuestros hombros”– y las de Beatriz Benzano –“después de muchos años sentimos que no nos hemos liberado de eso que sufrimos y que sigue condicionando nuestras vidas, nos sigue doliendo”. Ambas, ex presas políticas y denunciantes, murieron mientras esperaban una respuesta de la Justicia.
Asimismo, la profesora reforzó el carácter social de las violencias vividas en las cárceles políticas, sostenidas por una cultura de la violencia e impunidad que persiste hasta hoy. “No hemos logrado, como sociedad y tal vez como región, abrir un poco y desentramar esa trama de impunidad que sigue doliéndonos y afectándonos”, afirmó.
El camino interamericano
La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Johanna González repasó sentencias de la Corte IDH sobre violencia sexual ejercida por agentes estatales que establecieron estándares relevantes para el reclamo de las uruguayas. Mencionó los casos Miguel Castro Castro vs. Perú (2006), Fernández Ortega y otros vs. México (2010) y Rosendo Cantú y otras vs. México (2010). En estos fallos, la Corte definió la violencia sexual de “una manera amplia” como “acciones de naturaleza sexual cometidas sin el consentimiento de la persona que pueden incluir actos que no involucran siquiera el contacto físico”, y también reconoce la violencia sexual como tortura, señaló González.
También se refirió a los casos Espinoza Gonzales vs. Perú y Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, en los que la Corte profundizó los “deberes de no revictimización”, entre ellos grabar y transcribir las declaraciones para evitar que las víctimas deban declarar varias veces. Como antecedentes uruguayos, señaló las condenas al Estado en los casos Gelman en 2011 y el caso de las “muchachas de abril”, en 2021.
Antes de cerrar la actividad, hablaron las ex presas políticas Ivonne Klinger y Cristina Ramírez, que retomaron las palabras de sus compañeras y extendieron los reclamos de justicia. Klinger recordó las palabras del capitán retirado Asencio Lucero, uno de los procesados con prisión en esta causa, durante su declaración ante la Justicia: “La desnudez ablanda a las mujeres, era necesaria”. “Y yo me quedé pensando –continuó Klinger–: ¿y la impunidad a quién ablanda? ¿A la sociedad? ¿A la Justicia? Porque fue el Estado el que nos desnudó”.