Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, definida como “la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación”, según la ley que nuestro Parlamento aprobó en 2018. Es una problemática que constituye un delito, una grave violación de los derechos humanos y una forma de violencia basada en género, en tanto a nivel global, y también en nuestro país, el destino más frecuente es la explotación sexual y la gran mayoría de las víctimas son las mujeres, niñas y adolescentes.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, referentes de la sociedad civil y de instituciones del Estado analizaron con la diaria el panorama actual, que entre otras cosas refleja el ejercicio de nuevas formas de captación y explotación –en contextos de violencias vinculadas al crimen organizado o a los entornos digitales–. A su vez, se identifican mayores niveles de “crueldad” en las formas de trata de las que son víctimas las mujeres atendidas en los servicios estatales.
Entre el 1° de enero de 2020 y el 23 de junio de 2026, la Fiscalía registró 1.685 denuncias por trata de personas y delitos asociados –aquellos que se cometen como medio o fin de la trata–, según informó la institución a la diaria en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. Durante ese período, el delito más denunciado fue el de comercio y difusión de material pornográfico de niñas, niños y adolescentes (NNA) (743 en total), seguido por contribución a la explotación sexual de NNA (461), retribución o promesa de retribución a NNA (206) y trata de personas (126). Los datos brindados muestran que 74% de las víctimas son mujeres. Con respecto a las edades, surge que la enorme mayoría tiene menos de 18 años (77%).
Las cifras de denuncias que lograron una condena son bastante más bajas: de las registradas entre el 1° de enero de 2020 y el 5 de junio de 2026, solo 242 tuvieron condena, mientras que 893 fueron archivadas.
Pese a la dimensión del problema en nuestro país, donde se identifican tanto situaciones de trata internacional como de trata interna –que es la que se da cuando la captación, el traslado, la recepción y la explotación de las personas tienen lugar al interior del país, entre departamentos e incluso entre barrios–, el tema sigue estando invisibilizado a nivel social y su abordaje desde el Estado presenta varios desafíos.
La ley de trata aprobada en 2018 establece disposiciones para la prevención, persecución y sanción de esta problemática, así como directrices para la atención, protección y reparación de las víctimas. En ese sentido, expertas aseguran que es una ley ejemplar en la región. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil afirman que la ley no tiene asignado el presupuesto que requiere y eso se refleja en las “dificultades” que hay para su aplicación.
La atención del servicio de Inmujeres
El Servicio de Atención a Mujeres Adultas Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual es gestionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en convenio con organizaciones de la sociedad civil y ofrece asistencia psicosocial así como patrocinio jurídico en los casos en que las mujeres decidan hacer la denuncia. Hasta hace unos años, este servicio funcionaba con cuatro sedes, en Montevideo, Paysandú, Paso de los Toros y Melo, pero en la administración pasada hubo interrupciones en la atención, después de que Inmujeres decidió no renovar el convenio con la asociación civil El Paso, y por unos meses se instalara un servicio “de emergencia”.
La actual directora de Inmujeres, Mónica Xavier, dijo hace dos semanas en la diaria Radio que ahora el servicio está centralizado en Montevideo, con capacidad para poder ir a localidades del interior que requieran respuesta. La organización conveniante es Agenda de Derechos, conocida como RAD por sus siglas en inglés, un “equipo con vasta experiencia, tanto a nivel nacional como internacional”, señaló la supervisora del servicio de trata, Alicia López, en diálogo con la diaria.
La referente dijo que si bien, como declaró Xavier, “anteriormente se viajaba más al interior, ahora estamos en un contexto en el que podemos dar respuesta en zona metropolitana y a todo el interior a nivel de apoyo a los equipos”. “Dentro del Sistema de Respuesta tenemos servicios de atención a violencia en todo el país, entonces coordinamos estrategias de trabajo y ahí evaluamos si las usuarias pueden ser derivadas a Montevideo o si es necesario trabajar con ese equipo, pero sí tenemos una respuesta a nivel nacional”, insistió, y aseguró que “no hay ninguna situación en el país que quede sin respuesta”.
En la misma línea, Adriana Fontán, coordinadora del Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género de Inmujeres, dijo que el equipo “está integrado por 12 técnicas y técnicos” y puntualizó que, “a fin del año pasado”, se aumentó “la cantidad de personas y de horas técnicas”, por lo que “actualmente las horas son suficientes para la demanda que nos va llegando”.
Entre 2020 y 2025, el servicio registró el ingreso de 222 mujeres adultas víctimas de trata, según datos a los que accedió la diaria. Dentro de ese período, 2022 fue el año que registró más ingresos, 69, mientras que en 2024 hubo apenas 2. En 2025, luego de que se retomó el funcionamiento normal del servicio, hubo 37 nuevos ingresos. En este momento se están atendiendo 61 mujeres, dijo López, independientemente de la cantidad de seguimientos de casos y de asesoramientos a otros equipos.
Formas de trata más crueles y aumento de víctimas uruguayas
Consultada sobre posibles cambios en las características de la trata sexual en este último tiempo, López apuntó que, siempre en base a las situaciones que llegan al servicio, se puede percibir “cómo lo que nosotros llamamos gobernanza criminal opera en los territorios y va también operando en el cuerpo de las mujeres y en las formas de violencia”.
“Se ve en la consulta que la violencia con la que las mujeres llegan es mayor a la que se veía en años anteriores; hay muchas mujeres que llegan amenazadas de muerte, se da mucho la situación de las bandas de territorio que también captan los cuerpos de las mujeres, es decir, que también las mujeres pasan a ser de alguna manera parte de esas cuestiones de propiedad territorial, pero también se ve mucho la crueldad en las formas”, describió la supervisora del servicio. “Antes no se veía, por ejemplo, de una forma tan brusca, la tortura, que hoy vemos con mucha más asiduidad que en el tiempo pasado”, aseguró.
López atribuyó este recrudecimiento de las situaciones de trata a “un recrudecimiento en todas las formas de violencia”, no solamente en Uruguay, sino que es “una cuestión internacional”. A modo de reflexión personal, dijo que esto “tiene que ver con un montón de cuestiones ideológicas, de política, que son parte del cambio en la forma de los delitos y cómo se van estableciendo. Eso me parece muy importante porque años atrás no hablábamos de la gobernanza criminal, de cómo se instalan las redes en los barrios y se adueñan y se apropian de las casas, de los comercios y de las personas”.
Otras características novedosas que destacó tienen que ver con “cómo muchas veces se coloca a las mujeres en un lugar de rehenes en las bocas”, “se traen mucho más las amenazas con armas de fuego, que por ahí antes no eran una constante”, además de “otros tipos de violencias y otros tipos de captación”. Acerca de las modalidades de captación, dijo que “ya no es solamente el engaño, sino que hay una construcción desde la red [de tratantes] mucho más meticulosa que dificulta mucho más poder ver el daño”. Al mismo tiempo, remarcó que los equipos ven “muchas situaciones en las que hay una cuestión de soborno, de alguna manera, tomando de rehenes a las familias o a las personas allegadas” a la víctima. “Estamos en un escenario que nos desafía permanentemente a pensar en las estrategias de intervención y a pensar mucho también en el cuidado tanto de las mujeres como de los equipos”, sintetizó.
A su vez, señaló que el hecho de que la captación y la explotación también se ejerzan a través de las plataformas digitales “complejiza poder intervenir en el delito, porque es muy difícil poder hacer un seguimiento de una red que por ahí está captando en Uruguay, pero su centro está en otro país. Entonces, deslocalizar el delito no solamente aumenta su invisibilización, sino que también aumenta la forma de poder actuar sobre el delito”.
Por otra parte, López dijo que, “generalmente, era muy alto el porcentaje de mujeres extranjeras” que llegaban al servicio, pero que “en este último año” hubo un aumento de las víctimas uruguayas y “ahora prácticamente tenemos la misma cantidad de mujeres extranjeras que uruguayas”. Fontán aclaró que, si bien esto podría “reflejar” un aumento de casos de trata interna, no se puede sacar esa conclusión solo en base a los datos del servicio, sino que “es necesario hacer un enfoque más amplio del problema”.
Las urgencias según la sociedad civil
Sandra Perroni es integrante de El Paso y delegada de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo en el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, el espacio interinstitucional creado por ley que integran representantes de distintos organismos del Estado y la sociedad civil, y preside Inmujeres.
En conversación con la diaria, Perroni celebró que las organizaciones civiles tengan un espacio en ese ámbito, algo que “no pasa en todos los países”, pero consideró que “no hay una estructura que sostenga el funcionamiento del consejo”: “No tiene un grupo constante de trabajo que pueda estar planteando distintas actividades, actualizando el plan de trabajo, haciendo los informes, los monitoreos, generando campañas de prevención y de promoción de derechos, y eso es una debilidad”. También opinó que la ley representa “un muy buen marco jurídico”, pero que “a la hora de aplicarse tiene sus dificultades” porque “no tiene presupuesto”.
Consultada sobre cuáles son las principales urgencias que enfrenta nuestro país en la materia, la referente dijo, en primer lugar, “la identificación de las personas víctimas de trata”, porque “si no las identificamos, no podemos darles la atención y la protección que es necesaria”. Se refirió, además, a la necesidad de que “el Estado garantice las necesidades de atención y acceso a la Justicia de todas las víctimas de trata y que pueda reparar en el ejercicio de los derechos vulnerados”, “que la trata laboral se empiece a visualizar como una problemática instalada en nuestro país”, “que se pueda hacer un diagnóstico que dé posibilidades a un servicio de atención a varones” –como contempla la ley– y “todo el capítulo de infancia y adolescencia”. Afirmó además que “Uruguay necesita tener una campaña de prevención de la trata con fines de explotación sexual”.
Con relación a la atención a las víctimas, Perroni destacó que el Instituto del Niño y Adolescente “ha ido avanzando y hoy por hoy tiene más respuesta a la trata y a la explotación sexual, con un servicio en Montevideo y cuatro en el interior, en Artigas, Colonia, Rivera y Maldonado”, pero que el servicio de Inmujeres está “muy centralizado y muy focalizado en situaciones de trata sexual”, “dejando de lado lo que es atención de trata laboral y atención de varones”.