Este jueves, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE) presentó un informe de gestión que analiza la situación del país entre el 1° de marzo de 2025 y el 30 de junio de este año. Una de las principales conclusiones del documento respecto del panorama actual es que “prevalece la identificación de situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual, así como la explotación sexual de adolescentes, y se comienza a identificar con mayor frecuencia situaciones de trata de varones con fines de explotación laboral”.
El informe también asegura que, en base al análisis con el equipo técnico del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual y/o Laboral que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se observa que este problema “va en ascenso en especial por las condiciones de alta vulnerabilidad y exposición que se están presentando en algunas situaciones de migración internacional, así como el crecimiento de las redes vinculadas al crimen organizado en el país”.
Los datos presentados por este servicio, que atiende a mujeres adultas, muestran que entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron atendidas 37 víctimas de trata. Casi la mitad de ellas, 42%, son uruguayas y el resto migrantes (39% dominicanas, 5% cubanas y 13% de otras nacionalidades). En cuanto a las edades, 24% tiene entre 18 y 25 años, 29% tiene entre 19 y 35, y 49% son mayores de 35. En cuanto a la ascendencia, 55% son mujeres afro, 32% no afro y del 13% restante no hay datos.
Por otra parte, el documento refleja que 63% son víctimas de trata internacional y 26% de trata interna. En tanto, 66% son víctimas de trata sexual, 13% de trata sexual laboral, 3% de trata laboral, y de 18% no se tiene información.
El CNTE puntualiza que “hay un alto porcentaje de mujeres uruguayas en comparación con mujeres extranjeras” atendidas por el servicio de Inmujeres a diferencia de otros períodos, lo que se atribuye al “crecimiento de las redes delictivas vinculadas sobre todo al narcotráfico en el país”.
En relación a las tendencias identificadas en la población atendida en el período, se pueden observar “dos perfiles diferenciados en cuanto a las edades”. El documento señala que la mayoría de las mujeres mayores de 50 años “son de nacionalidad uruguaya y se caracterizan por una larga trayectoria de vinculación a la explotación sexual por falta de oportunidades laborales, bajo nivel educativo y vulnerabilidades múltiples a lo largo de su vida, explotación sexual desde la adolescencia, abuso sexual intrafamiliar, violencia intrafamiliar, relaciones con parejas que han ejercido violencia basada en género”.
En cambio, las mujeres migrantes se presentan “mayormente con nivel educativo terciario, reconocen la captación y el engaño, y el verse en una situación de explotación sexual, que es vivenciada con vergüenza y ocultamiento de la situación”. También se identifica “un vínculo entre las condiciones de vulnerabilidad en que se dan algunas trayectorias migratorias y el riesgo de exposición a situaciones de explotación y mayor riesgo”.
En cuanto a las mujeres jóvenes, “están generalmente vinculadas al circuito de consumo de drogas, lo que las lleva directamente a estar inmersas en las redes de narcotráfico, y la salida y reconocimiento de la situación de explotación se ve limitado por el efecto del consumo y la vinculación a estos circuitos criminales”.
Factores de riesgo y nuevas modalidades
El Consejo identifica otros factores de riesgo “relacionados al daño que genera la situación de trata con fines de explotación sexual, que se ven reflejados en la salud mental y física que presentan la mayoría de las usuarias”, y que se suman “a las dificultades en el acceso a la atención inmediata y adecuada en salud mental y física”.
Menciona, por ejemplo, que muchas usuarias del servicio de Inmujeres “están o han estado en situación de calle por falta de respuesta adecuada a su situación, o por pernoctar en refugios nocturnos, pensiones u hoteles”, y que también aumenta el riesgo para mantenerse en el circuito de explotación frente a “la falta de oportunidades laborales acordes a sus necesidades, ya que con lo que se cuenta muchas veces es la derivación a programas sociolaborales que tienen una duración corta y un salario bajo”.
Otro riesgo identificado es la presencia de hijas e hijos de las mujeres “que deben quedar muchas veces al cuidado de personas de las redes de trata o vinculadas a ellas, o incluso ir al lugar donde se produce la explotación, estando expuestos/as a diversos riesgos”.
El informe afirma al mismo tiempo que “las formas de captación han cambiado, así como la identificación de los responsables”. En ese sentido, señala que “la existencia de plataformas digitales presentan mecanismos distintos de captación y operan de forma tal que dificultan el reconocimiento de la situación y su denuncia por no identificar un lugar físico ni a las personas que cometen este delito”.
También apunta que “la utilización de apartamentos privados para el trabajo sexual” surge “como lugares de explotación, siendo una modalidad que está en crecimiento permanente, sobre todo en Montevideo y área metropolitana”. “Esta modalidad incrementa la irregularidad, los riesgos de las trabajadoras y la falta de controles estatales, por la poca visibilidad que tienen”, detalla el texto.
Por su parte, la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía identifica en los dos últimos años “un viraje en lo que respecta a las víctimas atendidas, dándose un aumento significativo de varones migrantes en situación de trata con fines de explotación laboral”. En esa línea, refiere a dos situaciones que describe como un “hito”: una descubierta en febrero de 2024, “con 27 víctimas varones y 1 víctima mujer, todos migrantes, en situación de trata con fines de explotación laboral”; y otra, de diciembre de 2025, “con 50 víctimas, 49 varones y 1 mujer, migrantes, también en situación de trata con fines de explotación laboral”. “Este cambio no es ajeno a lo sucedido en el último tiempo en la región”, especifica el informe.
Relacionado a esto, las operaciones realizadas por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, del Ministerio del Interior, revelan que antes “las víctimas de trata eran casi en exclusividad mujeres y su captación era con la finalidad de la explotación con fines sexuales”, pero “esto ha cambiado en el último lustro, donde se han realizado intervenciones vinculadas a trata con fines de explotación laboral, cuyas víctimas han sido varones”.
En el capítulo referido a infancias y adolescencias, lo que informa el Instituto del Niño y Adolescente es que “las principales víctimas continúan siendo adolescentes mujeres, especialmente entre 14 y 16 años, siendo una característica sostenida del fenómeno”. Las situaciones se detectan, en su mayoría, en entornos familiares y comunitarios, y las modalidades más frecuentes “siguen siendo los actos sexuales remunerados o con promesa de remuneración, y las llamadas ‘parejas arregladas’”.
En materia de la persecución del delito, los datos presentados por Fiscalía muestran que en 2025 fueron imputadas 81 personas por trata y delitos asociados, mientras que la información del Poder Judicial señala que el año pasado 65 personas fueron condenadas por trata con fines de explotación sexual y cinco por trabajo forzoso.
Principales desafíos
El informe recoge los principales desafíos para el combate y la prevención de la trata en Uruguay, que van en línea con las prioridades que se marcó el CNTE para el período, según lo que se lee en el documento.
Entre esos desafíos, se menciona “continuar trabajando en el fortalecimiento de la interinstitucionalidad”, “avanzar en la descentralización de la política pública”, “fortalecer la articulación entre equipos técnicos del Sistema interinstitucional de Respuesta y el sistema de justicia en pos de garantizar el acceso a la Justicia”, “profundizar la identificación de situaciones de trata interna”, e “implementar servicios específicos de atención a varones adultos en situación de trata y explotación”.
Por otra parte, el Consejo señala la necesidad de “mejorar la capacidad de atención y el acceso a los servicios del Sistema Interinstitucional de Respuesta”, reconoce que “en lo referente a la atención ya existente persisten debilidades relacionadas al proceso de salida de la situación de trata y explotación de personas, así como las respuestas en materia habitacional, en relación a la inserción laboral y la integración sociocultural”, y apunta a la importancia de “diseñar e implementar una respuesta de alojamiento 24 horas especializada para víctimas de trata y explotación de personas”.
En el documento define como “un aspecto transversal” la importancia de “continuar fortaleciendo el presupuesto destinado a recursos materiales y humanos, de manera de acompañar y potenciar la efectiva aplicación de la Ley Nº 19.643”, de trata de personas, aprobada en 2018.