El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Mevir firmaron este lunes un convenio que otorgará 500 soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia basada en género. Según especifica el acuerdo, serán destinatarias del programa todas las mujeres que reciban acompañamiento de los servicios públicos especializados en violencia de género y de organizaciones de la sociedad civil que “cumplan con los criterios para derivar situaciones al proyecto”. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión interinstitucional, conformada por los organismos que suscribieron al convenio, que considerarán “las particularidades de cada caso y el momento del proceso en que se encuentre cada mujer”.
La firma, en realidad, constituye una renovación y ampliación de una política pública que Inmujeres, Mevir y el MVOT lanzaron en 2009 en el interior del país y que, a partir de 2011, se convirtió en un programa de alcance nacional.
El convenio firmado este lunes plantea novedades respecto de la iniciativa original. Uno de los cambios es que, además de contemplar a mujeres en situaciones de violencia basada en género, incluye a víctimas de trata, tanto con fines de explotación sexual como con fines laborales.
Otra novedad es que el subsidio cubre la totalidad del alquiler y contempla, por primera vez, la cobertura de otros gastos asociados al contrato de arrendamiento, como comisiones inmobiliarias y gastos comunes, componentes que “hacían muy difícil, para las mujeres sin autonomía económica, sostener estos procesos de salida” de las situaciones de violencia, enfatizó la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, durante la firma del convenio.
“Cualquiera sabe que para tomar un camino de liberarse de las situaciones de violencia es complejo y una mujer que no tiene autonomía económica y que no tiene una solución habitacional, muchas veces decide seguir estando sometida a una situación de violencia que debería no ser tolerable ni un minuto más”, afirmó Xavier.
La jerarca dijo que otra “mejora sustantiva” que se incorpora es que si una mujer beneficiaria decide renunciar al subsidio “porque su situación mejora y egresa” del programa, el cupo se renueva para que pueda utilizarlo otra persona. “Eso da muchas más oportunidades a las mujeres, por tanto, es un desafío del Estado el poder hacer conocer esto y el poder acercar la necesidad de las mujeres a esta alternativa”, sentenció. A su vez, adelantó que Inmujeres, en paralelo al acompañamiento social, psicológico y jurídico que ofrece en los servicios, también acompañará a estas mujeres en la adaptación de la vida “en otro hábitat, en otro contexto”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió a la violencia de género como “una realidad durísima que tiene Uruguay”, que “con mucha frecuencia se cobra la vida de las mujeres”, que “tiene causas en un orden social en el que lamentablemente se naturalizan comportamientos de violencia, de dominación, de opresión de los varones sobre las mujeres”, y que “no puede ser enfocado solamente desde la asistencia en una sola dimensión de la vida de las personas”. En esa línea, dijo que “el factor de la autonomía económica es un factor esencial” y que también lo es “la posibilidad de pensar en una vivienda para una mujer con sus hijos o una mujer que se emancipa de una situación en la que es víctima de violencia basada en género en cualquiera de sus formas”.
“Por eso, este convenio no es una herramienta auxiliar, sino que es un componente fundamental dentro de un abordaje integral de un problema que todos los días demanda al Estado uruguayo una acción más decidida, que destine más recursos y más esfuerzos para tratar de revertir esta realidad tan dura”, agregó el ministro.
En tanto, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, recordó que este convenio está enmarcado en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat aprobado en la Ley de Presupuesto, y resaltó particularmente que el subsidio incluya la cobertura de otros gastos más allá del monto del alquiler, porque en la evaluación de esta política pública la cartera identificó que, “para ciertas mujeres, no alcanzaba la solución habitacional, sino que poder sostenerla también era un problema”.