La propuesta que el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola presentó a principios de octubre a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para desestimular los abortos está a estudio de las autoridades de la institución aunque su presidente, Leonardo Cipriani, considera que es “poco viable”, según dijo a Búsqueda. La iniciativa, que se llama “Por venir”, propone, entre otras cosas, que el equipo interdisciplinario que atiende a mujeres que buscan interrumpir su embarazo tengan la opción de vincularse con el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih), una organización que trabaja con “familias vulnerables” y “mujeres en situación de alto riesgo social”.
Más allá de lo que propone el proyecto y de si se aprobará o no, Cipriani insistió en la necesidad de respetar el derecho de la mujer “que quiere ser madre y, de repente, no puede por algún problema social”. En ese sentido, dijo al semanario que ASSE quiere asegurarse de que los asistentes sociales que integran los equipos de Interrupción Voluntaria del Embarazo “estén cumpliendo la función de que si una mamá desea seguir adelante con su embarazo y para eso está necesitando algún apoyo de los que desde el Estado, si trabajamos en red, le podemos brindar, esté todo aceitado”. “Que no nos pase que estos grupos actúen de una manera muy automatizada, firmando todos los pases para que se lleve adelante el procedimiento. Si una mamá quiere respetar y llevar adelante su embarazo, el Estado tiene muchísimos medios para colaborar”, agregó el jerarca, y adelantó que junto con la gerencia asistencial evalúan “revisar los procesos, como hay que hacer”.
El presidente de ASSE también fue consultado por la designación como referente en Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria metropolitana de la ginecóloga Gabriela Fischer, que fue señalada por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) como “públicamente provida”. La directora de la organización, Lilián Abracinskas, dijo a El País que la profesional incluso “intercedió para que una mujer no pudiera completar su proceso de interrupción del embarazo”.
Al respecto, Cipriani dijo que Fischer “es recomendada al directorio por el equipo de la Red Metropolitana” y aseguró que, “por las referencias específicas” que la institución tiene de ella, sabe que “va a cumplir con los requerimientos que tiene ASSE”. También consideró que se quiere “politizar el tema” y que “no lo comparte”, porque “hay que tener respeto por los pacientes y por los profesionales”. “Que pidan la auditoría que quieran en el momento que quieran”, agregó; “cumple con todo lo que marca la ley”, aseguró.
Las declaraciones de Cipriani tienen lugar días después de que un informe del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU revelara que no hay datos sobre ginecólogos objetores de conciencia en 25 de los 81 servicios de IVE reportados por el Ministerio de Salud Pública. De esos 25 servicios, 21 pertenecen a ASSE. El documento también señaló que 5% de los 56 servicios que cuentan con cifras oficiales tiene 100% de objetores: se trata de los hospitales de ASSE en Cerro Largo (Melo), Colonia (Colonia del Sacramento) y Soriano (Mercedes).