La directora de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Josefina González, encabezó la presentación del Consejo Departamental de Diversidad Sexual y destacó que Rivera se convirtió en el octavo departamento del país en contar con un organismo de este tipo. La jerarca explicó que la iniciativa responde a una línea de descentralización y llegada efectiva a los territorios para acercar a las partes y construir respuestas colectivas.
La instancia busca consolidar un espacio político de diálogo, propuesta, monitoreo y seguimiento de políticas públicas entre el Estado y la sociedad civil.
González señaló que la estrategia apunta a regionalizar y optimizar tiempos, administrando las energías de quienes integran el movimiento social desde hace años y que suelen concurrir a los diferentes espacios.
En el caso de Rivera, el consejo funcionará inicialmente en la capital departamental, pero el objetivo es extender las sesiones a otras localidades como Tranqueras. Desde el Mides se enfatizó la importancia de tener presencia en aquellos territorios donde las políticas públicas y las representatividades a menudo no llegan debido a las distancias, y donde las resistencias suelen evidenciarse con mayor fuerza.
En este sentido, la jerarca hizo mención al reciente episodio ocurrido en Tranqueras, donde activistas locales decoraron árboles en la plaza principal con mensajes alusivos al Mes de la Diversidad y el alcalde Luciano Viera retiró la intervención. “Por eso es muy importante marcar presencia con una clara línea de descentralización y estar en los lugares donde es necesario”, subrayó, poniendo como ejemplo el trabajo de la Mesa de la Diversidad de Río Negro, que sesionó recientemente en San Javier junto a las autoridades locales.
Frontera, vulnerabilidad y trata de personas
Durante la conferencia de prensa, González reflexionó sobre el contexto regional e internacional, advirtiendo sobre el avance de discursos fascistas y de odio que atentan contra los derechos de la población LGBTIQ+.
Al referirse concretamente a la realidad de la frontera Rivera–Livramento, destacó la riqueza de la convivencia binacional, pero advirtió que la zona es permeable a problemáticas complejas como la trata de personas, la prostitución y la explotación sexual. Subrayó que la situación de las personas trans —muchas veces obligadas a la prostitución— debe ser un tema prioritario en la agenda de trabajo del nuevo consejo departamental.
Asimismo, contrastó la realidad institucional de Brasil, que avanza en la construcción de derechos, con el escenario de Argentina bajo la administración del presidente Javier Milei, donde señaló un incremento preocupante de la violencia física y los asesinatos hacia la colectividad trans y LGBTIQ+, impactando indirectamente en la región.
Estrategias frente a los discursos de odio
La directora recordó el reciente lanzamiento nacional del Mes de la Diversidad, realizado por primera vez fuera del centro de Montevideo, específicamente en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, con el fin de priorizar la agenda en los barrios. En dicha instancia se evaluó el cumplimiento de normativas vigentes, como la Ley Integral para Personas Trans y las cuotas laborales en organismos públicos.
González también se refirió a los hechos ocurridos en Salto durante la instalación del séptimo consejo departamental, donde un medio de comunicación difundió expresiones de odio por parte de actores locales. Informó que la situación fue debidamente denunciada y que el consejo sesionó de urgencia para trazar protocolos de acción.
Ante este panorama, adelantó que se convocará próximamente a todos los consejos departamentales y al Consejo Nacional para estructurar una estrategia unificada de combate al odio, asesoramiento legal y protección comunitaria. “Ni al odio ni al fascismo hay que callarlos; hay que enfrentarlos desde el Estado y desde la sociedad civil”, afirmó.
Finalmente, remarcó la importancia de generar herramientas accesibles para que la ciudadanía conozca sus derechos y sepa cómo denunciar sin sufrir procesos de revictimización, concluyendo que la responsabilidad de construir espacios seguros y capacitados recae en el compromiso conjunto de las instituciones y la comunidad organizada.
Con la formalización de este espacio en Rivera, el octavo en el país, el Mides busca articular respuestas institucionales ante los desafíos regionales de vulnerabilidad y los recientes episodios de intolerancia registrados en el interior del departamento, consolidando una red de descentralización junto a la sociedad civil para el monitoreo y cumplimiento de las normativas vigentes.