El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) presentó este martes el panorama actual de la situación de esta problemática en el país. De acuerdo con los datos difundidos, entre el 1º de enero y el 30 de noviembre de este año se registraron 494 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 156 corresponden a nuevas situaciones y el resto a seguimientos de años anteriores. Esto significa un aumento respecto de 2020, en el que hubo un total de 410 casos.
En el marco de la actividad central por el Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, el presidente del Conapees, Luis Purtscher, ratificó que hubo un crecimiento de la cantidad de casos en los últimos dos años y también de “la presencia más permanente de situaciones que venimos arrastrando de años anteriores”. Este aumento puede explicarse por el impacto que ha tenido la pandemia, que obligó a “separar la actuación y la presencia tanto del Estado como de la sociedad civil” en los territorios, dijo Purtscher.
Para el titular del Conapees, también puede deberse a que hoy el país cuenta con más herramientas para detectar estas situaciones. “Si miramos los números con un poco más de atención, vemos que también están asociados a una capacidad de mirar este problema que hemos ido construyendo y que partía de la identificación de 20 casos en los años 2007, 2008 y 2009 hasta los 494 con los que terminamos este año”. En ese sentido, aseguró que la creación de los llamados “equipos itinerantes” permitió “aumentar casi 360% la identificación de esos casos”. “Si tenemos los dispositivos para mirar y si construimos las formas de mirar el problema, no hacemos desaparecer el problema, lo hacemos visible y esto nos permite generar precisamente la construcción de políticas públicas para erradicarlo”, afirmó.
Por otro lado, Purtscher señaló las zonas del país en las que más se registran casos de explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes, como los “espacios de frontera líquida, los departamentos del norte, los departamentos de frontera seca como pueden ser aquellos que limitan con Brasil, pero también aquellos espacios donde la circulación de mercados y mercaderías o la instalación de grandes emprendimientos de enclave nos generan problemas de una velocidad y profundidad que nos cuesta mucho abarcar desde instituciones pensadas para dar cuenta de problemas sociales de principios del siglo XX”.
De acuerdo con la información divulgada, en 2021 se registraron situaciones en todos los departamentos del país. El departamento con más casos fue Montevideo (58), seguido de Artigas (46), Colonia (44), Maldonado (42), Cerro Largo (35) y Salto (29). En tanto, Flores (5), Lavalleja (6) y Rocha (9) son los que presentaron menos casos.
“Estamos frente a un problema de suma complejidad y esto se contextualiza en que no es simplemente un acontecer, sino que es una expresión estructural, que convive con la realidad violenta que viven cientos de niñas a lo largo y a lo ancho del país”, manifestó Purtscher. “Tenemos aspectos que tienen que ver con las condiciones sociales y económicas en las que vive gran parte de nuestra población, y la academia viene diciendo desde hace muchos años que la infancia es uno de los sectores sociales más desprotegidos, lo cual genera una serie de vulnerabilidades donde campea la explotación sexual comercial como una forma de violencia contra los más frágiles”, agregó.
El presidente del comité adelantó algunas de las líneas estratégicas que se incluirán en la construcción del tercer Plan Nacional contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Entre otras cosas, aseguró que se hará hincapié en el fortalecimiento de los equipos de trabajo en todos los territorios, desde una perspectiva “intersectorial e interinstitucional”, convocando “a todos los equipos de las instituciones públicas, a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades”, porque “para dar cuenta de que este es un problema social”, la solución tiene que incluir la participación de “todos los agentes centrales”. Al mismo tiempo, pondrá énfasis en mejorar la llegada al interior del país, donde “este corrimiento obligado que tuvimos que hacer de la presencia de las instituciones de protección es la realidad que viven a diario e históricamente muchas localidades”.
Además, el plan apuntará a avanzar en las tecnologías de la información y la comunicación, “que han sido el escenario privilegiado para la captación sobre todo de adolescentes para ingresar a situaciones de explotación sexual comercial”, dijo Purtscher. “Tenemos que saber más y mejor sobre ellas y tenemos que investigar sobre cómo se da el problema en estos nuevos escenarios”, agregó.
A la vez, abordará la problemática de las niñas, niños y adolescentes migrantes que atraviesan tanto situaciones de explotación sexual comercial como de trata, y buscará que el Estado tenga mayor presencia “en los distintos territorios que son objeto de grandes inversiones, con la movilización de mano de obra masculina, que encuentra espacio en el mercado del sexo legal pero que tiene fronteras muy frágiles donde lo legal y lo ilegal pueden llegar a convivir”.
Por último, Purtscher aseguró que el Conapees apostará por “mejorar la calidad de la articulación con otras instituciones” no sólo para poder construir un “saber colectivo”, sino también para “avanzar en líneas de abordaje, como se hace desde el Consejo Nacional de Trata, por ejemplo, con la creación de un protocolo de actuación frente a los casos de explotación sexual comercial y trata”.
Un “problema real” para “asumir entre todos”
El presidente del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU), Pablo Abdala, dijo por su parte que los datos “confirman una tendencia preocupante y un problema real” que existe en Uruguay y que hay que asumir “entre todos, en toda su dimensión y cabalidad”.
El jerarca reconoció que la pandemia incidió en el incremento de las situaciones de explotación sexual comercial y de otras formas de violencia, pero a su entender “tampoco podemos enjuagar nuestras conciencias y refugiarnos en la pandemia como la explicación exclusiva de este problema”, que ya existía antes y que “crece de manera continua y constante”. En esa línea, apuntó a la necesidad de reforzar la prevención, algo que implica “una tarea de sensibilización y de toma de conciencia colectiva”. “De lo que se trata es de poner este tema en el centro de la consideración y de la atención de las uruguayas y los uruguayos, que entre todos deben ser agentes a los efectos de poder combatir juntos esta realidad, por ejemplo, denunciando un episodio, poniendo en conocimiento de las autoridades u organizaciones sociales, utilizando las distintas vías de procedimientos de denuncia de los hechos”, señaló.
Según Abdala, la sociedad tiene que asumir que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es “una conducta delictiva en cualquier circunstancia” y que “no hay consentimiento aparente de la víctima que valga o legitime nada”. “El pago o promesa de pago a cambio de favores sexuales de una niña, niño o adolescente es un delito y, por lo tanto, debe perseguirse”, planteó.
El presidente del INAU resaltó algunos avances que ha transitado el país en los últimos años. Entre otras cosas, mencionó la Ley 17.815 sobre violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niñas, niños y adolescentes, aprobada en 2004, el trabajo interinstitucional del Conapees y los cambios introducidos en el nuevo Código del Proceso Penal, que permitieron “poner a las víctimas en el centro del proceso penal”.
En cuanto a los avances implementados específicamente por el INAU, Abdala anunció que se estableció como “prioridad” para 2022 la apertura de un centro especializado 24 horas para adolescentes víctimas de explotación sexual. “Si 2021 nos dejó una enseñanza, es que en esa materia tenemos una carencia severa y queremos asumir públicamente el compromiso de que esta realidad se concrete en el año 2022”, dijo el jerarca, y detalló que la iniciativa se llevará adelante gracias a un proyecto que la institución mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo. También está “prácticamente pronto” un protocolo para la niñez migrante, “que va a ser muy importante en los efectos de prevención de este tema a lo largo y ancho del país y fundamentalmente en las zonas fronterizas”.