Una adolescente de 14 años murió en el hospital de la capital de Treinta y Tres por una septicemia. Una semana antes, había llevado adelante el procedimiento que establece la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La adolescente ingresó a la emergencia del hospital en diciembre, una semana después de haber abortado. A las 24 horas murió por una septicemia.
Organizaciones feministas denunciaron la situación el 22 de enero de este año y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa a cargo del hospital de Treinta y Tres. Los resultados preliminares no conformaron y la investigación fue derivada a Montevideo.
En una conferencia de prensa, el directorio de ASSE, definió tras la investigación administrativa iniciar sumarios administrativos con suspensión preventiva, con la retención de la mitad de sus haberes, a cuatro médicos vinculados a la atención de la adolescente. Los médicos sumariados pertenecen a la Red de Atención Primaria y al Hospital de Treinta y Tres.
Todos los elementos recogidos en la investigación administrativa van a ser elevados a la Fiscalía, que actúa en el caso. Además, el directorio definió, por unanimidad, hacer otra investigación administrativa, ya que uno de los médicos había sido destituido en 2009 y vuelto a contratar en 2018. Fue recontratado a través del artículo 256, que es el mecanismo que habilita la presupuestación del funcionario.
Antes de la conferencia de prensa, desde ASSE se comunicaron con la familia de la adolescente para informar sobre las causas y circunstancias del fallecimiento.
De la conferencia participaron Marcelo Sosa, vicepresidente de ASSE y Eduardo Henderson, gerente general del organismo. Ambos afirmaron que hubo anomalías en la atención brindada a la adolescente y que “se realizarán los correctivos pertinentes en el servicio, en lo que refiere especialmente al cumplimiento de los protocolos y guías de atención de niñas y adolescentes en situación de embarazo”.
Ante estas situaciones irregulares, dijeron que “el directorio de ASSE actuará en forma contundente, ya que se apunta a que en los 900 puestos de atención y en los 40 hospitales se brinde una atención humana y centrada en el paciente”. También señalaron que la investigación continúa bajo el secreto profesional y el proceso administrativo y judicial.