El contexto de pandemia ha impactado de diversas maneras, pero sobre todo ha afectado de forma brutal a aquellas personas en situación de vulnerabilidad por cuestiones de género, aumentando la exposición de las mujeres y cuerpos feminizados a vivir situaciones de violencia potenciadas por los encierros, las convivencias obligatorias, la pérdida de fuentes laborales, entre otras cuestiones.
Las disidencias sexogenéricas no han quedado exentas, ya que aumentaron las brechas en cuanto a oportunidades para la supervivencia. Sobre todo, aquellas personas más precarizadas, como las feminidades trans, que sobreviven a través del trabajo sexual, han perdido toda capacidad de subsistencia. Así, se vieron obligadas a recurrir a ollas populares o ayudas asistencialistas de parte del Estado como la canasta, en casos excepcionales, ya que si sos beneficiaria de la Tarjeta Uruguay Social para personas trans que otorga el Ministerio de Desarrollo —una transferencia de 1.200 pesos— no podés acceder a una canasta. Como si una persona, en nuestro sistema económico, pudiera sobrevivir o cubrir sus necesidades básicas con 1.200 pesos.
El movimiento social que trabaja asesorando al Poder Ejecutivo en materia de diversidad informó y alertó sobre la necesidad de incrementar dicho monto en los tiempos más complejos de la pandemia, ya que nuestras compañeras, así como un gran porcentaje de personas, la estaban pasando muy mal debido a la paralización del país. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de los jerarcas responsables de dichas políticas.
El asistencialismo como estrategia política de respuesta a las necesidades de las personas no colabora con el proceso de fortalecimiento para su emancipación. Si queremos transformar a mediano y largo plazo las realidades que afectan a las personas vulneradas en sus derechos, las políticas sociales deben ser pensadas de manera integral. Porque a estas poblaciones no las afecta sólo una cuestión en particular, sino que están atravesadas por diversas particularidades como su género, identidad de género, orientación sexual, clase social, ascendencia étnico-racial, si está en situación de discapacidad, cómo es su salud física y mental, si está en situación de calle, si tiene uso problemático de sustancias y un largo etcétera.
En lo que respecta a la debida implementación de la Ley Integral para Personas Trans detectamos algunas falencias. En materia de acceso a la salud, el Ministerio de Salud Pública como organismo rector de dichas políticas, no ha implementado lo que establece la normativa vigente a nivel de los prestadores de salud.
El artículo 21 de esta ley establece que toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluidos los tratamientos médico quirúrgicos. Por su parte, el artículo 34 del Decreto Reglamentario de la ley establece la obligatoriedad del acceso a una serie de tratamientos específicos e intervenciones quirúrgicas que tienen que ver con la salud de las personas trans, que ya tuvieron su debido proceso de discusión pública durante el tratamiento de la ley en el Parlamento, que no se está implementando como es debido. Sin embargo, los prestadores de salud públicos y privados están queriendo cobrar a las compañeras las prótesis en casos de mastectomías de aumento y ponen obstáculos a las masculinidades trans en cirugías de mastectomías. Tampoco se han conformado los equipos multidisciplinarios con formación específica para la atención de manera integral.
Ya lo dijimos en su momento, pero lo volveremos a repetir las veces que sean necesarias: si los prestadores de salud cobran las prótesis o cualquier otra intervención quirúrgica, no sólo están violando la debida implementación de la normativa, reproduciendo violencia institucional. Además, podrían estar incurriendo en la cooperación al proxenetismo, ya que la mayoría de nuestras compañeras son trabajadoras sexuales y, por ende, la única manera de ingreso es esta actividad. También hay que saber que muchas de nuestras compañeras están desempleadas —no por opción—.
En lo que respecta al derecho al trabajo y el cupo laboral del 1%, hace muy poco se comenzó a implementar y sabemos que la falta de acceso a la educación es un obstáculo para que las compañeras trans se presenten a llamados profesionales o administrativos, ya que en nuestro país somos contadas con los dedos de una mano las que logramos sortear las violencias institucionales y llegamos a formaciones terciarias o logramos culminar el bachillerato. Para esto se debe hacer foco en proteger las trayectorias educativas de las personas trans y adecuar los llamados no profesionales a las realidades de nuestras compañeras y compañeros.
Por otra parte, el próximo lunes 27, comienza en nuestro país un proceso histórico en materia jurídica, social y cultural. Fanny Aguiar, de 34 años, fue asesinada el 15 de noviembre de 2018 por su expareja y un amigo, quienes le dieron múltiples puñaladas en su cara, cabeza, cuello, espalda y lesiones en venas yugulares con un cuchillo de cocina de 20 centímetros. Fue la última compañera trans asesinada. La familia comenzó un juicio que será el primero en nuestro país con estas características, lo que para nosotras simboliza un proceso de relevante importancia.
Para dar seguimiento y asesoramiento a Fiscalía conformamos un equipo interdisciplinario con profesionales con formación y sensibilidad en las temáticas de disidencias sexogenéricas, con el objetivo de brindar herramientas e insumos para el manejo discursivo y de contenidos argumentativos que logren plasmar determinadas figuras jurídicas como la de femicidio y crimen de odio por identidad de género. Establecimos conexión con Fiscalía de la Nación de Argentina para habilitar el diálogo e intercambio en materia jurídica con la Fiscalía General de la Nación de Uruguay, dado que Argentina cuenta con jurisprudencia a través del fallo histórico de travesticidio por el asesinato de la activista Diana Sacayán, en 2016.
Fueron consultadas activistas argentinas como la compañera Lara Bertolini, quien asesoró y generó documentos conjuntamente con la Fiscalía de Argentina. Este proceso judicial marcará un antes y un después en el sistema penal y jurídico de nuestro país. Venimos del tiempo histórico-estructural de la no voz, de ser las crónicas rojas, trabajadoras sexuales asesinadas, travestis-trans sin familia, expuestas a crímenes pasionales, ajustes de cuentas. Todo eso lo hemos transformado a través del trabajo que, como movimiento social, hemos venido desarrollando. Los feminismos nos han enseñado a construir nuestra voz en primera persona y ser sujetas y sujetos de derecho.
Que una institución conservadora, que históricamente ha estado por fuera de la sensibilidad y conocimiento que aporta el movimiento social para la construcción de una mejor sociedad y cultura, muestre predisposición y apertura para ser asesorada, habla de un cambio cultural que logra permear las instituciones para desarticular las hegemonías del discurso con el aporte fino que sólo tenemos quienes activamos y vivimos en primera persona las violencias.
Será un hecho histórico de acceso a la Justicia que marcará precedentes para seguir trabajando y generar materiales, protocolos y guías que sirvan para casos futuros —ojalá no sucedan— con estas características de saña y odio hacia nuestras identidades.
Hago un llamado necesario al movimiento social y la sociedad en su conjunto a acompañarnos en este proceso para no seguir poniendo las muertas.
Josefina González es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República y activista transfeminista.