“Niñas, no madres” dice una consigna que ya se convirtió en emblema contra las maternidades infantiles forzadas y que es, además, un recordatorio concreto pero potente de lo que nunca debería pasar. Es también el nombre de la campaña regional que impulsó Amnistía Internacional en 2016 con la colaboración de Planned Parenthood Global, el Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, para visibilizar el impacto que tienen los embarazos en las niñas y adolescentes de 14 años o menos. Esa franja etaria es la que comprende lo que se denomina “embarazo infantil”, una problemática que implica múltiples vulneraciones de derechos, tiene características bien específicas y, por lo tanto, requiere de medidas de abordaje particulares.
Desde el lanzamiento de la campaña, Amnistía Internacional estuvo monitoreando este fenómeno y es en ese marco que la semana pasada publicó “Niñas, no madres: unir las piezas de la violencia sexual”, un informe que plantea el estado de situación actual del embarazo infantil en Uruguay y sugiere recomendaciones al Estado para la política pública. El estudio se basa en datos de 2019 y 2020 sobre nacimientos e interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), relevadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). También incluye cifras referidas a las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes registradas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay.
431 niñas y adolescentes de 14 años o menos tuvieron una hija o un hijo en los últimos cinco años.
En consonancia con la tendencia que marca la tasa de fecundidad global en el país, los embarazos infantiles disminuyeron de manera sostenida desde 2013, con un leve pico en 2019, para retomar un descenso en 2020. Si bien esta baja es una buena noticia, los datos muestran que, en los últimos cinco años, 431 niñas y adolescentes de 14 años o menos tuvieron una hija o un hijo en Uruguay. Desde una perspectiva de derechos humanos, “sea una niña o sean 1.000”, cada trayectoria cuenta, porque “está siendo afectada de una manera profunda y es para siempre”, como señaló la socióloga y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau, durante la presentación del informe.
En esa línea, recordó que es un problema que, además de implicar riesgos para la salud física y emocional de las niñas y adolescentes, afecta sus trayectorias vitales, porque interrumpe los procesos educativos y socava también las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Pero además, y sobre todo, estos embarazos esconden detrás profundas desigualdades socioeconómicas y de género, y –en la mayoría de los casos– están vinculados a situaciones de violencia sexual o matrimonios forzados en edades tempranas. Amnistía Internacional asegura que, por estas y otras razones, es un problema que implica “una combinación de vulneraciones a sus derechos humanos”.
Se suma que es una temática que ha sido invisibilizada y que, por lo general, ha quedado solapada dentro de lo que es el embarazo adolescente, que abarca el tramo de 15 a 19 años y tiene otras especificidades. Entre otras cosas, porque no es lo mismo cursar un embarazo y maternar con 12 años, que hacerlo con 17.
65% de los embarazos infantiles registrados en 2020 se dieron en el interior del país.
Características de los embarazos infantiles en Uruguay
Uno de los principales datos que arroja el informe es que la mayoría de los embarazos infantiles se concentra en el interior del país. A modo de ejemplo, de los 60 nacimientos que hubo en 2020 en niñas y adolescentes de menos de 14 años, 21 tuvieron lugar en Montevideo (35%) y 39 en el resto de los departamentos (65%).
Estos números pueden explicarse, en parte, por la dificultad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva descentralizados en algunas regiones del interior. “El manejo de información para tomar decisiones autónomas y consentidas respecto a la sexualidad requiere de la institucionalización de las niñas en distintos ámbitos, fundamentalmente en salud y educación. Muchas veces, en regiones del interior del país, la presencia del Estado y el alcance de estas instituciones no es tan vasta”, señala el documento.
Esto incide directamente en uno de los mayores obstáculos para el abordaje del embarazo infantil, agrega Amnistía Internacional, que es su captación temprana. En ese sentido, los datos revelan que mientras 77% del total de embarazadas acude a una primera consulta médica en el primer trimestre, este porcentaje desciende a 62% en las adolescentes de entre 15 y 19 años y a 49% en el caso de las niñas de menos de 14 años. Esta última cifra es incluso más baja en el interior del país.
La detección tardía de estos embarazos implica riesgos en la salud de la niña y del feto. En ese sentido, el informe recuerda que acceder a una consulta médica en el primer trimestre “no sólo posibilita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sino también a estudios ecográficos” que “proporcionan información sobre malformaciones y trisomías que no pueden realizarse de la misma forma pasado este plazo”.
Por otra parte, los datos del Sistema Informático Perinatal del MSP relevados muestran que la enorme mayoría de los embarazos infantiles no son intencionales: así lo expresó 86% de las embarazadas de 14 años o menos. Si bien no queda claro en qué contexto se releva este dato, lo que sí es evidente es que existen “barreras de acceso a una adecuada educación sexual integral, así como también a servicios que garanticen herramientas de planificación y anticoncepción en niñas y adolescentes”, dice el estudio.
Frente a esto, emerge como elemento clave la ley de IVE. De hecho, Amnistía Internacional recuerda que, a partir de la aprobación de esta ley, en 2012, los embarazos a término en niñas y adolescentes coinciden con una tendencia al descenso, “evidenciando así la relevancia de esta ley en la posibilidad de decisión y en los efectos en las trayectorias de niñas y adolescentes que resultan embarazadas”. Pese a esto, muchas veces la captación tardía del embarazo infantil dificulta que las niñas tengan acceso a una IVE a tiempo.
La organización advierte que, luego de registrarse un descenso sostenido de IVE en niñas y adolescentes desde 2015, hubo un leve aumento en 2020. Esta diferencia, agrega, “muestra la necesidad de comenzar a indagar en los efectos que tuvo la emergencia sanitaria en las decisiones y trayectorias de fecundidad de las mujeres en distintas franjas etarias”.
La violencia sexual, un telón de fondo
Desde hace varios años, Amnistía Internacional advierte que los embarazos infantiles son la “punta del iceberg” de un problema más profundo, que en la mayoría de los casos esconde situaciones de violencia sexual prolongadas en el tiempo –es decir, que no suelen ser episodios únicos o aislados–. “La evidencia nos muestra, y en general esto se replica en nuestra región, que las situaciones de embarazo infantil están vinculadas o le anteceden situaciones de violencia sexual. Estamos hablando de abuso y en algunos casos también de explotación sexual de niñas”, apuntó la directora ejecutiva de la organización en Uruguay. “Entonces, no estamos hablando solamente del hecho del embarazo, sino que también es preciso ir hacia atrás y ver de dónde proviene esta situación. Además, hay una vinculación muy fuerte de estas situaciones con matrimonios forzados, donde hay una distancia muy importante entre la edad de la niña y la pareja sexual. En algunos casos, podrá ser un abusador proveniente del ámbito de la familia”, detalló.
21% de las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en las que intervino el Sipiav en 2020 corresponden a casos de abuso sexual (19%) y explotación sexual (2%).
Según los datos del Sipiav, alrededor de 20% de los casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en los últimos años tienen que ver con situaciones de violencia sexual. De hecho, de las 4.911 situaciones detectadas en 2020, 19% refiere a casos de abuso sexual y 2% a explotación sexual.
Otro elemento clave que aparece en los informes del Sipiav es la feminización de la violencia sexual, ya que es el tipo de violencia que afecta más a las niñas y las adolescentes mujeres que a los varones. El año pasado, 74% de las víctimas de abuso sexual y 92% de las víctimas explotación sexual fueron niñas. En los demás tipos de violencia, la proporción de víctimas niñas y varones fue más equilibrada.
Andrea Tuana, trabajadora social y representante de la Intersocial Feminista, dijo durante la presentación del informe que un obstáculo que se suma en el caso del abuso sexual infantil intrafamiliar es que se cuestiona o no se cree en lo que denuncian las niñas y hay “muchos profesionales que en su vida leyeron un artículo sobre lo que es abuso sexual y cómo se presenta, entonces dudan de los indicadores y de los relatos”.
La representante de la Intersocial Feminista dijo que siempre, en estas historias, “los abusadores sexuales quedan bastante invisibilizados”. Y, si además de eso, “unimos y vemos la interseccionalidad de la pobreza con la infancia, adolescencia y la violencia sexual, podemos ver una cierta ruta del infierno de donde vienen, pero también del infierno hacia donde van”. En tal sentido, dijo que “muchas adolescentes víctimas de explotación sexual que provienen de situaciones de pobreza van al infierno de la desaparición”. Agregó: “Tenemos gurisas adolescentes desaparecidas en el país sin saber qué pasó con ellas ni dónde están”.
Por otra parte, Tuana criticó los “mandatos de maternidad patriarcal” y la “idea romántica de lo que es tener un hijo” que muchas veces promueven los operadores en ámbitos como la salud o la Justicia. “Comienzan con el dilema del deseo de la niña, esto de ‘lo que pasa es que la niña lo quiere tener’. ¿Cuál es el deseo de la niña? ¿Transcurrir un embarazo que le aumenta cuatro veces más la posibilidad de morir? ¿Transcurrir un embarazo que puede tener complicaciones graves como hemorragias o tener un bebé prematuro, con todo lo que implica eso? ¿Tener mayores probabilidades de sufrir depresión y ansiedad, de abandonar los estudios, de reproducir los círculos de pobreza?”, cuestionó.
“Tenemos que ir hacia un horizonte donde realmente entendamos que un embarazo infantil forzado es una forma de tortura que vulnera gravemente los derechos humanos de la niña”, señaló Tuana, y dejó planteada una pregunta: “Si nosotros creemos y estamos convencidos de actuar para garantizar y defender los derechos humanos en tantas otras instancias, ¿qué es lo que nos pasa que, en esto, no los podemos garantizar?”.
Recomendaciones para la política pública
Ante este panorama, Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones para el diseño de políticas públicas que apunten a fortalecer la prevención de los embarazos infantiles, su detección temprana, la atención y la reparación a estas niñas y adolescentes. Este abordaje del Estado tiene que ser integral, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
En materia de prevención, la organización propone implementar la educación sexual integral “como programa de estudio obligatorio en todos los niveles educativos, en escuelas de gestión pública y privada”. Esto, a su entender, permitiría a las niñas y adolescentes “tomar contacto con sus derechos sexuales y sobre su cuerpo, así como contar con herramientas para identificar posibles situaciones de abuso y cómo denunciarlas”.
Por otro lado, el informe señala que los servicios de atención deben “proporcionar información y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluida la interrupción voluntaria del embarazo”. La organización destaca en particular la necesidad de que el sistema también contemple el seguimiento y apoyo a una niña que atraviesa una IVE. Sobre esto último, la oficial de programa del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Uruguay, Valeria Ramos, dijo durante la presentación que “cuando estamos hablando de una chiquilina de menos de 15 años embarazada producto de una violación, tenemos que poder evaluar si tiene las condiciones emocionales, simbólicas, materiales en su casa como para poder pasar por el proceso de colocarse las pastillas, manejar el dolor, manejar lo que subjetivamente activa el dolor, sentir las contracciones, tirar los restos, sola, o no, o con quién, o en qué casa, quién va a estar, cuántos hermanos va a haber alrededor”.
En términos de reparación, Amnistía Internacional asegura que es fundamental un “acceso eficaz, independiente y de buena calidad a la Justicia, con mecanismos judiciales y administrativos de reparación digna y transformadora”, especialmente ante un caso de violencia sexual. Esto incluye “generar mecanismos que habiliten el seguimiento de las trayectorias de las niñas y los nacidos y nacidas”.
La representante del Unfpa recordó que el país es uno de los pocos de la región y del mundo que cuenta con un Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, elaborado en el marco de la “Estrategia intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes”. Ramos señaló que ese documento plantea orientaciones para la atención y el acompañamiento en distintos escenarios posibles: ante una sospecha de embarazo de la niña, si no se confirma ni el embarazo ni el abuso sexual, cuando no se confirma el embarazo y se detecta abuso sexual, cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual y cuando es el resultado de relaciones consentidas entre pares. Además, incluye recomendaciones para generar un espacio en el que se pueda discutir de manera informada sobre la decisión de continuar o interrumpir el embarazo.
Ramos, Tuana y Pérez Chabaneau plantearon algunas interrogantes que todavía no tienen respuestas. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay dijo que, así como se rastrean las trayectorias de las niñas que cursan un embarazo y son madres con menos de 15 años, también hay que preguntar qué es lo que pasa con esas niñas y niños que nacen. “¿Cuáles son sus recorridos? ¿Quedan en la familia? ¿Son institucionalizados?”, cuestionó.
La representante del Unfpa, por su parte, aseguró que es necesario saber también las edades de los padres de esos nacidos. “No tenemos el dato de paternidad adolescente en Uruguay, no sabemos cuántos varones adolescentes son padres, ni cuántos varones adolescentes podrían haber sido padres de no mediar una interrupción del embarazo y, si bien podemos tener el termómetro en la práctica, no sabemos el dato duro de con quiénes las chiquilinas están teniendo los hijos”, señaló Ramos. Además, insistió en la importancia de atender la salud mental de esas niñas y adolescentes que parieron o abortaron. “La evidencia internacional muestra cómo principalmente después del nacimiento –y no tanto después de la IVE– hay temas de salud mental, angustia, depresión posparto, semanas o meses después del nacimiento del bebé” y, sin embargo, “no es una de las dimensiones de la salud que más se atiende”.
En tanto, la integrante de la Intersocial Feminista hizo hincapié en las carencias en la prevención de la violencia sexual. “Uruguay no trabaja en la prevención de la violencia sexual, no solamente enseñándoles a las niñas y los niños que su cuerpo es valioso, enseñándoles sus derechos, fortaleciéndolos, sino también trabajando para que no tengamos varones abusadores sexuales en este país”, dijo, y agregó que “es una posibilidad que está en la mano”: “Es muy posible no criar hijos abusadores, violadores o consumidores de sexo pago con menores de edad”.