La Ley Integral para Personas Trans se aprobó en octubre de 2018 y su reglamentación se concretó el 29 de abril de 2019. La norma tiene el objetivo de desarrollar políticas públicas específicas dirigidas a esta población para disminuir la discriminación estructural que enfrenta a diario y lograr su inclusión en todos los ámbitos de desarrollo: social, educativo, laboral, en materia de salud, entre otros.
A casi tres años de su reglamentación, la implementación de la ley “está en marcha”, afirmó a la diaria Rosa Méndez, responsable del área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y presidenta del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual. “Falta, pero vamos bien”, apuntó, y añadió que “no hay ni un solo artículo sobre el que no se esté trabajando”. No obstante, reconoció que varios postulados, en su mayoría relacionados con el ámbito laboral y sanitario, aún “no se están cumpliendo en su totalidad”.
Integrantes de colectivos LGBTI de diferentes departamentos del país y con presencia a nivel nacional tienen una percepción diferente. En diálogo con la diaria, manifestaron que la ley no se aplica de forma correcta y denunciaron que aún hay desconocimiento de su contenido de parte de autoridades de gobiernos departamentales, organismos públicos y personal de la salud de los ámbitos público y privado. Las y los activistas señalaron como principales puntos de preocupación la atención en salud de personas trans, la falta de oportunidades para la inserción laboral y dificultades en la permanencia dentro del sistema educativo.
Cambio de identidad y régimen reparatorio
De todas formas, no todo funciona mal. Los colectivos coinciden con el consejo en que la adecuación de nombre y sexo en los documentos de identidad se aplica de forma correcta, aunque existen diferencias geográficas en relación a los plazos del trámite. Cuando comenzó a funcionar la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género, en 2019, hubo “un pico” de 507 solicitudes, mientras que en 2020 fueron 223 y en 2021 ascendieron a 294, sostuvo Méndez. En el primer trimestre de 2022, el Mides recepcionó 72 peticiones, sin contar las que recibe la propia comisión. En esa línea, la presidenta del consejo espera que este año se alcance una cifra similar a la de 2019.
Collette Spinetti, del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), sostuvo que la comisión “funciona muy bien” y señaló que, si bien existen algunas demoras, se deben a la cantidad de solicitudes que el organismo debe procesar. En tanto, Alejandra López, de Manos Púrpura Paysandú, planteó algunas diferencias. Dijo que hasta 2020 en su departamento se registraron demoras “importantes” en la efectivización de los trámites para el cambio de nombre y sexo registral debido al desconocimiento de la normativa por parte de las autoridades responsables. Añadió que, incluso al día de hoy, los procesos no son ágiles en el norte del país como lo son al sur del río Negro.
Por su parte, Maia López, de Unión Trans y Disidente de Maldonado, expresó a la diaria que “si bien es fácil hacer el trámite”, una “gran falta” en la implementación de la ley es que se hace de “forma binaria”: la persona debe identificarse como mujer trans o varón trans. Así, se deja por fuera a las personas trans no binarias.
El segundo punto en el que el consejo y la sociedad civil coinciden en que existe una buena implementación es en relación al régimen reparatorio establecido para las personas trans que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que por su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional. Méndez aseguró que, “en estos años, la Comisión Especial Reparatoria no ha dejado de funcionar” y agregó que “actualmente hay 224 solicitudes de pensión reparatoria” a estudio. De ese total, 168 han sido aprobadas. “Para nosotros es un número muy grande y alentador”, consideró la jerarca del Mides.
Atención en salud
Fuera de estos dos puntos, hay numerosos desencuentros entre la institucionalidad y la sociedad civil organizada. Uno de los puntos de mayor preocupación para las organizaciones y colectivos LGBTI es la falta de equipos multidisciplinarios para garantizar una atención integral de las personas trans en el sistema de salud. Las y los activistas denunciaron que son “muy pocos” los centros de salud públicos y privados que cuentan con los equipos requeridos o con “profesionales amigables”.
Asimismo, plantearon que, de esos pocos, la mayoría están concentrados en Montevideo y que, incluso dentro de la capital, la atención se reduce al hospital Saint Bois y a “alguna que otra policlínica” de la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), comentó la comunicadora y activista trans Josefina González, que fue una de las voceras durante la campaña por la ley trans. Una de las madres referentes del colectivo Trans Boys Uruguay (TBU), Patricia Gambetta, señaló a la diaria que fuera de Montevideo prácticamente “no hay nada” y aseguró que en varias policlínicas de ASSE no se administra la medicación para la hormonización cruzada y las personas deben trasladarse hasta la capital.
López planteó la misma preocupación. Contó que en Maldonado desde mediados de 2021 se registran faltantes de medicación para tratamientos hormonales. “Somos pacientes crónicas, no nos pueden faltar las hormonas o los bloqueadores porque eso generaría en nuestro cuerpo un daño que podría incluso llegar a la muerte”, manifestó. Esto ocurre a pesar de que en el barrio Hipódromo de ese departamento funciona una policlínica asignada por el hospital Saint Bois que ofrece atención integral para la comunidad LGBTI.
Paysandú también cuenta con un centro de referencia para la atención de esta población: la policlínica Chaplin, que además de la población local recibe personas de los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera, dijo la integrante de Manos Púrpura. López señaló que la policlínica “funciona bien”, pero las distancias que deben recorrer quienes viven en otros departamentos es “muy larga” y los traslados no los paga el Estado, por lo que dependen de la posibilidad de cada persona y eso dificulta el acceso a una atención adecuada.
En el caso de Flores, Ruben Montaño, de Ovejas Flores Diversidad, planteó a la diaria que con “el cambio de gobierno”, en 2020, se cerró la policlínica en Trinidad que ofrecía atención integral a la comunidad LGBTI y a trabajadoras sexuales, que se había inaugurado a principios de 2019. La policlínica también atendía a personas de Durazno, Soriano y San José. Actualmente, en Flores las personas reciben la medicación que necesitan, pero para los controles hormonales deben trasladarse a Montevideo.
Activistas e integrantes de colectivos también denuncian las fallas para concretar las mamoplastias y mastectomías. Las demoras y obstáculos son aún mayores en el caso de intervenciones quirúrgicas de adecuación genital. Las faloplastias no se practican en Uruguay porque no hay profesionales capacitados, según coincidieron las fuentes consultadas. Sobre este último punto, Gambetta explicó que se incluyeron en la ley para que “quedara cubierto el día que alguien esté capacitado para hacerlo”.
Spinetti y González relataron que varias mujeres trans no han podido acceder a la colocación de implantes mamarios y vaginoplastias. “A las compañeras que han ido a solicitar la colocación de prótesis mamarias, por ejemplo en el hospital Pereira Rossell, les han dicho que en este momento no es posible porque no hay presupuesto”, sostuvo la referente de CTU. González manifestó que en varios centros privados se les pide a las mujeres trans que paguen las prótesis, “cosa que la ley no dice”, y “usan como excusa el planteo de que no es una prestación incorporada en el Plan Integral de Atención a la Salud”.
La norma establece que “toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género”. En ese sentido, Méndez afirmó que los servicios de salud públicos y privados deben cubrir con recursos propios o contratados los gastos de las prótesis mamarias y el acto médico.
“Está pendiente”
Los colectivos trasladaron estas inquietudes al consejo, que está integrado por una o un representante de cada ministerio, un delegado del Congreso de Intendentes y representantes de la sociedad civil, explicó Méndez.
En relación a la situación con las cirugías, la jerarca sostuvo que “no fueron muchos” los planteos recibidos por el consejo y que los que se recepcionaron fueron solucionados. Asimismo, señaló que las intervenciones quirúrgicas se postergaron por “algo muy simple: la pandemia”. “Muchísimas cosas se postergaron en consecuencia de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública priorizó las intervenciones de urgencia”, expresó. Agregó que es importante que las personas que atraviesen situaciones de vulneración de la norma hagan la denuncia pertinente a través de los mecanismos disponibles para “darle formalidad” y poder derivar al organismo pertinente. Las denuncias pueden presentarse ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ante el Departamento de Diversidad Sexual del Mides o ante el propio consejo.
Para las y los activistas, la pandemia se utilizó “políticamente” y “como excusa” para justificar las demoras e incumplimientos de cirugías y de la ley en general. Spinetti señaló que ese planteo podía funcionar en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria, pero ya no.
Sobre la conformación de equipos de salud multidisciplinarios, la presidenta del consejo admitió que “aún está pendiente”. De todas formas, dijo que se ha trabajado en la capacitación de personal de salud en atención a personas trans. En esa línea, destacó un convenio entre el Mides, ASSE y el Centro de Referencia Amigable de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para capacitar en atención específica para personas LGBTI a 120 psicólogas y psicólogos de los 327 que trabajan en salud pública.
Mundo laboral
El artículo 12 de la Ley Integral para Personas Trans establece que 1% del cupo laboral en llamados públicos debe destinarse a esta población. La norma obliga a cumplir con esta disposición al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal. Los colectivos advirtieron que no se cumple en todos los casos.
Integrantes de los grupos consultados coincidieron en que los llamados públicos son “pocos” en general y son aún menos los que cumplen con el cupo para personas trans. A su vez, plantearon que los llamados que incorporan el cupo refieren a trabajos “poco técnicos” y en algunos casos “temporales”, de forma que no brindan a las personas la seguridad de alcanzar una mejor calidad de vida y tener estabilidad económica. Por eso, algunas activistas consideraron que se debería tener “flexibilidad” a la hora de pensar en los requisitos solicitados para la incorporación de las personas trans en los trabajos y marcaron la necesidad de impulsar llamados con cupo para personas trans en el ámbito privado.
Gambetta señaló que “últimamente hubo llamados que incluyeron el cupo trans”, pero los requisitos establecidos en relación al nivel educativo y los parámetros de edad “dificultan el acceso de personas trans adultas, en su mayoría mujeres”. Destacó que las chicas y chicos trans de la edad de su hijo Agustín, que va a cumplir 20 años, tienen “otras oportunidades” porque han logrado mantenerse dentro del sistema educativo y, en general, cumplen con los requisitos de los llamados.
La presidenta del consejo reconoció esta situación y explicó que el cupo no se cumple por algunos motivos. Entre ellos, que la ley es reciente, que en 2019 no hubo ingresos de personas al Estado por la campaña electoral para las elecciones nacionales y en 2020 llegó la pandemia. El último dato de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que recibió el consejo corresponde a 2019, cuando sólo ingresaron tres personas trans a organismos del Estado.
A su vez, Méndez aseguró que a partir de este reclamo recurrente de la sociedad civil se creó en el ámbito del consejo una mesa con representantes del propio organismo, el Mides, la ONSC y la sociedad civil para abordar el tema. “La primera línea de trabajo que tenemos es una guía de la implementación de 1% de los cupos para personas trans desde el punto de vista técnico y la sensibilización”, contó, y señaló que uno de los principales problemas para cumplir con esta medida es el nivel educativo promedio de las personas trans, que en ocasiones no alcanzan la formación requerida para ciertos cargos. No obstante, apuntó que eso no “exime” que el cupo esté presente en todos los llamados estatales.
Otro aspecto que destacó la jerarca del Mides es que el año pasado, junto a la ONSC, se incorporó la presentación de la ley en el portal de Uruguay Concursa. “Eso es importante para conocer la propia ley y que sea efectiva su aplicación”, consideró. Agregó que el Mides y la ONSC presentaron un llamado específico para personas trans para el cargo de auxiliar de servicio al que se presentaron 400 personas. El llamado se encuentra en la etapa de entrega de documentación.
Gobiernos departamentales
Una de las denuncias más importantes de los colectivos refiere a la violación del artículo 12 por parte de las intendencias de muchos departamentos del país. En 2020, el Bloque Trans y Disidente elevó un pedido de acceso a la información pública a cada uno de los 19 gobiernos departamentales para obtener datos sobre la contratación de personas trans, afrodescendientes y en situación de discapacidad en el programa Oportunidad Laboral, conocido también como Jornales Solidarios.
Spinetti aseguró que sólo recibieron una respuesta formal de las intendencias de Colonia, Rivera y Salto, y añadió que “hay intendencias que ni siquiera contestaron ‘recibido’”. “Sabemos extraoficialmente que no todas las intendencias cumplen con la ley y que otras, como la de Canelones y la de Montevideo, que tampoco contestaron, sí cumplen con el cupo”, dijo la integrante de CTU.
Méndez reconoció que “lamentablemente no se cumple” con la norma en todas las intendencias, pero “está la voluntad de hacerlo”. También sostuvo que el trabajo del consejo es hacer capacitaciones “específicas en estos temas” y ya lo han hecho en algunas intendencias. Aclaró que ese proceso “empezó hace poco” debido a la pandemia y que son instancias presenciales.
Sistema educativo
En relación al ámbito educativo, Méndez aseveró que la ley se aplica correctamente y que por “un poquito” no se alcanzó el 1% de becas para personas trans, aunque la ley establece un cupo de 2% para esta población. “El último dato que tenemos es que se otorgaron 10.300 becas del Ministerio de Educación y Cultura. Del total, 72 son personas trans. En eso venimos bien”. Asimismo, la presidenta del consejo sostuvo que se “trabajó mucho” en la incorporación de la variable identidad de género en trámites y formularios de los centros educativos.
La visión de activistas e integrantes de colectivos LGBTI es otra. De hecho, la inserción educativa y la permanencia de las personas trans en el sistema educativo ocupa el tercer punto de mayor preocupación. “No veo que el sistema educativo en su conjunto esté diseñando políticas específicas para salvaguardar y hacer un seguimiento de las trayectorias educativas de las personas trans”, puntualizó González.
Por su parte, Gambetta, planteó que uno de los problemas principales en el sistema educativo responde al reconocimiento de la identidad de las personas. “La ley no obliga a los centros educativos a que se llame a la persona con el pronombre y nombre con el que se identifican hasta que tenga el cambio en sus documentos. Entonces, una vez que las niñas, niños y adolescentes pueden exteriorizar quiénes son, depende de la buena voluntad de las maestras, maestros y docentes que se respete su identidad”, expresó.
En la misma línea, Spinetti planteó que no reconocer la identidad de las personas tiene “un costo muy fuerte en la salud mental”. “Lo que pensamos que habíamos superado con la educación sexual integral, con discursos y talleres, no lo superamos. La realidad es esta”, manifestó, y consideró que esto se vincula con discursos de actores políticos que censuran a las disidencias y promueven un arquetipo de familia “tradicional” y “decimonónico”.
Fuera de la capital, las situaciones de cada departamento tienen sus particularidades, pero la discriminación y falta de seguimiento es una constante. En el caso de Flores, Montaño sostuvo que es “muy bajo” el número de personas trans que permanecen en el sistema educativo. “Como colectivo, lo que logramos es acercarnos a personas amigables dentro de los centros educativos para que acompañen en sus trayectos a las personas trans”, dijo; “si las personas no tienen esa contención, terminan por desertar”.