Después de un 2021 marcado por varios avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en México, la “marea verde” por el aborto legal sigue avanzando en el país. Este martes, con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto anulado, el Congreso de Guerrero aprobó una reforma del Código Penal para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Se convirtió así en el octavo estado en habilitar este derecho dentro de determinados plazos, junto con Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima (2021) y Sinaloa, que legalizó la práctica el pasado 8 de marzo.
Además de despenalizar el aborto, la iniciativa aprobada en Guerrero reduce la pena para quien realice la intervención después del plazo estipulado: hasta el momento, el castigo era de uno a tres años de cárcel; ahora pasa a ser de seis meses a dos años.
Durante el debate parlamentario, la congresista del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una de las principales impulsoras de la reforma, Beatriz Mojica, consideró la decisión como un “gran avance en el derecho a decidir”. Contra las voces opositoras que durante los últimos meses intentaron frenar la iniciativa, la legisladora dijo que “de ninguna manera” se trata de promover el aborto, sino de reconocer “el derecho humano de la mujer a decidir sobre su vida y su cuerpo” y de “eliminar la tasa de mortalidad de mujeres en Guerrero por abortos clandestinos que provocan hemorragias obstétricas y, por ende, la muerte”. En ese sentido, aseguró que este avance permitirá terminar con la “criminalización legal y social” que afecta a las mujeres desde hace décadas, sobre todo a las que tienen menos recursos y poco acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Por otro lado, Mojica recordó que, con la aprobación de esta ley, también se da cumplimiento a la sentencia que dictaminó la Suprema Corte de Justicia en setiembre del año pasado, cuando declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, una decisión que impide que se sancione en la Justicia penal a las mujeres que interrumpan su embarazo, así como a los médicos que las traten, y que tiene efectos en todo el país. Dos días después de ese fallo, tras el estudio de un artículo de la Constitución de Sinaloa, el máximo tribunal también declaró que es inconstitucional que las leyes de los estados establezcan la “protección de la vida humana desde la concepción”.
La diputada de Morena dijo que la despenalización del aborto es, al mismo tiempo, una respuesta a la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado” que la Secretaría de Gobernación de México declaró en Guerrero en junio de 2020, y que incluye medidas para la protección y atención a víctimas de violencia sexual. La alerta se decretó “tras el incumplimiento del Estado por no demostrar avances en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses”, según informó en ese entonces el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que pertenece a la sociedad civil.
La decisión de este martes fue celebrada por distintas organizaciones y colectivos que se manifestaron con distintivos verdes en las redes sociales y también en intervenciones callejeras. Muchas de ellas son agrupaciones que sostienen la batalla por la despenalización del aborto desde hace años en México y, en particular, en Guerrero, uno de los estados más azotados por la violencia, con uno de los mayores números de embarazos infantiles y también de muertes maternas, muchas de ellas a raíz de abortos inseguros.