Iniciativas que pueden exacerbar la violencia contra la población trans y de género diverso están avanzando en al menos diez países latinoamericanos. Las propuestas incluyen prohibir el lenguaje inclusivo y las perspectivas de género en los salones de clase, dar a los padres poder de veto sobre la educación sexual, perseguir a profesoras que hablen sobre sexualidad con sus estudiantes y marginar aún más a la población LGBTI.
Defensores de derechos humanos señalan que tales actos constituyen “un ataque oportunista a un grupo minoritario” para atraer votantes conservadores o galvanizar a la opinión pública en tiempos de crisis.
El continente americano ya es el más peligroso del mundo para esta población: 70% de los 375 asesinatos de personas trans o no binarias registrados entre octubre de 2020 y setiembre de 2021 se cometieron en las Américas, indica Amnistía Internacional.
Sonia Corrêa, del Observatorio de Sexualidad y Política, un foro internacional de activistas e investigadoras, considera importante distinguir entre las campañas públicas contra los derechos de las personas trans –en las que pueden involucrarse militantes derechistas para capitalizar lo que observan como un conservadurismo creciente– y las políticas antitrans implementadas por los gobiernos. “Las movilizaciones sociales antigénero [...], aunque promuevan o propongan cambios legislativos o políticas públicas, no son lo mismo que cuando esa ideología está instalada en el aparato del Estado. Esa diferencia hay que empezar a hacerla con bastante firmeza”, subrayó.
Este último es el caso de Brasil. “Es uno de los países en los que la ideología antigénero, antitrans y antiaborto es política de Estado a nivel federal, de manera sistemática y estructural”, dijo Corrêa a openDemocracy. Ella estima que lo mismo ocurre en otros países, como Hungría, Rusia, Serbia y Polonia, y que hay “sesgos parecidos” en Turquía, Guatemala, Uruguay, algunos distritos de España y varios estados de Estados Unidos.
Cristian González, investigador en derechos LGBTI de Human Rights Watch (HRW), describe esta ola como una “tendencia antidemocrática: el ataque oportunista a un grupo minoritario en tiempos de crisis”. Mientras la región vive problemas graves de inflación, violencia y corrupción, “algunos políticos utilizan temas de género y sexualidad para distraer a sus ciudadanos [...] en una manipulación nefasta a costa de personas marginadas en la sociedad”, dijo González a openDemocracy. En su opinión, esto debería preocupar a toda la ciudadanía. “El objeto de manipulación hoy es el género y la sexualidad. ¿Qué otros derechos se instrumentalizarán políticamente en futuras crisis?”, cuestionó.
Los cambios legislativos en la región socavan también la educación sexual, una herramienta para combatir la violencia sexual y el embarazo adolescente e infantil. La región de América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo; casi 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años, según el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas. “Muchos de estos embarazos son consecuencia de la falta de información, el limitado acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual y de género”, advierte el organismo.
Ataques antitrans desde el Estado
Brasil es por lejos el lugar más peligroso para la población queer y género-diversa, según el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, que registró 125 asesinatos cometidos en ese país entre octubre de 2020 y setiembre de 2021.
Más que ningún otro gobierno de la región, el del presidente Jair Bolsonaro ha orquestado una política federal para restringir o cuestionar la igualdad de derechos de las personas LGBTI. “Bolsonaro ha destruido lo poco que teníamos y ha hecho una depuración de la política trans que había”, dijo a openDemocracy el profesor Marco Aurélio Máximo Prado, de la Universidad Federal de Minas Gerais.
Ya no se ofrecen cursos contra los prejuicios para el personal docente, se desfinanciaron consultorios ambulatorios para personas trans y se eliminó el Consejo Nacional contra la Discriminación LGBT. La esperanza de vida de las personas trans en Brasil no pasa de los 35 años.
Además, diputados oficialistas promueven legislar contra la atención médica para niños y jóvenes trans, por ejemplo, mediante proyectos presentados en el estado de San Pablo y la ciudad de Río de Janeiro para prohibir que los servicios de salud brinden terapia hormonal para personas trans de menos de 18 años y cirugías de reasignación de sexo para menores de 21. Hasta ahora, ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada. Pero su retórica es utilizada con frecuencia “para movilizar a la sociedad en determinados momentos políticos”, explicó Prado.
“Hay proyectos que apuntan a definir como ‘violencia institucional’ el acceso a tratamientos hormonales para niñeces y jóvenes trans [...] porque consideran que se está violentando así a las infancias desde lo que llaman ‘ideología de género’”, agregó.
Apunten a la educación
Las escuelas son un objetivo específico de políticos y activistas anti LGBTI. En Brasil se propusieron 217 proyectos de ley –algunos se aprobaron– para prohibir la enseñanza de contenidos educativos sobre género y sexualidad, indica un informe de HRW publicado en mayo.
“Estas leyes continúan presentándose hasta ahora, aunque la Suprema Corte emitió varias sentencias derogándolas”, dijo González a openDemocracy. “Los políticos usan esos argumentos de ‘ideología de género’ y adoctrinamiento para fines políticos”, agregó. En la campaña electoral de 2018 Bolsonaro aseguraba que, si ganaba el izquierdista Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se impondría la “ideología de género” en las escuelas.
Maestras y profesionales de la salud aseguran que desde 2020 se distorsiona el uso de la línea de atención telefónica Llame 100 –creada en 1997 por el Ministerio de la Mujer para denunciar ataques a los derechos humanos– con el fin de vigilar y castigar los debates relacionados con el “género” en instituciones públicas y privadas, alentando las denuncias anónimas contra quienes disientan con el gobierno en temas como la identidad de género, la orientación sexual y la vacunación contra la covid-19.
En 2021 la prensa reportó que una profesora de Filosofía y un director de una escuela municipal fueron investigados por la Policía tras denuncias anónimas contra ellos en Llame 100, por hablar en sus clases sobre género, racismo y diversidad. Las investigaciones finalmente se cerraron.
“La gente termina diciendo que no quiere que a sus hijos les enseñen eso, aunque Bolsonaro nunca habla de lo que en realidad se está enseñando en las escuelas en Brasil: igualdad de género, prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados”, comentó González.
Este problema resurgió con miras a las elecciones de octubre de este año, en las que Bolsonaro aspira a ser reelegido. La organización HRW ha documentado acusaciones y ataques en las calles, redes sociales y hasta procesos legales contra personal docente por brindar educación sexual en las escuelas.
Una censura similar se intenta aplicar en las escuelas de Perú mediante una ley aprobada este año que otorga a las familias la potestad para definir qué se puede decir –o, más grave, qué no se puede decir– en las escuelas. La legislación determina que las autoridades deben consultar a grupos organizados de padres sobre los materiales educativos y el currículo escolar, sin importar si cuentan o no con conocimientos sobre la materia. También plantea sanciones para los funcionarios de la educación que no cumplan con estas normas.
La ley fue presentada por el congresista Esdras Ricardo Medina Minayas, pastor evangélico e integrante del grupo Con mis Hijos no te Metas, que busca eliminar la perspectiva de género y la educación sexual integral de las escuelas públicas. El proyecto recibió un amplio apoyo: 91 votos a favor y 18 en contra, un duro golpe tres años después de que la Suprema Corte peruana rechazara un intento del grupo conservador Padres en Acción –que formó parte de la campaña de Con mis Hijos no te Metas– para eliminar la educación con perspectiva de género del currículo nacional.
Si bien en Argentina el gobierno nacional reconoce los derechos de las personas trans, hay intentos de autoridades locales conservadoras para resistir o distorsionar políticas federales. El año pasado, el gobierno de la norteña provincia de Chaco emitió un decreto para aplicar la política federal de educación sexual integral (ESI) de 2006, pero “cimentada en valores sociales fundamentales”, sin especificar cuáles eran esos “valores”.
Poco después, las autoridades de Chaco avalaron un congreso de formación docente llamado “Educación sexual integral con base científica y en valores”, organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana y celebrado en la Iglesia de Jesucristo. Un millar de maestras y maestros asistieron al congreso, en el que las identidades de género y disidencias fueron descritas como patologías, contradiciendo la ley de la ESI. Luego de duras críticas de Amnistía Internacional y de la Red de Educadoras Feministas, el gobierno chaqueño intentó deslindarse del polémico congreso, pero el decreto que habilita la “ESI confesional” sigue vigente.
Colectivo Trans de Uruguay en la Explanada de la Udelar (archivo, setiembre de 2021).
Foto: Alessandro Maradei
Una guerra contra el lenguaje
Hay decenas de proyectos de ley presentados en la región –la mayoría en Brasil, pero también en Argentina, Chile y Uruguay– para impedir cualquier intento de sacudir las rígidas estructuras androcéntricas y binarias de las lenguas española y portuguesa.
Unas 34 propuestas legislativas para prohibir y castigar el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas se presentaron en 14 de los 27 estados de Brasil y en el Congreso federal. En Santa Catarina, Rondônia y Mato Grosso do Sul se han adoptado prohibiciones, aunque la Corte Suprema podría suspenderlas por inconstitucionales.
Mientras tanto, en Argentina, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció en junio que se prohibía en las escuelas el uso de lenguaje inclusivo cuando implicara modificar palabras mediante letras y símbolos como “e”, “x” y “@”, por ser “ajeno a la morfología del español”. La decisión, criticada por especialistas en lingüística y sindicatos docentes, fue denunciada ante la Justicia por presunta violación de la Ley de Identidad de Género de 2012.
Dos integrantes del Congreso de la provincia de Buenos Aires, vecina de la ciudad capital homónima y la más poblada del país, presentaron un proyecto de ley similar.
Para Sonia Corrêa, estos proyectos no proceden de una auténtica “convicción ideológica”, sino que son intentos de “agradar al electorado del diputado ultraderechista Javier Milei” –cuya intención de voto para los comicios de 2023 crece, según las encuestas–.
En Uruguay, las autoridades de la educación dispusieron en abril de este año que “el uso de lenguaje inclusivo deberá ajustarse a las reglas del idioma español”, excluyendo el uso de la “e”, la “x” y la “@”.
Un proyecto de ley presentado por una diputada del partido de extrema derecha Cabildo Abierto –que forma parte de la coalición gobernante– busca imponer una prohibición efectiva del lenguaje inclusivo en todo el Estado. El texto fue acusado de plagio, pues es casi idéntico a otro presentado en Chile el año pasado.
Paraguay, por su parte, se convirtió en el primer país del mundo en prohibir toda referencia al “género” en la educación pública.
Luego de una intensa campaña de grupos conservadores, apoyados por la organización estadounidense Alliance Defending Freedom, un decreto de 2017 dispuso “prohibir la difusión o utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas” públicas. Se dio un plazo de 60 días hábiles a un departamento del Ministerio de Cultura para revisar todos los textos educativos y “emitir un informe con las propuestas de ajustes correspondientes”.
La prohibición “creó un tabú en torno a la propia palabra ‘género’”, dijo a openDemocracy la abogada de derechos humanos y activista feminista Mirta Moragas, que estudió los resultados de esa revisión. Esto ha causado que “el cuerpo docente se abstenga de tratar ciertos temas como la violencia contra las mujeres y niñas”.
Esto resultó especialmente alarmante, ya que Paraguay tiene la mayor tasa de embarazo adolescente del Cono Sur –una región que incluye también a Argentina, Chile y Uruguay –, y la violencia sexual está muy extendida. Casi cada día, dos niñas de entre diez y 14 años dan a luz, según cifras oficiales. En los primeros cuatro meses de 2022, se registró un promedio de siete denuncias diarias de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
El personal docente “terminó de entrar en un estado de inmovilidad [...] y, con las terribles cifras de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y las altísimas tasas de embarazo de niñas, [...] es casi cómplice de la continuidad de la situación”, dijo Moragas.
Para peor, cuando Moragas analizó los resultados de la revisión, comprobó que para empezar había una “casi nula presencia del tema de género” en los materiales educativos que se habían censurado. La revisión en sí misma fue “imprecisa y desordenada”. Si bien sugería reformar los textos y contenidos escolares, no precisó qué cambios ni cómo realizarlos.
La prohibición se adoptó seis meses antes de las elecciones generales de 2018. “Una posible motivación fue meramente populista, pero sin una preocupación real o legítima sobre el tema”, dijo Moragas. El ministro de Educación que firmó el decreto, Enrique Riera, prometió que “quemaría los libros en la plaza pública si contuvieran ideología de género”.
Proscribir las identidades trans
En algunos lugares de América Latina, la población trans todavía soporta una amplia discriminación e intentos renovados de suprimir sus identidades.
En 2017, legisladores conservadores de Bolivia lograron un fallo constitucional que negó la igualdad de derechos para las personas trans, a pesar de que la discriminación por razones de género está prohibida por la Constitución de 2009 y por dos normas consecutivas –la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de 2010, y la Ley de Identidad de Género de 2016– que implementaron este principio.
Los legisladores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Identidad de Género. El tribunal constitucional rechazó parcialmente la demanda y mantuvo el derecho al cambio de nombre y de género registral de las personas trans, pero consideró inconstitucional parte del artículo 11, que establecía la igualdad de derechos para las personas trans. Una consecuencia de este fallo es que las mujeres trans tienen dificultades para postular a cargos electivos porque la cuota femenina no se aplica para ellas.
Es una “sentencia constitucional vergonzosa”, dijo a openDemocracy el consejero ejecutivo de la red latinoamericana GayLatino, Ronald Céspedes. “Reconoce el derecho a la identidad de género de las personas, pero les priva de sus derechos fundamentales [...] Es como decirle a una persona trans ‘tú puedes cambiar tu nombre y dato de sexo, pero no tienes los mismos derechos’”.
En Guatemala, un proyecto de ley para “proteger a la niñez y adolescencia de los trastornos de la identidad de género”, presentado el año pasado, es “completamente discriminatorio”, según Cristian González, de HRW. El artículo 1 prevé que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que no sea vulnerada su identidad según su género sexual [sic] al nacer”, mientras que el artículo 2 establece que deben ser “protegidos” de todo material que “represente, promueva o muestre alteraciones de la identidad del sexo de nacimiento, reasignación de género, o variación de la identidad sexual natural”. El proyecto busca prohibir que se difunda información sobre identidad de género en las escuelas y obligar a los medios de comunicación a etiquetar como prohibidos para menores de 18 años los programas que muestren a personas trans o hablen sobre ellas.
El texto, aprobado por la Comisión de Educación y de lento tratamiento en el Congreso, tiene también como fin “distraer a la sociedad” cuando aparece otro tema político acuciante, según González.
“Con esta iniciativa las personas ‘transodiantes’ tienen una vía libre para discriminar a las personas trans”, dijo a openDemocracy la activista Stacy Velásquez, directora de la Organización Trans Reinas de la Noche.
El 8 de marzo, el Congreso aprobó la ley para la protección de la vida y la familia, que, entre otros puntos, legalizaba la homofobia y endurecía las penas por aborto. Pero, debido a su contenido inconstitucional y violatorio de tratados internacionales, no llegó a ser promulgada por el presidente Alejandro Giammattei.
Entre 2019 y 2020, 18 personas trans fueron asesinadas en Guatemala, según el Centro de Documentación de Situación de Personas Trans de América Latina y el Caribe. Ninguno de los casos está siendo investigado.
En junio de 2021, Andrea González, presidenta de Reinas de la Noche, fue acribillada a balazos, dos días después del asesinato a golpes de Ceci Ixtapa, activista de Redtrans. Ambas habían denunciado a las autoridades que recibían amenazas. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos registró en 2021 otras siete muertes violentas de personas trans.
La violencia contra la población LGBTI es un problema persistente en El Salvador, según González, de HRW. Esa violencia condujo al desplazamiento forzado de 166 personas LGBTI el año pasado. La persecución se agravó con el polémico régimen de excepción aprobado por el Congreso a fines de marzo y prorrogado por cuarta vez el 19 de julio, porque suspende garantías constitucionales.
“Antes de que llegara al poder el presidente Nayib Bukele, hubo algunos avances a nivel nacional”, dijo González. Por ejemplo, las autoridades crearon una Unidad de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social, eliminada por Bukele y reemplazada por una Unidad de Género, dependiente del Ministerio de Cultura. “Muchos activistas vieron ese cambio como un ataque a sus derechos porque la violencia contra personas LGBTQ y la inclusión no son un tema necesariamente de cultura, sino de inclusión social”, agregó.
Un proyecto de ley sobre identidad de género, presentado en 2018, también quedó archivado luego de la llegada de Bukele al gobierno.
“La actual ley dice que el nombre no puede ser equívoco del sexo, es decir, si tenés vagina no te podés llamar Pedro, tenés que tener un nombre ‘acorde’ a tu sexo”, explicó a openDemocracy la activista trans Ámbar Alfaro. En febrero, sin embargo, la sala constitucional de la Corte Suprema dictaminó que las personas trans tienen derecho a cambiar su nombre y dio un año a la Asamblea Legislativa para que habilite este derecho por ley.
Este artículo fue publicado originalmente por el proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.