La diputada de Cabildo Abierto (CA) Inés Monzillo ha criticado públicamente la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, la tipificación del femicidio y la Marcha de la Diversidad. Recientemente, se ha manifestado en contra del lenguaje inclusivo, y, en consecuencia, elaboró un proyecto de ley para prohibir su uso en institutos de enseñanza y organismos públicos.

El proyecto que presentó la diputada en abril de este año es casi idéntico a uno presentado en Chile en mayo de 2021, e incluye pasajes textuales de diferentes medios de prensa sin citar. En la ponencia La ideología detrás de la prohibición del lenguaje inclusivo, en el marco del Quinto Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, las investigadoras Amanda Muñoz y Lucía Arroyo dieron cuenta sobre el plagio en el que incurrió la diputada en la exposición de motivos.

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Los antecedentes del proyecto de la legisladora uruguaya fueron tomados casi en su totalidad del proyecto chileno, sin hacer referencia a ello en ningún momento. Asimismo, la iniciativa tiene otros agregados de medios de prensa, sin entrecomillar o hacer referencia a la fuente original. Por ejemplo, en el tercer párrafo de los antecedentes, se agrega: “Asimismo, en Chile, los diputados Cristóbal Urruticoechea (IND. ex RN) y Harry Jürgensen (RN) presentaron un proyecto de reforma constitucional que prohíbe el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que ‘desnaturalicen el lenguaje dentro de enseñanza oficial reconocida por el Estado’, iniciativa presentada este 2021”. El párrafo es casi idéntico al de una nota de CNN Chile, publicada el 27 de mayo del año pasado.

Otro agregado que diferencia el proyecto de Monzillo del chileno son fragmentos de una entrevista al escritor Sergio Sinay en Infobae, publicada el 13 de junio del año pasado, que la legisladora no cita. Asimismo, modificó la frase del escritor cuando hace referencia a las declaraciones de la vicegobernadora de la provincia del Chaco, Analía Rach Quiroga; escribió la palabra “refieren” cuando en la nota original decía “refiere esta señora”.

En cuanto a la historiografía del proyecto de ley, los enlaces que aparecen en el texto no son accesibles “porque presentan alteraciones”, explicó Muñoz. Agregó que al buscar de dónde provenían los párrafos que integran el cuerpo del texto del proyecto detectaron que “97% del proyecto es plagio de tres textos”: el proyecto de ley chileno, una nota periodística del medio argentino Infobae y la nota de CNN Chile sobre el proyecto de ese país.

Por otra parte, ejemplificó el plagio al comparar ambos proyectos y ver que casi 67% del proyecto presentado por la diputada es producto del documento chileno. De las 1.117 palabras que contiene la exposición de motivos, 1.084 corresponden a estas tres fuentes; el aporte de Monzillo son apenas 33 palabras que en realidad lo que hacen es “adaptar el texto chileno a la realidad local”, explicó Muñoz. Además, las investigadoras descubrieron que algunas de las declaraciones que el proyecto de ley atribuye a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, no las dijo él, sino que son producción del o la periodista que escribió la nota de Infobae.

Consultada al respecto por la diaria, Monzillo respondió: “No tengo idea del proyecto de Chile”. Puntualizó que no lo redactó ella sola, sino “con el equipo del despacho”. “Lo hicimos nosotros”, recalcó, y agregó: “¿Quién dice que [no] nos copiaron de Chile el nuestro?”.

“Nosotros, ponele, en otro tema estamos trabajando con un diputado argentino para que otro proyecto salga en paralelo en Argentina y en Uruguay”, puso como ejemplo Monzillo, pero señaló que “eso es otra cosa”.

El análisis

El trabajo de las académicas concluyó que, lejos de separar el lenguaje de la ideología, como Monzillo declaró en varios medios de prensa cuando presentó el documento, su proyecto está viciado de componentes que generan todo lo contrario. La exposición de motivos de Monzillo hace alusión al lenguaje inclusivo con diferentes términos, por ejemplo, “alteración, aberración, errático, caprichoso, excluyente y engorroso”.

“Analizamos dos textos, una nota periodística del semanario Búsqueda y el proyecto de ley presentado por la diputada”, explicó Arroyo. Entre otras cosas, la investigadora tomó algunas declaraciones de Monzillo a Búsqueda -el medio que adelantó el contenido del proyecto de ley-, por ejemplo, las líneas en las que la diputada se refiere al idioma español como la lengua oficial de Uruguay, aunque “eso no es así”, acotó Arroyo. El error no se repite en el proyecto.

Por último, las investigadoras resaltaron que el proyecto de ley “es un recorte tendencioso” que sólo utiliza argumentos para reforzar su punto de vista. Además, pese a que aboga por el uso adecuado del idioma español, presenta en su texto errores de citación, además de errores de puntuación y descuidos como referir al año 2021 y no al 2022 -año en el que se presentó-, entre otros.