“En Uruguay, 31 niñas deberían estar saltando a la cuerda y no transitando embarazos”. Con esa frase de titular, Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña para advertir sobre las situaciones de embarazo infantil en nuestro país. La iniciativa gira en torno a ese dato concreto y preocupante: entre enero y mayo de este año, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) registró 31 embarazos en niñas y adolescentes de menos de 15 años. La cifra surgió en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó la organización, que también revela que la mayoría de esas niñas vive en el interior y que, en muchos casos, se trata de embarazos vinculados con situaciones de abuso sexual.
“De alguna manera, el embarazo infantil nos permite hablar de otras vulneraciones que sufren las niñas y que tienen que ver con la violencia sexual en este caso, aunque no solo”, señaló a la diaria la socióloga Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay. En ese sentido, aseguró que el embarazo infantil es apenas “la punta del iceberg”.
La experta recordó que, en los últimos cinco años, la organización realizó tres informes sobre el tema que documentan que, si bien en Uruguay hay un descenso en la tasa de fecundidad y desde 2013 también de los nacimientos producto de embarazos infantiles, se puede identificar “una tendencia a la estabilidad, es decir, una meseta”, en tanto “se produce más o menos la misma cantidad de embarazos por año -en el entorno de los 100 o 110-, con un aumento en 2019”.
A la vez, Pérez Chabaneau destacó que “si bien los nacimientos producto de embarazos en menores de 15 años vienen en descenso, las interrupciones voluntarias del embarazo [IVE] aumentan”, lo que significa que “el embarazo en sí se produce, y sabemos que atrás de eso hay situaciones de vulneración de derechos”.
La directora ejecutiva recordó que los últimos datos del Ministerio de Salud Pública, que son de 2021, mostraron que ese año se registraron 108 embarazos en niñas y adolescentes de menos de 15 años, de los que 50 devinieron en nacimientos y 58 en IVE. Detalló que “a lo largo de los años ha habido una pequeña variación”, ya que “en años anteriores era mayor la proporción de nacimientos y menor la de IVE, y esta tendencia se invierte”. Sin embargo, advirtió que aunque “la consecuencia de ese embarazo es distinta -en tanto se produce un nacimiento o se produce una IVE-, el asunto de fondo, que es el embarazo y la situación de violencia, se mantiene en el tiempo, y lo que apenas varía es el número de embarazos”.
Por eso, y citando el título del informe de Amnistía de 2021 sobre este tema, abogó por “unir las piezas de la violencia sexual”. Esto significa, “por un lado, quitarle este velo romántico al embarazo, a la maternidad y a lo que eso implica”, y, por el otro, “cuando llega un caso de un embarazo en una niña o una adolescente menor de 15 años, poder problematizar y siempre hacernos la pregunta de qué es lo que hay detrás de eso”. “Para empezar, explorar situaciones de violencia sexual obviamente”, contemplando tanto a las personas adultas del entorno de esa niña o adolescente como a las “relaciones entre pares, [porque] no significa en todos los casos que estén exentas de violencia”, sugirió Pérez Chabaneau.
La investigadora dijo que los embarazos infantiles, así como el aumento de las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes registradas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), “nos muestran que hay una dimensión de riesgo”.
En esa línea, dijo que “si bien se desarrollan acciones y es importante reconocerlas, algunas son insuficientes para abordar de lleno la situación del embarazo infantil, con todo lo que eso implica, y lo que implica es hacer una reflexión en torno a la violencia sexual y las situaciones de abuso que viven nuestras niñas y adolescentes y también los niños, porque así lo indican las cifras”. Al mismo tiempo, aseguró que la problemática “nos permite empujar una conversación que tiene que ver con las situaciones de riesgo que viven nuestras niñas, niños y adolescentes”.
Consultada sobre qué acciones deberían reforzarse o implementarse desde el Estado para prevenir los embarazos infantiles, la referente de Amnistía en nuestro país afirmó que “una de las herramientas más importantes y privilegiadas es la educación sexual integral”. Y agregó que las medidas de las instituciones públicas involucradas deberían ir principalmente en tres líneas: prevención, atención y reparación.
La estrategia de notificación de ASSE: un “traje a medida”
Pérez Chabaneau señaló que se trata del primer pedido de acceso a la información pública que la organización hace al Dispositivo de Notificación y Atención a Situaciones de Embarazo Infantil de ASSE, que establece que, cuando se detecta o hay una sospecha de un embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, los equipos en territorio notifican a un equipo central, lo que permite un mejor seguimiento caso a caso. La socióloga dijo que esta herramienta constituye “una de las acciones de política pública específica que se desarrollan para dar seguimiento al embarazo infantil”.
Hace unas semanas, entrevistada por la diaria, la referente técnica de salud sexual y reproductiva de ASSE, Mónica Gorgoroso, aseguró que la estrategia de notificación de casos ha permitido analizar con los equipos en territorio no sólo la situación de esas niñas y adolescentes, sino también “su contexto familiar, la institucionalidad que se articula alrededor de estas familias, que muchas veces están intervenidas por distintas instituciones del Estado, porque han transitado por instituciones de protección o de judicialización incluso”.
Por otro lado, puntualizó que una niña o una adolescente menor de 15 años que llega con un embarazo “es prioridad para la institución”, y que esto se ve “en una conducta más expectante y más vigilante de los equipos de salud, en estar muy atentos al contexto, a pensar que seguramente ese embarazo es producto de violencia y que, por lo tanto, no nos debemos agotar en lo obvio”. Así, según la referente, la estrategia les permitió trabajar en un “traje a medida” para cada una de las niñas y adolescentes.
“Nuestros equipos están trabajando caso a caso y lo que hemos aprendido es que no hay que reducir la complejidad, hay que trabajar con ella, porque el embarazo siempre es la punta del iceberg en una trayectoria plagada de vulneración de derechos”, afirmó Gorgoroso, y destacó además que “la gran mayoría de las niñas que cursan embarazos forzados son usuarias de ASSE, y eso no es una casualidad, por lo que es absolutamente fundamental que nos encarguemos del tema”.