Ingresó al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto para el período 2025-2029, el documento que define cuáles serán las prioridades de este Poder Ejecutivo para el quinquenio. Una lectura detallada permite rastrear cuáles son las medidas que el gobierno prevé implementar específicamente para prevenir la violencia de género, un problema que persiste en Uruguay y que aparece como una de las “líneas estratégicas” en el apartado sobre seguridad.
En ese capítulo, el documento asegura que, “ante la persistencia de altos índices de violencia doméstica y femicidios”, el presupuesto quinquenal prevé “un conjunto de medidas correctivas que incluyen la ampliación de dispositivos electrónicos de control y protección para las víctimas (tobilleras y otras tecnologías), además de la implementación del Plan de Seguridad transversal con programas específicos para género”.
A la vez, la iniciativa incorpora al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales un nuevo delito, vinculado específicamente a la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes.
Fuera de la órbita del Ministerio del Interior (MI), el proyecto incluye partidas económicas para la creación de una nueva fiscalía de violencia doméstica y de género, así como dos juzgados especializados en violencia basada en género en el interior del país. También prevé recursos para ampliar la cobertura de los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y trata que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Dos nuevos juzgados y otra fiscalía
Desde que se aprobó la Ley 19.580, a fines de 2017, una de las principales demandas de activistas, especialistas y organizaciones que trabajan en temas de violencia de género ha sido la instalación de los juzgados especializados que la normativa crea en su artículo 51. A casi ocho años de la entrada en vigencia de esa ley, los primeros tres juzgados especializados en violencia de género recién se pusieron en marcha durante el período anterior, en respuesta a lo que estableció el presupuesto para el período 2020-2024.
Ese proyecto presupuestario destinaba casi 33 millones de pesos para 2021 y cerca de 66 millones para los cuatro años siguientes. Con esa partida se inauguró el primer juzgado especializado en Maldonado en febrero de 2022, el segundo en Salto en octubre de 2023 y el tercero en Rivera en agosto de 2024.
El presupuesto del actual gobierno crea otros dos juzgados especializados en el interior, para lo que asigna una partida anual de un poco más de 78 millones de pesos a partir de 2027. El Poder Judicial será el encargado de definir dónde se instalarán, de acuerdo con la demanda y las necesidades en cada territorio.
A su vez, se creará una nueva Fiscalía Penal de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Montevideo, que empezará a funcionar en 2027. Para eso, se destinan partidas anuales de 14 millones y medio de pesos para “asesoramiento” y “funcionamiento”, 212 millones de pesos para “perfeccionamiento académico y técnico”, y 200.000 pesos para “repuestos y accesorios”, todas a partir del 1º de enero de 2027. El documento especifica que la Fiscalía determinará la fecha de instalación de la nueva sede.
De esta forma, serán cinco las fiscalías penales especializadas en violencia de género en la capital del país. En paralelo, existen seis fiscalías de delitos sexuales.
Más tobilleras y otro delito en el Registro de Violadores
En el presupuesto destinado al MI también se contempla una partida anual de 55 millones de pesos para el “arrendamiento de dispositivos electrónicos de verificación de presencia y localización de personas, destinadas a agresor y víctima de violencia doméstica”, a partir de 2027. Actualmente, el país cuenta con 2.300 equipos –que corresponden a 4.600 personas monitoreadas– y, según detalla la exposición de motivos, la intención es implementar 1.000 dispositivos más en el quinquenio.
El texto del Ejecutivo menciona además la implementación de un “nuevo programa de dispositivos electrónicos, app y centro de apoyo telefónico especializado a víctimas”, conocido como Sistema Élida, la creación del Monitor de Género –que, según anunció el gobierno en marzo, apunta a “evaluar, transparentar y mejorar el servicio público y la gestión humana del ministerio”– y la formación de equipos policiales especializados en investigación de delitos sexuales.
Por otra parte, se introduce una modificación al artículo de la ley de urgente consideración (2020) que creó el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales en la órbita del MI para las personas condenadas por los delitos de violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción, establecidos en el Código Penal, y por los delitos previstos en la Ley 17.815 sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Concretamente, agrega que también podrán ser incluidos en ese registro quienes tengan una condena por el delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal, que apunta a aquellas personas que “mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.
Fortalecimiento de los servicios de Inmujeres y cambios en el observatorio
Respecto de la atención a mujeres víctimas de violencia de género, la iniciativa contempla recursos para la “ampliación de la atención profesional a mujeres, apertura de servicios especializados, incorporación de equipos estatales, adecuación de infraestructura y funcionamiento sostenido del Portal de Ingreso a los Servicios de Atención a Mujeres en situación de violencia basada en género” que gestiona Inmujeres. Con ese fin, destina una partida anual de 30 millones de pesos para profesionales y técnicos que trabajan en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y trata.
A su vez, el proyecto modifica el artículo de la Ley 19.580 que establece la creación del Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. El presupuesto del gobierno pasado dejó el observatorio a cargo de una “comisión interinstitucional honoraria” y bajo la órbita de Inmujeres –antes la presidía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto–, y eliminó la representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS). Este Ejecutivo propone que esté a cargo de una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá, el MI, la Fiscalía General de la Nación y la RUCVDS, y que siga funcionando en la órbita de Inmujeres.