Siete de cada diez mujeres asesinadas en Uruguay entre 2019 y 2024 fueron víctimas de femicidio, según un informe del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres presentado el año pasado. Esas cifras no son solamente cifras: representan historias, nombres, rostros de mujeres cuyas trayectorias de vida quedaron truncadas para siempre. Eran hijas, hermanas, madres, tías, amigas, cuñadas, compañeras de personas que conviven cada día con esa ausencia.
Una de esas historias es la de Valentina Cancela. En la mañana del 15 de agosto de 2023, su mamá la saludó antes de irse a trabajar sin imaginarse que sería la última vez que la vería. Un día después encontraron su cuerpo en la playa Brava de Punta del Este. Tenía 17 años y fue asesinada por su exnovio, de la misma edad. En febrero de 2024, el femicida fue condenado a diez años de privación de libertad por homicidio especialmente agravado por femicidio y recluido en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Fue la primera condena por femicidio a un menor de 18 años de la que se tenga registro en el país.
Desde aquel día de agosto, la vida de Liliana Sarmoria, mamá de Valentina, “se tornó en una completa oscuridad de la cual es muy difícil salir”, dice a la diaria. “A medida que va pasando el tiempo, cuando una va cayendo en esta triste realidad, es como volver a caminar. Es todos los días rearmarse. Es todos los días volver a elegir la vida”, agrega esta madre que, pese al dolor, decide hablar porque siente que tiene una “doble responsabilidad”: pedir justicia por su hija y reclamar para que no le pase a ninguna más.
Durante la entrevista, la voz de Liliana se quiebra muchas veces: cuando recuerda las situaciones de violencia que vivió su hija antes del desenlace fatal, cuando habla del vínculo que tenía la adolescente con ella, con su hermana Tatiana, con su cuñada Bárbara, con sus amigas. En varias ocasiones se refiere a Valentina en presente. En muchas otras, llora. Le pregunto si quiere parar. Ella se seca las lágrimas, se aclara la garganta y responde que no: “Estoy bien. Estoy bien porque hay que hablar. Es la única manera”.
Cuando dice “la única manera” se refiere al motivo por el que recurrió a un medio de comunicación dos años y medio después del femicidio: ahora, que terminó el proceso penal, que ya cuenta desde hace un tiempo con contención psicológica y psiquiátrica, que se mudó a Montevideo porque no puede habitar los mismos lugares en los que vio crecer a su hija que ya no está, ahora, siente que puede hablar y que, al hacerlo, el caso sirva para que la sociedad esté más alerta a las señales de la violencia de género. También para que el Estado asuma responsabilidades y fortalezca los mecanismos de prevención.
Liliana había detectado señales de alerta e incluso llegó a denunciar al exnovio de su hija meses antes del femicidio. Cree que la Justicia nunca tomó el caso en serio porque eran adolescentes. En ese sentido, cuestiona el accionar del Estado y pide revisar la normativa –si bien el femicida recibió la máxima condena que existe en Uruguay para casos que involucran a menores de edad, ella considera que es “insuficiente”–, pero, sobre todo, les habla a madres, padres y adultos responsables de niños, niñas y adolescentes: “Estemos muy atentos a la conducta de nuestros hijos, porque estoy segura de que, si nos damos cuenta a tiempo de ciertas situaciones, hoy por hoy habría mucho menos femicidios y asesinatos”.
El testimonio de Liliana refleja además algo que suele quedar invisible detrás de las noticias policiales, que es cómo enfrenta la vida una familia atravesada por un femicidio: las estrategias de supervivencia para sobrellevar el dolor, el costo emocional pero también material, y lo difícil que es muchas veces el camino hacia la reparación. En este sentido, Liliana, Tatiana, Bárbara y tres amigas de Valentina tienen previsto presentar una demanda civil contra el Poder Judicial, el femicida y su padre. El reclamo, que apunta a una reparación económica y una reparación simbólica, será presentado en las próximas semanas, según adelantó a la diaria el abogado Ignacio Barlocci, que junto con el doctor Juan Williman representa a las demandantes.
Las señales previas y la Justicia omisa
La familia de Valentina insiste en que hubo señales de que la adolescente estaba viviendo violencia por parte de su entonces novio. En diálogo con la diaria, Liliana y Bárbara recordaron algunos episodios en los meses previos al femicidio que llevaron a la familia a estar más atenta al vínculo de los adolescentes. En ese seguimiento, vieron mensajes que mostraban que “las palabras que él utilizaba eran de una persona sumamente agresiva”, dijo Liliana, y recordó que llegó a decirle al padre del adolescente que su hijo sentía “odio a la figura femenina”. “No me equivoqué”, reflexiona ahora.
Por eso es que insiste en la importancia de que madres, padres y cualquier persona responsable de niñas, niños y adolescentes estén atentos a la conducta de sus hijos. “No estamos preparados para ver de repente que tenemos una hija o un hijo violento. Pero ante cualquier duda, por favor, acudan a los profesionales, porque si él hubiese acudido a un profesional en el momento adecuado, cuando se estaba gestando su personalidad, hoy día tendríamos otra circunstancia de vida y Valentina estaría con nosotros”, aseguró.
Uno de esos episodios derivó en una denuncia por violencia de género por parte de Liliana dos meses antes del crimen. La mamá dijo que veían “rara” a Valentina y, tras insistirle para saber qué le pasaba, ella les terminó contando que una noche en la que la madre tuvo que viajar a Montevideo por unas horas él fue a la casa, la agredió verbal y físicamente, le destruyó el celular y por un rato la “privó de su libertad”.
“Después de saber toda esta situación, le digo: ‘Valentina, esto no se puede dejar pasar por alto, vamos a denunciar’, y ahí es cuando hago la denuncia”, narró Liliana. La denuncia fue presentada el 29 de junio de 2023, por “agresiones físicas y verbales”. Unos días después, la jueza Dina Salim dispuso mediante resolución judicial “intimar a los menores a un buen relacionamiento”, así como “intimar a todos los progenitores al estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad”.
“Yo ahí realmente dije ‘está todo mal’”, recordó Liliana respecto de lo que pensó cuando conoció la resolución judicial. “Quizás en algún momento lo que se perdió de vista, digo yo tratando de entender y también tratando de ser objetiva, que es lo más difícil, es que, como se trataba de adolescentes, no le tomaron la importancia que requería el caso, entonces, lamentablemente, después de esa situación, pasa lo que pasa”, expresó.
Después del femicidio, ante lo que claramente fue una ineficiente evaluación del riesgo que corría Valentina por parte de la jueza, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario contra Salim para determinar si había habido faltas en su actuación. Según informó en su momento la SCJ, el objetivo era indagar si habían existido por parte de la magistrada “posibles incumplimientos” de la Ley 19.580 de violencia basada en género y de otras disposiciones que prevén, por ejemplo, la imposición de medidas cautelares.
La vida después del femicidio
¿Cómo sigue una vida atravesada por un femicidio? “Lo que era un hogar pasó a ser una cárcel. De una vida normal, uno pasa a vivir una completa oscuridad de la cual es muy difícil salir. Por tal motivo, una de las decisiones fue venir a Montevideo para estar con mi familia, porque necesitaba, en parte, huir de esa situación”, aseguró Liliana.
Desde el día en que encontraron a Valentina entre la arena, ni Liliana ni Tatiana ni Bárbara pudieron volver a pisar una playa. Las tres están desde entonces con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Sin esta contención, “hoy sería imposible estar acá hablando”, dijo la mamá.
“Es difícil a veces empezar a hablar, contestar ciertas preguntas, pero es la única manera de concientizar a la sociedad y también no quedarnos callados. Es muy difícil, la voz se quiebra, por momentos cuesta hasta respirar, pero la idea es que estos hechos trágicos, como les pasa a otras familias también, no se vuelvan a repetir; buscar ayuda para ver qué es lo que podemos cambiar”, afirmó Liliana, con la mirada puesta en el futuro.
En ese sentido, dijo que ha estado en contacto con otras madres que han atravesado situaciones similares, por ejemplo, Adriana Belmonte, mamá de Lola Chomnalez, la adolescente argentina que fue víctima de femicidio en diciembre de 2014 en Valizas. “Cada ser humano procesa el dolor como puede, pero yo pienso que a veces hay circunstancias que solamente personas que pasan por esa situación te pueden entender. Simplemente que te digan ‘podés contar conmigo, acá estoy’ es muy importante; a mí me pasó y a veces es como una lucecita en un túnel tan oscuro”, señaló Liliana. “También pienso que, si ella salió adelante, dentro de lo que podemos decir que es salir adelante, pero siguió con su vida, ¿cómo hizo? ¿Con qué mecanismos? Porque somos eternos aprendices y una tiene que ver en ese caso cómo hizo, qué es lo que puedo sacar como referente que me ayude para que yo empiece a hacer ciertas cosas en el diario vivir”, agregó.
El impacto del femicidio de Valentina también se sintió en la comunidad en la que estaba inserta la adolescente. Liliana aseguró que, tras el crimen, “quedaron todos muy mal en el liceo donde iba Vale”, y Bárbara recordó que “pusieron un equipo interdisciplinario para poder contener a los chicos porque fue muy fuerte”.
Liliana se refirió en particular a las amigas de Valentina: “Hoy por hoy son mujercitas, porque ya tienen 18 o 19 años, pero son muy chicas para pasar por todo esto [...] Ha quedado un vacío, un dolor… Una chica que tenía toda una vida por delante. Cuando veo a sus amigas, que las aprecio mucho y les estoy más que agradecida, lo que veo también es que la que falta en esta historia es Valentina”.
La demanda civil
Cuando se conoció la sentencia para el femicida, las familiares de Valentina tuvieron sentimientos encontrados: por un lado, estuvieron “conformes” porque le dieron “la máxima condena a nivel de adolescentes”, pero consideraron que diez años es “muy poco tiempo”, afirmó Liliana, y pidió que “por favor se tomen medidas” al respecto.
El año pasado, cuando ya había quedado atrás el proceso penal, la familia supo que existía la posibilidad de presentar una demanda civil para exigir reparación. La demanda, que será presentada en las próximas semanas, es un reclamo al Poder Judicial, al femicida y a su padre, en tres aspectos: reparación económica por daño moral y patrimonial; un pedido para que la sentencia de condena y la sentencia confirmatoria se eliminen de la Base de Jurisprudencia Nacional, en cumplimiento de distintas leyes que garantizan el derecho a la confidencialidad y privacidad de datos de las víctimas, y un gesto de reparación simbólica solicitando que el Poder Judicial “disponga un recordatorio hacia Valentina Cancela, ya sea nombrando así alguna de sus instalaciones o jornadas académicas, sin publicar ningún dato sobre su salud”, según se lee en el documento, al que accedió la diaria.
El texto de la demanda recuerda que en Uruguay existe un antecedente en el que se determinó responsabilidad civil del Estado por femicidio, que es el caso de Valeria Sosa, asesinada por su expareja policía en enero de 2017, después de que la mujer lo denunciara en dos ocasiones por violencia doméstica. La familia de Sosa presentó una demanda contra el Ministerio del Interior por no haber aplicado la normativa correspondiente ante las denuncias presentadas, y en 2021 la Justicia condenó al Estado a que les pagara una indemnización.
Además de ser un derecho de las víctimas, la reparación económica es necesaria materialmente: al costo incalculable que tiene un femicidio a nivel emocional y de la salud integral, se suma el costo material que implica para una familia sostener el trauma y el duelo. El acceso a psicólogos, a psiquiatras, a medicación. Muchas veces, no tener otra alternativa que renunciar al trabajo o pedir licencia médica. En el caso de Liliana, abandonar su casa y mudarse a otro departamento.
Bárbara dijo que, pese a esto, saben que por solicitar la reparación van a ser “juzgadas como familia, como amigas, como círculo de Valentina”, y que “para eso tampoco hay una contención”. “Nadie te dice cómo tenés que hacerlo, nadie te prepara y nadie las prepara a ellas, como víctimas secundarias de esta situación, a enfrentarse a ese momento, porque es revivir un montón de cosas; hay muchas familias que son víctimas y no pueden hacerlo porque realmente es abrir de vuelta esa herida, esa puerta que uno intenta de alguna forma u otra mantener lo más tranqui posible, porque, si no, no podés vivir”, relató. Consideró, además, que “psicológicamente te destruye tener que pasar una persona a pesos; creo que es la segunda peor cosa que nos pasó después de lo que pasó con Valentina, por eso por mucho tiempo [Liliana y Tatiana] tampoco lo hicieron [...] ¿Cuánto vale la vida de mi hija? ¿Cuánto vale la vida de mi hermana? ¿Cuánto vale la vida de mi cuñada? ¿Cuánto vale la vida de mi amiga? A veces las personas piensan ‘ay, está haciendo una reclamación económica’, pero no ven qué hay detrás”. “Yo no pido que me entiendan, pero sí, por una cuestión de humanidad, que no juzguen, porque uno no sabe de lo que es capaz cuando está en una situación así”, complementó Liliana.
¿Cómo quiere que se recuerde a Valentina? Como “una chica con espíritu de lucha, que, por más difícil que fueran las situaciones y por más injusta a veces que es la vida, buscaba salir adelante”, pidió la mamá, e insistió en la necesidad de “concientización y de que se trabaje para que haya cambios” en el abordaje de la violencia de género, tanto a nivel cultural como normativo.