La congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui, del partido conservador Renovación Popular, impulsa un proyecto de ley que busca eliminar el delito de femicidio del Código Penal de Perú. Varias organizaciones de derechos humanos y feministas han alzado la voz contra la propuesta, así como familiares de víctimas de violencia machista, que aseguran que este cambio invisibilizaría la violencia de género e implicaría un retroceso en los derechos de las mujeres.
Los argumentos por los que Jáuregui justifica la eliminación del término es que lo considera “un concepto ideológico que diferencia el valor de la vida entre hombres y mujeres”, por lo que propone cambiarlo por “asesinato a la pareja”. La semana pasada, la congresista progresista Ruth Luque, del partido Ahora Nación, convocó a una rueda de prensa en el Parlamento la semana pasada, en la que, junto con distintos colectivos, aseguró que borrar el término “feminicidio” generará impunidad para los agresores, ya que se podrían reducir sus condenas.
La legisladora dijo que, con la eliminación de esta figura, si una mujer es asesinada por un amigo, vecino o compañero de trabajo, el culpable será juzgado y condenado por un homicidio simple o calificado. Esto implica una serie de riesgos en las condenas que atentan directamente contra los derechos de las mujeres: por un lado, se permitiría al agresor pedir una reducción de condena, algo prohibido en casos de femicidio; por otro, las hijas e hijos de las víctimas no tendrían acceso al subsidio destinado para casos de femicidio.
En lo que va de 2026 se registraron 42 femicidios en Perú, de acuerdo con información consignada por el diario peruano La República, además de múltiples tentativas. Solo en 2025 hubo 134 casos.
Voces en contra del proyecto de ley
Este martes, diversas organizaciones y familiares de víctimas de femicidio hicieron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Lima para denunciar las consecuencias que podría tener este proyecto, de aprobarse, y exigirle al Estado no favorecer la impunidad.
En declaraciones a Efeminista, la hermana de Estephany Flores, asesinada por su expareja en 2019, dijo que “eliminar el delito de feminicidio no es un cambio técnico, es un retroceso grave que invisibiliza la violencia específica que sufrimos las mujeres, debilita la lucha y pone en riesgo los avances que hemos logrado con años de esfuerzo”. De la misma manera, la madre de Érika Oblitas, también víctima de femicidio, expresó que tiene miedo de que se reduzca la pena de la que fue pareja de su hija y sostuvo que borrar este delito “hace más débil a la Justicia y se dejan a las víctimas más desprotegidas”.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú destacó que esta propuesta “sigue representando un serio riesgo, al invisibilizar la violencia de género y debilitar la respuesta del Estado frente a estos crímenes. Lejos de garantizar derechos, las debilitan y exponen a las víctimas a mayores riesgos. El Estado tiene la obligación de proteger, no de retroceder”.
En el mismo comunicado, la Coordinadora recordó que este proyecto surge al mismo tiempo que el congresista Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, presentó otra propuesta que plantea hasta seis años de cárcel para las mujeres que denuncien violencia de género y no logren probar su caso. Como pasa en otros países, incluido en Uruguay, no existe evidencia de “denuncias falsas masivas” por casos de violencia –como expone ese proyecto– y, además, ya se contempla el delito de calumnia en el Código Penal peruano.
Estas dos propuestas “no son igualdad” y “no protegen a las mujeres”, afirmó la Coordinadora, sino que “las exponen a más violencia, las silencian y debilita la lucha contra la violencia”.