Hace unos días, en un evento paralelo organizado en el marco de la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en Montevideo, referentes feministas de distintos países denunciaron patrones que muestran la existencia de un “plan regional” para “recortar y cerrar el espacio cívico” en el que actúan las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres. Una de esas activistas fue la socióloga Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una de las organizaciones feministas más longevas del país, con 48 años de trayectoria.
Durante la actividad, Meléndez denunció los efectos que tuvo en Perú la llamada Ley APCI, aprobada en abril de 2025, que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y habilita que “pase de ser un espacio de coordinación y rendición de cuentas a uno de control y hostigamiento”.
En entrevista con la diaria, la especialista aseguró que Perú asiste a un retroceso “sin precedentes” en materia de derechos de las mujeres y disidencias, en un contexto de “ataque” de sectores que pretenden “frenar” los avances conquistados a nivel de la región, siguiendo las “mismas pautas”. Meléndez afirmó además tener “poca expectativa” de cambios ante la reciente llegada al poder de la presidenta Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, un partido que “históricamente, en sus prácticas, ha sido contrario a todo lo que tiene que ver con la igualdad” y “ha demostrado tener una actitud muy poco democrática”.
El Centro Flora Tristán es una de las tres organizaciones que presentaron en Montevideo los casos que, según afirman, prueban la existencia de un plan regional para restringir el espacio cívico en el que organizaciones feministas actúan para defender los derechos humanos y la democracia en América Latina. ¿Cómo es la situación particular de Perú?
Hemos tenido un retroceso tremendo en materia de derechos humanos de las mujeres y también un estancamiento en materia de derechos de la población LGBTIQ+, que es muy importante mencionarlo porque garantizar sus derechos es parte de la igualdad. Tuvimos algunas décadas de avance significativo con leyes que estaban a favor de una vida libre de violencia; se estaba planteando, por ejemplo, despenalizar el aborto en casos de violación –en Perú tenemos penalizado incluso en casos de violación sexual–, y habíamos avanzado en la paridad. Habíamos avanzado en varias cosas a nivel normativo, pero también a nivel del rechazo social a la discriminación.
Hace diez años, se dio una de las marchas [feministas] más grandes, que fue Ni Una Menos, que no fue la primera, pero sí la más multitudinaria que tuvimos en materia de rechazo a la violencia. Diez años después, y no es coincidencia, tenemos un retroceso tremendo, sin precedentes, que nos hace retroceder décadas en lo avanzado. Y digo que no es coincidencia porque creo que a partir justamente de que determinados sectores se dieron cuenta de este avance, no solamente normativo, sino en los imaginarios de las personas, es que empieza un ataque a quienes están promoviendo este avance para frenarlo. Y lamentablemente lo lograron. Una forma ha sido ubicando operadores políticos en puestos de poder con una agenda claramente contraria a la igualdad y dirigida a todas las normas que hemos promovido desde el movimiento feminista de Perú.
Entonces, por ejemplo, se elimina la ley de igualdad de oportunidades que garantizaba el enfoque de género en el Estado, se empieza a cuestionar a las ONG, a tener una narrativa contraria a las defensoras de derechos, a retroceder en educación sexual, a generar leyes para bloquear y poner más candados a la posibilidad de despenalizar el aborto. Esto ha sido una respuesta, pero que también tiene que ver con un contexto regional, y por eso decimos que es un plan orquestado a nivel regional, porque se han seguido las mismas pautas. Primero, generar miedo en la población, tirar abajo todo lo que tiene que ver con un cambio en la educación, que es un cambio más transformativo, estructural; luego, ir contra las organizaciones, las normas, generar estigmatización, y, finalmente, eliminar las garantías para que la sociedad civil, las feministas, podamos tener financiamiento para hacer nuestro trabajo. Aparte hay una disparidad enorme de recursos, son sectores que manejan muchísimo dinero, que nosotras no tenemos, en un contexto además donde la cooperación internacional también se retira, y en un contexto global de incremento de los autoritarismos y con crisis humanitarias terribles. Hemos continuado, hemos resistido, somos una organización grande, pero también estamos muy apenadas por el impacto que esto tiene en el tejido social, en la posibilidad de que haya más movimiento, más mujeres reclamando sus derechos.
No todo está perdido, pero hay una situación más compleja y evidentemente lo están pagando las personas. Tenemos un abandono en la política contra la violencia sexual, los casos de violencia sexual siguen siendo profundamente dolorosos, profundamente graves, un abandono del Estado sobre todo en las zonas indígenas, casos de cientos de casos de niñas en la parte amazónica que son contagiadas de VIH por la violencia sexual, con un Estado que parece indiferente a esa problemática, que se denuncia una y otra vez. Los servicios son malos, están muy centralizados en las partes de las ciudades y nuestro país es un país diverso, amplio, que tiene muchísima población rural e indígena.
¿Cómo avanzaron estas iniciativas regresivas en derechos que mencionabas? Y, por otro lado, ¿cómo permearon en la sociedad y en la discusión pública?
En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido momentos de campañas de denuncia del embarazo infantil, porque más de 1.000 niñas anualmente son obligadas a continuar con embarazos que son productos de violación, sin información sobre el aborto terapéutico y sin posibilidades de interrumpirlo por casos de violación, que son todos esos casos. Entonces, se han dado campañas como “Niñas, no madres”, “Embarazo infantil es tortura” y otras como “Déjala decidir”, varios años ya atrás, que sí permearon en la población e incluso el discurso político porque se empezó a preguntar por este tema en los contextos electorales, cuando había más garantías democráticas.
En el último contexto electoral, ni siquiera ha estado en la discusión. Entonces, sí hay un retroceso incluso en las narrativas y sí vemos muchos más representantes del patriarcado en redes, con mucha más sensación de permisividad a un discurso agresivo. La impunidad hecha realidad los blinda, se sienten envalentonados, entonces es la era de la permisividad, al estilo de [Donald] Trump. Digo lo que sea, hablo lo que sea y no pasa nada. Incluso un candidato a la presidencia en las últimas elecciones, en la primera vuelta, que se llama Rafael López Aliaga, que es de un sector ultraconservador fanático, cuando pierde el pase a la segunda vuelta empieza a amenazar con violar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, públicamente. Dice que le va a meter un morrocoy, que es una forma de hablar de una violación anal, y no pasó nada. Entonces es terrible, porque se abrió –y creo que no solamente en Perú, sino a nivel global, aunque todavía estén resistiendo muchos estados– una época en la que la política se convirtió en un campo de insultos y de batalla, que siempre ha sido un campo de batalla feroz, pero con una impunidad para la agresión terrible. Lo políticamente correcto se está perdiendo.
Una de las propuestas regresivas más recientes en Perú es la que buscaba penalizar las denuncias falsas por violencia familiar, presentada el año pasado, y que forma parte de una estrategia regional que desde hace unos años impulsan sectores antifeministas y antiderechos. Lo vimos en Uruguay, también en Argentina. ¿En qué estado parlamentario se encuentra y qué acogida tuvo en el país?
En Perú, parte de estos operadores políticos han, efectivamente, estado en el Congreso. Hay un partido que se llama Renovación Popular, que es de este señor [López Aliaga], que él es el líder, que tiene personajes con un pensamiento retrógrado, pero una de sus operadoras políticas es una señora que se apellida Aguayo y se autonombra “la pastora [Milagros] Aguayo”. Ella ha propuesto un proyecto legislativo para eliminar el delito de feminicidio, y otro congresista del mismo partido, apoyado también por ella, ha propuesto este proyecto de ley de denuncias falsas. Nosotras hemos levantado la voz porque de lo que se trata acá es de criminalizar a quienes no puedan probar que fueron víctimas de violencia, y quienes somos especialistas en el tema sabemos que probar una situación de violencia es de lo más difícil que hay, que no siempre puedes probarlo y que además hay un montón de estereotipos, de estigmatización y de problemas para el acceso a la Justicia que vienen siendo denunciados durante años. Este proyecto de ley, felizmente, no logró aprobarse en el Congreso que pasó, pero tememos que se retome en el nuevo Parlamento que ha juramentado hace pocas semanas, y sigue siendo un riesgo porque ha permitido también que se dé cabida a organizaciones de padres que son víctimas de las denuncias falsas. Entonces, al ver que esta metodología se repite, la creación de una organización, los testimonios de supuestos padres –que estoy segura de que los líderes de esas organizaciones son agresores–, y también hemos tenido un cambio que es que se ha aprobado la tenencia compartida como prioridad, sin leer cada caso, y también está muy asociado a esto. Hace poco hubo un caso de un padre que se llevó a sus dos hijos y los mató. De estos casos hay en todos los países. Entonces, el odio hacia el avance de los derechos de las mujeres es tanto que se están dando estas reacciones.
¿Qué representa para el movimiento feminista la llegada de Keiko Fujimori al gobierno de Perú? ¿Qué expectativas tienen?
No tenemos mucha expectativa porque el partido de gobierno que está en el poder [Fuerza Popular] es un partido que históricamente, en sus prácticas, ha sido contrario a todo lo que tiene que ver con la igualdad. Más allá de lo que uno puede creer o no, ha demostrado tener una actitud muy poco democrática, han cooptado poderes del Estado, no hay una independencia de poderes en este momento y es el partido que ha promovido la Ley APCI, que restringe a la sociedad civil. Entonces, es una posición muy conservadora con respecto a temas de igualdad que nosotras lamentamos mucho y, debido a los antecedentes, no podemos tener muchas expectativas y nos mantendremos vigilantes, porque es un grupo político negacionista de la memoria del país, porque evidentemente compromete a su líder inicial [Alberto Fujimori], que siempre quieren colocarlo como un héroe y fue un dictador y un asesino. Eso es lo que fue y eso es lo que la historia quiere borrar.
Las feministas, que además somos parte del movimiento de derechos humanos, también somos las que colocamos fuertemente estas denuncias, como las denuncias de esterilizaciones forzadas [durante la dictadura de Alberto Fujimori], por ejemplo. Uno de los promotores de la ley contra las ONG es el señor [Alejandro] Aguinaga, hoy senador, que fue ministro de Salud cuando las esterilizaciones forzadas en el país, y es uno de los señalados, que tiene procesos y que quiere bloquear justamente los procesos que le competen a él enfrentar. Entonces, estamos en una época de impunidad. Aun así, viendo lo positivo, hay mucha convicción en las defensoras de derechos de continuar. Pero, evidentemente, para continuar en adecuadas condiciones, necesitamos un mayor apoyo de parte de la cooperación.
En este escenario hostil, ¿qué estrategias pueden activar los feminismos en Perú, y en América Latina en general, para hacerles frente a estos sectores?
Hay varias estrategias, pero una es juntarnos, intercambiar sobre qué es lo que nos está sucediendo para pensar estrategias conjuntas, ser solidarias entre nuestros países, porque que esté pasando en Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Perú… no son casos aislados, sino que es algo que va avanzando. La amenaza primero estuvo en Nicaragua y en El Salvador, luego eso ha ido a Paraguay, Perú, Bolivia, luego Colombia, Argentina; o sea, esto va a ir avanzando. Entonces fijarse en esta situación tiene que ver con la solidaridad regional feminista, pero también con un cuidado propio de lo que puede llegar a pasar en otros países de la región.
Por otro lado, es fundamental seguir teniendo diálogos con los estados democráticos que todavía puedan preocuparse por preservar valores fundamentales como la igualdad y la no discriminación. Seguir respaldando el sistema de Naciones Unidas también es clave, así como el análisis continuo de las salidas legales y, por supuesto, seguir construyendo movimiento.
