Esta semana Montevideo fue sede de la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, un encuentro en el que autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil de distintos países de la región convergieron para dialogar sobre los efectos del cambio demográfico con el foco puesto en derechos sexuales y reproductivos, envejecimiento, migración e igualdad de género, entre otros temas asociados. La reunión –organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– también sirvió como plataforma para analizar avances, retos, buenas prácticas y prioridades en la implementación del Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más importante de la región en materia de población y desarrollo, firmado en 2013 en la capital uruguaya.
Como pasa en cada edición de la conferencia, además de las actividades oficiales hay una serie de “eventos paralelos” llevados adelante por organizaciones civiles. En esta ocasión, uno de esos eventos fue Causa abierta, un “espacio de reflexión, discusión y deliberación técnico-política que tiene como objetivo colaborar para que las medidas acordadas por los gobiernos en el Consenso de Montevideo se cumplan”, según describieron en sus redes sociales Cotidiano Mujer y la Articulación Feminista Marcosur (AFM), que coordinaron la actividad realizada el martes en una sala desbordada del hotel Radisson.
Allí, activistas de Perú, Paraguay y El Salvador expusieron patrones que prueban la existencia de un “plan regional” que tiene como objetivo “recortar y cerrar el espacio cívico” en el que actúan las organizaciones feministas y de mujeres. Las exposiciones se apoyaron en el estudio Limitando la acción de las organizaciones feministas y de mujeres. Normas restrictivas y cierre del espacio cívico en América Latina, realizado por la AFM en 2025. El informe identificó restricciones legales, financieras y políticas que impactan en el funcionamiento, la autonomía y la participación de las organizaciones en esos tres países y también en Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. A su vez, detectó patrones comunes: cargas “desproporcionadas y arbitrarias”; uso del poder punitivo del Estado; ambigüedad conceptual en las normas aprobadas; falta de garantías y debido proceso; y pérdida de la confianza y el riesgo para la sostenibilidad de las organizaciones.
Durante la apertura del evento, Lucy Garrido, integrante de Cotidiano Mujer y de la AFM, dijo que la idea de hacer el estudio surgió después de que activistas paraguayas alertaron que “no podían decir ‘género’ en ninguna parte”. A partir de eso, decidieron investigar “qué estaba pasando y por qué se parecían tanto estas leyes, estas prohibiciones, y por qué en todas partes estaban levantando quejas tremendas de que el espacio cívico estaba cada vez más chico”, explicó. Los casos fueron presentados por Myrian González, del Centro de Documentación y Estudios (CDE) de Paraguay; Liz Meléndez, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; e Ivonne Polanco de La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto Legal y las Maternidades Elegidas, de El Salvador.
Después de las exposiciones, aportaron sus análisis y comentarios cuatro expertas convocadas: Viviana Krsticevic (directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil), Ana Piquer (directora de Amnistía Internacional para las Américas), Catalina Martínez (vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos) y Laura Malajovich (encargada de presupuesto y responsabilidad social de Fos Feminista).
Paraguay: un “laboratorio” antigénero
González aseguró que Paraguay es “un laboratorio” donde se “gestan” las ideas antigénero y se detuvo específicamente en la legislación que busca “amedrentar” a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. En concreto, mencionó la llamada “Ley de control, transparencia y revisión de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, aprobada en 2024, que “multiplica todos los requisitos legales que una organización debe cumplir para poder accionar” y exige estar en un registro, a través de un proceso que calificó de “bastante engorroso” y “burocrático”. A su vez, dijo que la norma “pone en grave peligro la cooperación internacional”, en tanto “exige que las organizaciones cooperantes estén inscritas y cumplan los mismos requisitos que impone esta ley”. “En Paraguay le llamamos ‘ley garrote’ porque su objetivo es solamente darnos palo para amedrentarnos, amenazarnos y lograr que una gran cantidad de organizaciones sociales no pueda continuar trabajando en fortalecer la participación ciudadana, que es a fin de cuentas lo que nos permite luchar y demandar al Estado”, apuntó.
La referente dijo que la ley “alcanza a todas las organizaciones sin fines de lucro que participan, inciden o intentan incidir en políticas públicas que están a cargo del Estado central, nacional o local”, lo que supone que el gobierno tiene una “herramienta legal” para “utilizar de manera selectiva con aquellas organizaciones que molestamos”.
González recordó que una de las prioridades recogidas por el Consenso de Montevideo que firmó el Estado paraguayo tiene que ver con “cumplir con el compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación de las políticas, en todos los ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel”. Esto es difícil de cumplir cuando “todos los mecanismos y los compromisos a los cuales el Estado paraguayo se comprometió tienen la perspectiva de género y es justamente lo que ellos, en diferentes instituciones, están recortando”.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Perú: control, desfinanciación y hostigamiento
Meléndez puso el foco en los efectos que tuvo en Perú la llamada “Ley APCI”, aprobada en abril de 2025, que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y da lugar a que esta entidad “pase de ser un espacio de coordinación y rendición de cuentas a uno de control y hostigamiento”. La directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán explicó que la norma obliga a las organizaciones que van a gestionar cooperación internacional a “inscribirse en los registros, mantener una información institucional y programática permanente”, e “incorpora la conformidad previa, que en realidad es un control político de los proyectos”, porque implica que “puedes ejecutar el dinero de la cooperación siempre y cuando el proyecto sea aprobado por el gobierno”.
“Es una ley que ha buscado generar una serie de inhibiciones y de temor en la sociedad civil, con multas que llegan a cerca de 81.000 dólares y que serían impagables para la gran mayoría de organizaciones”, enfatizó. Dijo que además “permite cancelar la inscripción de una organización, situación que vulnera profundamente el derecho a la asociación y a la libre expresión”. La activista también denunció que “prohíbe concretamente el litigio contra el Estado de parte de las organizaciones”, ya que establece la prohibición de “usar recursos para asesorar, asistir, financiar acciones administrativas o judiciales o de otra naturaleza contra el Estado peruano”.
Por otra parte, manifestó preocupación por “el tejido asociativo”. “El movimiento feminista se construye con organizaciones diversas, muchas de ellas sin una estructura administrativa y cuyos pequeños financiamientos podíamos administrar y solventar. Hoy no podemos hacerlo, porque tendrían que estar inscritas en este registro. La obligatoriedad del registro de quienes reciben directa o indirectamente cooperación internacional se constituye en una forma autoritaria de restringir y de acabar con el movimiento social”, advirtió Meléndez.
Pese al escenario adverso, la directora destacó algunos hechos recientes que generan “esperanza”, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en marzo de este año, responsabilizó al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos en 1997 durante la dictadura de Alberto Fujimori.
El Salvador: restricción, criminalización y el estado de excepción
Polanco, de La Movimienta, afirmó que desde la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, en 2019, El Salvador ha experimentado “un proceso de concentración de poder que ha destruido y eliminado los contrapesos y ha restringido también las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en las diferentes instancias”. De hecho, es en este contexto que su organización, antes conocida como Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, anunció su disolución legal en marzo de este año y se refundó ya no como colectivo nacional sino regional.
La activista dijo que la situación se complejizó en 2022, cuando Bukele instauró el régimen de excepción, “con reformas, leyes y políticas que acortaron la libertad de reunión y prohibieron el derecho a la defensa”, y luego en 2025, con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone distintas restricciones a las organizaciones sociales, crea un registro obligatorio e impone multas exorbitantes por incumplimientos. También aportó datos que ilustran el escenario: dijo que entre 2020 y 2025 se registraron 2.041 agresiones a defensoras -según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos- y que, al 31 de julio, la Asamblea Feminista registró 44 muertes violentas de mujeres, a lo que se suman tres muertes maternas.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, aseguró que “ha persistido la criminalización a mujeres por emergencias obstétricas” y que, de 2022 a 2025, su organización ha acompañado cinco casos: “De esas cinco [mujeres], tres han sido condenadas a entre 30 y 50 años [de cárcel], y les ponen medidas del régimen de excepción: las compañeras abogadas no las han podido ver cuando han estado dentro de la cárcel y no han podido ver sus expedientes”. Dijo, además, que cerraron 55 centros de salud comunitarios que brindaban atención en salud sexual y reproductiva.
En este contexto, afirmó que “organizaciones, sindicatos, diferentes espacios organizativos a nivel ambiental temen a veces pronunciarse ante el Estado o realizar acciones públicas por temor a ser detenidos por el régimen” y que “al menos una decena de organizaciones” dejó de funcionar en 2025 a raíz de la Ley de Agentes Extranjeros.
En este panorama oscuro, Polanco destacó dos sentencias de la Corte IDH contra el Estado salvadoreño: una de 2021, por el “caso Manuela”, la mujer que sufrió un aborto espontáneo en 2008 y fue condenada por eso a 30 años de cárcel; y otra de 2024 por el “caso Beatriz”, que en 2013 fue forzada a continuar con un embarazo inviable que puso en riesgo su vida. Para la referente, esto refleja que “las luchas han continuado a pesar de los contextos”.
Los comentarios del Comité de Expertas
La primera experta en intervenir fue Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil, que reafirmó que “se están dando patrones” de “violencia letal, discriminación y violencia a través de redes, procesos de estigmatización, de criminalización y a su vez de impunidad, como el abuso de herramientas legítimas del Estado para perseguir y habilitar distintos tipos de exclusión, de lenguaje habilitador de la violencia, de amenazas”. La abogada dijo que las leyes descritas por las activistas en cada uno de los países “no solo vulneran muchos de los compromisos que se han asumido en el Consenso de Montevideo”, sino que “expresan violaciones a derechos protegidos en tratados internacionales”. En particular, señaló que el “quiebre del derecho de asociación” vulnera “en cascada” una “serie de derechos adicionales”, como “el derecho a defender derechos, que ha sido reconocido autónomamente por la Corte IDH, el derecho a la participación y el derecho a la igualdad”.
En ese sentido, recordó que, “a nivel interno, en los estados hay muchos actores que tienen un papel fundamental en el control de los derechos” y en el monitoreo para que se cumplan las obligaciones internacionales, como defensorías del pueblo, instituciones de derechos humanos, fiscalías, defensorías, altas cortes o procuradurías. En paralelo, apeló a “usar los distintos mecanismos que hay a nivel internacional de los distintos comités, de la Comisión y la Corte IDH, de las relatoras y relatores de Naciones Unidas”, para denunciar la situación.
Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, analizó el caso de El Salvador, aunque aclaró que los comentarios “se aplican a los otros casos porque se están repitiendo patrones en estos tres países y en otros de la región”. “No es casualidad que estos gobiernos que están tratando de minar nuestras instituciones democráticas, que buscan la reelección indefinida, el estado de excepción, la concentración del poder, el debilitamiento de la independencia judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas y que están pasando estas leyes para cerrar el espacio cívico son también aquellos que tienen unas agendas antiderechos”, advirtió.
Sobre el país centroamericano, en particular, dijo que el Estado vulnera varios de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo como “la protección del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, la participación plena de la sociedad civil, el acceso efectivo a la Justicia, el acceso universal a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y la igualdad y la no discriminación”.
Martínez nombró a Uruguay, México y Brasil como los pocos países “defensores de los derechos sexuales y reproductivos y de las instituciones” que quedan en la región, y llamó a “seguir trabajando” con ellos, porque “los retrocesos de un país no pueden ser tratados únicamente como problemas domésticos nacionales”, sino que “implican una responsabilidad colectiva de seguimiento”.
Piquer, de Amnistía, contó que su organización documentó patrones en la aprobación e implementación de “leyes anti ONG” en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela en el informe Rompiendo el tejido social (2026), sin saber que la AFM estaba haciendo un estudio que detectó lo mismo. La experta dijo que uno de los hallazgos de la investigación fue que en todos esos países hubo “un proceso de estigmatización previo a la aprobación de las leyes” y “una falta de justificación con evidencias de por qué la ley es necesaria”. Al mismo tiempo, en todos los casos existieron “requisitos de registro extremadamente difíciles de cumplir” y “sanciones exorbitantes que arriesgan la existencia misma de las organizaciones y en algunos casos incluso la criminalización”.
Según señaló, esto tiene como efecto “el miedo, la autocensura, a veces el retraimiento forzado, la erosión de la capacidad operativa [...], la ruptura de vínculos comunitarios, la disminución de la confianza social, los impactos emocionales para quienes participan en esas organizaciones, un desgaste muy profundo, una descomposición social y, en definitiva, un debilitamiento de la resiliencia democrática”. “En el centro está una restricción no permisible a la libertad de asociación y que se hace con un objetivo muy claro de acallar a las organizaciones que molestan”, agregó.
Por otro lado, puntualizó que “lo autoritario y lo patriarcal van de la mano muchas veces y eso es algo que se ve muy claramente acá”, y alertó que esto además tiene un impacto en los derechos de las mujeres, “no solo en lo político, porque las organizaciones feministas muchas veces no están solamente promoviendo estándares, fiscalizando al Estado, documentando violaciones de derechos humanos, litigando; también están prestando servicios concretos a mujeres que de otra forma no acceden porque el Estado no los presta, y eso también está en juego”.
Finalmente, Malajovich, de Fos Feminista, destacó algunos puntos en común de los tres casos presentados: que la aprobación de las leyes fue “sin deliberación democrática”; que “se usa el lenguaje ambiguo como puerta a la discrecionalidad”; que se prohíbe el litigio estratégico contra el Estado, que es “una herramienta esencial de la democracia”; que se inscriben en “una agenda antiderechos explícita”; y que implican “el cierre acumulativo más allá de la prohibición expresa”, en tanto “el objetivo no era solo prohibir sino desgastar” a las organizaciones.
Los tres casos “confirmaron” que se trata de “una estrategia deliberada para agotar, aislar y silenciar a quienes sostienen las agendas de igualdad, autonomía y derechos sexuales y reproductivos”, detalló la referente, y agregó que, “en este escenario, nuestras redes regionales son ante todo espacios de protección, de articulación y de diálogo generando una comunidad de pertenencia. Tenemos la responsabilidad y hasta el mandato de mantener esta agenda viva y generar estos espacios de encuentro estratégico colectivo”.