La desinformación contra las personas LGBTIQ+ no siempre aparece como una afirmación falsa aislada, sino que suele construirse como parte de una narrativa más amplia que busca instalar determinadas interpretaciones sobre la sociedad, identificar responsables de problemas complejos y presentar las políticas de igualdad como una amenaza para otros derechos.
Ese mecanismo es particularmente visible en las narrativas antigénero. En Uruguay, ya en 2019, el estudio Políticas antigénero en Latinoamérica. Uruguay, el mal ejemplo, publicado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), identificó la utilización de información falsa, interpretaciones sesgadas, argumentos pseudocientíficos y apelaciones emocionales como parte de las estrategias utilizadas por estos grupos. El informe señalaba además que estas narrativas se despliegan en redes sociales, medios de comunicación, instituciones educativas y espacios políticos, en un momento donde aún no estaba tan extendido en nuestro país el uso de la desinformación como herramienta para instalar un relato.
La investigadora Marcela Schenck explicó que una de las claves está en la capacidad de reunir preocupaciones diferentes bajo un mismo relato. Según señaló a la diaria Verifica, la llamada “interseccionalidad de derecha” permite convertir conflictos vinculados al género, la sexualidad, la familia, la economía o la educación en expresiones de un supuesto mismo proyecto.
“La apropiación conservadora del concepto de ‘ideología de género’ le da un nombre a ese enemigo y permite generar alianzas en actores que no necesariamente comparten todas las posiciones”, sostuvo Schenck.
Esta interseccionalidad, explicó, se refiere precisamente a la articulación de distintas dimensiones de la desigualdad, pero con un sentido inverso al utilizado por las perspectivas feministas, “no para desmantelarla, sino para mantenerla”. De esta manera, el rechazo al feminismo puede vincularse con el rechazo a políticas redistributivas o de igualdad, presentándolas como privilegios otorgados a determinados grupos.
El uso de la desinformación para confirmar una “amenaza” previa
La circulación de desinformación se vuelve más eficaz cuando no precisa construir una creencia, sino que puede insertarse en un relato ya instalado. Schenck señaló que la simplificación y las emociones cumplen un papel central en ese proceso. Un problema complejo puede transformarse en una explicación sencilla, con culpables identificables y una amenaza inmediata, lo que puede “transformar la incertidumbre en miedo, y la frustración en indignación”, afirmó.
En ese contexto, una información falsa puede resultar persuasiva no por sus propias características, sino porque confirma algo que la persona ya considera posible. Schenck lo ejemplifica con la educación sexual. Si previamente se instaló la idea de que existe un proyecto destinado a “destruir” la familia, una publicación falsa sobre los contenidos de la educación sexual puede encontrar un marco previo que la vuelve verosímil.
El estudio de MYSU identificaba un mecanismo similar. Sus autores señalaban que los actores “antigénero” comenzaron a recurrir a un lenguaje pseudocientífico para insertarse en una sociedad secular como la uruguaya, con argumentos supuestamente biológicos, médicos o provenientes de otras disciplinas que eran utilizados para defender la familia, cuestionar el aborto o rechazar derechos de las personas trans.
El informe también registraba el uso de “noticias falsas e interpretaciones sesgadas” para desacreditar demandas y propuestas, junto con intervenciones que apelaban a la emocionalidad y la intolerancia en redes sociales y portales de noticias, que apuntaban a deslegitimar los avances y movimientos por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+.
La construcción de un “enemigo” común
La expresión “ideología de género” ocupa un lugar central en esta construcción. El estudio de MYSU la describe como un concepto capaz de aglutinar a grupos con posiciones diferentes y de atribuir una intención de “adoctrinamiento” o “reclutamiento” a quienes promueven políticas de igualdad y derechos sexuales y reproductivos.
Para Schenck, más que identificar una fecha exacta en la que comenzó a utilizarse la expresión en Uruguay, es relevante observar cómo pasó de circular principalmente en ámbitos religiosos a convertirse en un lenguaje compartido de movilización política.
La investigadora ubica un momento de particular visibilidad entre 2017 y 2019, durante la discusión de la Ley Integral para Personas Trans y la campaña para su derogación. En ese proceso, señaló, participaron organizaciones religiosas, agrupaciones de padres y dirigentes políticos, articulando la idea de una supuesta imposición estatal con la defensa de la infancia y de la autoridad familiar.
El estudio de MYSU también identificó al 2017 como un momento de “condensación definitiva” de estas políticas en Uruguay. En ese período llegaron al país referentes regionales que difundieron discursos contra la llamada “ideología de género”, con afirmaciones falsas o demonizadoras sobre las personas LGBTI+ y con la utilización de supuestas evidencias pseudocientíficas. El informe sostiene que este recurso buscaba superar las limitaciones que podía tener un discurso explícitamente religioso en una sociedad secularizada.
En 2019, durante el debate público sobre la Ley Trans, circularon una serie de narrativas falsas sobre el proyecto de ley y la comunidad de personas trans, que motivó una serie de reclamos por parte de organizaciones civiles y la academia, desde donde se denunció una “campaña de desinformación”.
Entre los punteros se encontró el entonces diputado nacionalista y líder cristiano Carlos Iafiglioga, quien insistió con relatos falsos sobre las propuestas del proyecto de ley, por lo que debió declarar ante la Justicia bajo la acusación de incitación al odio. Finalmente, la juntada de firmas impulsada por el legislador y grupos religiosos derivó en un plebiscito que no superó el 10% de votos válidos del padrón, por lo que no se habilitó un referéndum revocatorio de la ley.
Cuando los derechos se presentan como “privilegios”
Otro mecanismo identificado por Schenck es la apropiación del lenguaje de los derechos. En lugar de cuestionar abiertamente el concepto de igualdad, determinadas narrativas pueden presentar las políticas destinadas a corregir desigualdades como privilegios. “Quienes cuestionan las jerarquías aparecen como autoritarios que imponen una ideología; quienes buscan conservarlas pueden presentarse como defensores de la libertad”, señaló la investigadora.
En ese desplazamiento, la discusión deja de estar centrada en si determinadas personas pueden ejercer determinados derechos y pasa a formularse en términos de una supuesta amenaza a las libertades de terceros. “No se trata de una visión comprensiva de un ‘todos y todas’, sino que comprende a algunos, en la que los derechos son para algunos, no para todos”, afirmó.
El estudio de MYSU ya había identificado esta apropiación del lenguaje de los derechos humanos como una estrategia. Según el informe, algunos grupos utilizaban conceptos como “derecho a la vida”, “derecho a la familia” o el derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual para cuestionar derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas LGBT+.
Schenck señaló que las personas trans pueden convertirse en un punto de encuentro entre discursos conservadores de procedencias diferentes. Mientras algunos recurren a argumentos religiosos, otros apelan a argumentos presentados como biológicos, o cuestionamientos sobre la intervención del Estado.
Según explicó, durante la discusión de la Ley Trans los argumentos pasaron de centrarse en los costos o en los supuestos privilegios de la norma hacia los presuntos peligros para niñas, niños y adolescentes y hacia la autoridad parental. El efecto, según su análisis, es que cambia también quién aparece como víctima, ya que la discusión deja de poner en el centro a una población cuyos derechos se buscan garantizar y coloca “la familia” como supuesta víctima.
La infancia tiene, en este sentido, una capacidad particular para conectar preocupaciones diferentes: familia, religión, naturaleza, educación y rechazo a la intervención estatal. La libertad de expresión puede cumplir una función similar, al permitir que quienes cuestionan políticas de igualdad se presenten como víctimas de un supuesto poder censor progresista.
Una estrategia que no nació con las redes sociales
Por su parte, el historiador y politólogo Diego Sempol planteó que buena parte de estos discursos recupera “sentidos comunes y tramas simbólicas de largo aliento”. “Lo nuevo es cómo se lo globaliza conceptualmente”, afirmó. A su entender, durante la Guerra Fría y el período autoritario uruguayo ya existían discursos que articulaban “moralidad, seguridad, alerta y pánicos morales” en torno a la idea de una supuesta “degeneración o desestabilización de los valores occidentales”.
La novedad, entonces, no necesariamente reside en todos los argumentos utilizados, sino en la manera en que distintos actores, lenguajes y territorios pueden conectarse. Schenck señaló que actualmente organizaciones civiles, actores religiosos, referentes partidarios e influencers pueden articularse utilizando lenguajes científicos, jurídicos, económicos y religiosos. A eso se suman los formatos digitales, que facilitan la circulación transnacional de conceptos y repertorios de movilización.
En sus conclusiones, el estudio de MYSU señalaba que las estrategias antigénero no se limitaban a producir afirmaciones falsas, sino que combinaban desinformación, desacreditación, apelaciones emocionales, apropiación del lenguaje de derechos y construcción de un enemigo común.
En línea similar, la organización estadounidense Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD), que realiza un monitoreo permanente de redes y discurso público, detecta narrativas de odio y desinformación contra personas LGBTQ+ en internet. Entre los ejemplos que documenta aparecen narrativas que presentan a las personas trans como una amenaza, tergiversaciones sobre la atención sanitaria, entre otras expresiones para construir marcos engañosos sobre las personas trans.
La organización también advierte que la desinformación y el discurso de odio en línea pueden tener consecuencias fuera de internet. Su índice de seguridad de redes sociales de 2026 señala que las narrativas falsas contra personas LGBTQ+ circulan en distintas plataformas y que la amplificación algorítmica puede contribuir a aumentar su alcance y sus efectos.
En ese sentido, Schenck advierte que la respuesta no consiste únicamente en desmentir cada dato falso. “Desmentir un dato falso no siempre alcanza para desarmar el relato que le dio sentido”, sostiene, porque es ese relato previo el que puede volver creíble la información engañosa.
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