Como nunca antes, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica aparecen este año en el centro de la agenda parlamentaria, con una particularidad: oficialismo y oposición comparten la necesidad de una transformación tecnológica y plantean la importancia de iniciar el debate sobre una ley para el uso de la IA.
Más allá de las diferencias políticas, legisladores del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN) coincidieron en que la transformación tecnológica no puede limitarse a la adopción de nuevas herramientas, sino que requiere una estrategia integral que combine regulación, fortalecimiento del sistema científico, inversión pública y capacitación. En ese marco, la inteligencia artificial (IA) aparece como un eje transversal que atraviesa el debate sobre desarrollo productivo, empleo, educación y derechos.
Desde el FA, en sintonía con el nuevo proceso impulsado por el Poder Ejecutivo, se trabaja en una reconfiguración del sistema de ciencia, innovación y tecnología, por lo que se impulsa una articulación con todos los sectores involucrados. Así lo planteó la senadora Patricia Kramer a la diaria, quien adelantó que este es el paso previo a la transformación que propone el gobierno de Yamandú Orsi.
La posición del PN no es muy diferente; el diputado Rodrigo Goñi, quien asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes este año, adelantó a la diaria que su sector tiene como “objetivo estratégico prioritario impulsar una transformación tecnológica responsable”. “Vamos a poner en el corazón de la agenda parlamentaria y del debate parlamentario la necesidad de abordar con urgencia lo que se conoce como una transformación tecnológica responsable. Frente a la IA, todos reconocemos que se abren posibilidades, pero estas no se concretan solas, hay que generar las condiciones, y ahí el Parlamento tiene que jugar en varias canchas”, afirmó Goñi.
Nuevo proceso
La senadora frenteamplista sostuvo que el rol del parlamentario no es sólo legislar, sino que también “hay mucho trabajo por hacer” en materia de articulación para avanzar en el “nuevo proceso impulsado por el Poder Ejecutivo” que plantea un nuevo sistema en temas de ciencia, innovación y tecnología. “Estuve trabajando bastante en la negociación entre la academia y el Ejecutivo, y aún quedan algunas conversaciones pendientes sobre cómo ir bajando a tierra ciertas cosas que podrían o no requerir legislación”, afirmó.
En las últimas semanas, Kramer se ha reunido con David González, recientemente designado como el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, y con algunos actores que van a impulsar esta “transformación” planteada por el Ejecutivo. “También van a haber reuniones con la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, la Udelar [Universidad de la República], y con los mismos sectores con los que se conversaron ciertas modificaciones en la ley presupuestal para pensar y trabajar juntos sobre cómo avanzar en ese sentido”, explicó.
El presupuesto planteó artículos no sólo en términos económicos, sino que se incorporaron modificaciones, como por ejemplo, que la nueva Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento pase a estar bajo la órbita de Presidencia, recordó la legisladora. “Hay bastantes elementos en el presupuesto que modifican los vínculos del ecosistema de la ciencia, la innovación y la tecnología en Uruguay. Eso hay que trabajarlo, ajustarlo, puede requerir alguna acción desde el Legislativo [...] Por otro lado, en el presupuesto quedó un artículo que le solicita al Poder Legislativo que trabaje junto con el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre una ley de ciencia”, agregó.
Kramer sostuvo que el ecosistema es “muy grande” y “complejo”, y remarcó que varios actores tienen “objetivos muy similares o complementarios, por lo que hay que trabajar para que esta complementariedad potencie avances en mayor profundidad y en el menor plazo posible”. Frente a este contexto, Kramer consideró que el Legislativo tiene un “rol que cumplir”, no sólo a la hora de impulsar proyectos de ley, sino que también para articular entre los diversos actores. Para la senadora, el objetivo de los cambios que se vienen proponiendo es darles a los investigadores una “base más amplia de desarrollo”. “Antes había dificultades no sólo en términos presupuestales, sino en cómo lograr entrar a las publicaciones o al sistema de patentes. [...] Hay que darle más fortaleza al sistema de investigación y [...] vincularlo con la producción para que potencie el desarrollo, no sólo económico, sino que también social”.
A partir de este año, comenzó a funcionar la nueva Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, que fue creada en la ley de Presupuesto Nacional 2025-2029 y que tiene como objetivo proponer al Poder Ejecutivo políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Más recursos
Goñi sostuvo que en cuatro meses se destinarán nuevos recursos en la Rendición de Cuentas, y remarcó que en esa discusión deben estar comprendidas la ciencia, la innovación y la tecnología. “Lamentablemente, en el presupuesto se dejó pasar una oportunidad, porque ahora tendríamos mayor consenso para ir a una ley general de ciencia, innovación y tecnología que siente las bases de un protagonismo muchísimo mayor de estas áreas, otorgándoles recursos superiores a los que históricamente se les ha dado, porque el mundo cambió. Hasta hace poco podía discutirse si podíamos seguir con menos del 1% para la ciencia. Hoy está claro que eso es condenar al país y excluir buena parte de la sociedad de todas estas posibilidades tecnológicas”, afirmó.
Por todo ello, el legislador considera que una ley general de ciencia, innovación y tecnología es “clave” para sentar las bases de una nueva institucionalidad, ya que es “el corazón del desarrollo de cualquier sociedad en el siglo XXI”.
¿Regulación?
Kramer afirmó que le “cuesta pensar” en una posible regulación general en materia de IA. “Me cuesta mucho pensar en ese sentido. No digo que no se pueda llegar a ese resultado, pero creo que requiere un análisis muy profundo. Yo no creo en una ley de inteligencia artificial. Creo, en todo caso, en la modificación de un montón de cosas que están reguladas y que podrían necesitar revisiones con la IA sobre la mesa”, explicó.
Para la senadora, si se impulsa una regulación general, se corre el riesgo de quedar “cortos o demasiado tensos”, generando “limitaciones”, lo que podría ser “peligroso”. “Hay algunas cosas en las que se puede avanzar de manera rápida, sobre todo en lo que tiene que ver con nuevos delitos que se pueden generar con IA, ciertas cosas más urgentes que pueden estar pasando y sean peligrosas de manera cotidiana y bastante universal, podrían requerir algunas acciones más rápidas, más a corto plazo, que capaz son super puntuales y con una ley lo solucionamos”, reflexionó.
“Llegó la hora”
Goñi sostuvo que “llegó la hora” de que el Parlamento defina una regulación con respecto a la inteligencia artificial y se preguntó si se adoptará por una normativa general o una sectorial. “En el mundo hay dos tendencias. Por ejemplo, la Unión Europea estableció una regulación de carácter general para todos los usos de IA. [...] Mientras que Estados Unidos optó por regulaciones para el sector laboral, de salud, educación. Ambas estrategias tienen sus aspectos positivos y negativos. Pero hay que elegir una de ellas”, afirmó, al mismo tiempo que remarcó que él considera que la mejor opción es optar por una normativa sectorial.
El legislador precisó que “la cuestión tecnológica dejó de ser un tema técnico” y ha cobrado una “principal relevancia política”. “Es un tema que afecta a los derechos humanos, a la democracia. Es por eso que el Parlamento tiene que liderar este proceso”, sentenció. Asimismo, consideró que debe abordarse con todos los actores, desde el sector privado y la academia hasta las organizaciones sociales.
En segundo lugar, dijo que se debe impulsar una regulación con respecto a las plataformas digitales para “sectores vulnerables”, sobre todo los menores de edad. “Hemos acordado con los diferentes sectores partidarios que tiene que abordarse una regulación de las grandes plataformas tecnológicas [...] como Meta, Facebook”, afirmó.
“Eje transversal”
Kramer remarcó que desde la Comisión de Futuros está planificado que se debatirá sobre el futuro de la educación y que en dicha discusión se comprenderá los impactos de la inteligencia artificial. “Es inevitable que la IA pase a ser una especie de eje transversal de las discusiones, porque en el mundo laboral va a tener implicancias, en el mundo de la educación también, en el desarrollo de las infancias y las adolescencias; llegó una herramienta que modifica nuestros vínculos sociales, y entonces [...] en las regulaciones se debe incorporar mucho más profundamente conceptos sociales, de ética y de equidad”, afirmó.
Hay muchas “vertientes” de la inteligencia artificial desde el punto de vista humano que plantean “peligros pero también oportunidades” y es clave “limitar algunos sesgos” que trae esta tecnología, agregó. “Esta tecnología impacta a nivel del arte, de la salud, de la educación, del trabajo, productivo. A veces nos quedamos en la discusión de la inteligencia artificial y su regulación en las plataformas, su aplicación tecnológica. [...] Pero, por ejemplo, tenemos que pensar cómo educamos en todas las áreas que mayormente nos van a diferenciar de las tareas informáticas, robóticas y de IA. Se debe preparar a la sociedad frente al futuro”, remarcó.
Futuro laboral
Frente a la inteligencia artificial, “pueden eliminarse y destruirse una gran cantidad de empleos por la transformación tecnológica”, advirtió Goñi, al mismo tiempo que remarcó que se están produciendo un “gran número de nuevos empleos” que requieren de otra capacitación. “La reconversión laboral tiene que tener una envergadura que tiene que nacer del Parlamento, porque no solamente debe haber una readecuación institucional, sino que también una regulación nueva, y todos sabemos que sin recursos no hay ninguna adecuación institucional eficiente”, afirmó.
En Uruguay, entre el 26% y el 38% de los empleos estarán expuestos a la IA en los próximos cinco años, según un informe del Instituto Cuesta Duarte difundido a inicios de enero. La IA comienza gradualmente a ocupar un lugar en el mercado laboral uruguayo. Como una “pequeña llovizna”, sus efectos no son notorios de forma inmediata, pero sus efectos a largo plazo podrían acumularse y generar cambios profundos, especialmente entre los trabajadores con menor formación, los jóvenes, aquellos con escasa capacidad de negociación colectiva y quienes se desempeñan en empleos más precarios, indicaron a principios de noviembre, en diálogo con la diaria, el economista e integrante del equipo económico del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, Pablo da Rocha, y el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y profesor de la Universidad de Montevideo, Ignacio Munyo.
Ciberseguridad
Goñi sostuvo que el Parlamento tiene una “enorme falta” en materia de ciberseguridad. “La mayoría de los países del mundo ya tiene una legislación, incluso con una institucionalidad de agencia de ciberseguridad para abordar esta nueva realidad [...] hay una enorme cantidad de ciberataques e infraestructura crítica de Uruguay, que realmente son un riesgo enorme. El año pasado hubo un aumento exponencial, lo que habla de que no estamos preparados para abordar ese riesgo que nos puede dejar sin luz, sin agua, sin hospitales”, advirtió.
El diputado blanco consideró que Uruguay debe explorar la posibilidad de hacer una agencia de ciberseguridad como la que tiene Chile. “Vamos a pasar muy malos momentos y a tener muchísimos daños. Por supuesto que acá nadie tiene la solución mágica, pero, por lo menos, hay que dar los pasos para que la ciudadanía se pueda sentir más segura. Ya la ciudadanía empieza a reclamar por estas cosas, aun sin entenderlas mucho”, afirmó.
Por otro lado, Goñi sostuvo que en estos momentos se encuentra trabajando con el presidente de la Cámara de Diputados, el representante por el FA Sebastián Valdomir, para “dar un fuerte impulso a la adopción de nuevas tecnologías, en especial la IA y una mayor digitalización”. Asimismo, afirmó que conversó con la vicepresidenta Carolina Cosse para impulsar en 2026 recursos destinados a que el Parlamento adopte la inteligencia artificial, además de que se impulse una alfabetización de dicha tecnología.
“Tenemos programado un intensivo proceso de formación. Ya acordamos con Ceibal que todos los parlamentarios y funcionarios tenemos que dar el ejemplo con esquemas de formación y aprendizaje de estas nuevas tecnologías, no solamente en su adopción, tenemos que aprender a usarlas y entender cómo están impactando en la sociedad en su conjunto. Así que vamos a implementar procesos de formación durante todo el año”, indicó.
Consenso
Ambos legisladores sostuvieron que estos temas son motivo de consenso entre oficialismo y oposición. El diputado blanco dijo que en el Parlamento hay “consenso” de que la transformación “no se hace solamente con regulación” y que implica un fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y humanas para evitar que se “excluya a muchos”. Goñi indicó que desde el FA hay una “muy buena acogida” y “conformidad” de que estos temas deben ser abordados por “consenso”: “La transformación tecnológica responsable tiene que ser una política de Estado”.
En referencia a las propuestas del diputado Goñi, Kramer dijo que las iniciativas en estos temas son un “puntapié inicial de discusión” y son “todas bienvenidas”.
Comisión de Futuros
La Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General inició en diciembre su trabajo parlamentario con una agenda centrada en la educación del futuro. Asimismo, la comisión evalúa sumarse a una nueva edición del Estudio Mundial de Valores, una investigación internacional que busca identificar los cambios profundos -lentos, pero decisivos- en las creencias, expectativas y valores de la sociedad.
El Estudio Mundial de Valores se aplica en más de 80 países y se repite cada cinco años. Uruguay participa desde 1996, lo que permite observar tendencias de largo plazo. La última encuesta se realizó en 2022 y en aquella oportunidad la Comisión de Futuros también participó en la concreción del proyecto. Lejos de medir climas pasajeros, indaga en dimensiones como el bienestar subjetivo, los temas que importan a la sociedad, la confianza en las instituciones, los valores de género, de autoridad y de orden, el orgullo nacional, la ideología política y la democracia, los medios y la información, las actitudes hacia la inmigración, la inteligencia artificial, entre otras. Está previsto que la próxima sesión de la comisión sea el 25 marzo.