Tras la reunión que sucedió la semana pasada entre legisladores, autoridades del gobierno de EEUU y empresas tecnológicas, el Parlamento uruguayo apuesta por una “discusión amplia” y evita apurar regulaciones sobre inteligencia artificial (IA), datos y el uso de plataformas por parte de menores, dijo a la diaria la diputada frenteamplista Sol Maneiro.
“La señal que quedó es de cautela; el Parlamento quiere primero entender mejor el tema y abrir una discusión más amplia antes de apurarse a regular”, dijo Maneiro, quien remarcó que los temas que los legisladores tienen pautado debatir son la IA, la seguridad de los datos y, “en especial”, el uso de plataformas por parte de niños, niñas y adolescentes.
El 18 de marzo, un grupo de legisladores de ambas Cámaras mantuvo una reunión con representantes regionales de las empresas tecnológicas Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS) y Meta, para “intercambiar sobre los caminos más adecuados para el desarrollo de la IA en el Uruguay”, informó el Parlamento en su portal.
Sobre la reunión
Maneiro sostuvo que durante la reunión “se habló de innovación, inversión, desarrollo de talento, alfabetización digital, adopción segura de tecnologías y del impacto de la IA en la sociedad y las políticas públicas”.
La legisladora dijo que la reunión tuvo una extensión “muy breve” de una hora, en la que las empresas expusieron cinco o 10 minutos algunas experiencias que tuvieron en varios países.
“No hubo planteos puntuales. Pusieron como ejemplo la legislación de la Unión Europea que estas empresas consideran muy restrictiva para la velocidad de los avances actuales. Se habló de la inversión de Google en el data center de Canelones de 850 millones de dólares. Y por ahora no se anunció otra inversión”, afirmó.
Con respecto al trabajo parlamentario para este año, la diputada sostuvo que el Frente Amplio viene articulando para 2026 “una agenda tecnológica que pone a la ciencia, la innovación y las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) como política de Estado”.
“Propone crear una institucionalidad de CTI (ciencia, tecnología e innovación) al más alto nivel, impulsar el sector TIC con foco en IA e industria 4.0, acelerar la transformación digital del Estado y del propio Parlamento, y reforzar la ciberseguridad con una institucionalidad y un marco legal específicos para proteger infraestructura crítica, enmarcado en reasignaciones presupuestales 2025–2029 e incentivos a la innovación con valor agregado”, agregó.
La reunión realizada la semana pasada fue encabezada por la vicemandataria, Carolina Cosse, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, y contó con la participación de legisladores de ambas Cámaras integrantes de las comisiones de Ciencia, Innovación y Tecnología y de Futuros.
Por parte de las empresas tecnológicas, participaron Tamar Colodenco, responsable de políticas públicas y relaciones gubernamentales para el cono sur de Google; Diego Canabarro, responsable de políticas de privacidad para América Latina de Meta; Marina Bericua, directora de asuntos corporativos, externos y legales de Microsoft; y Camila Gatica, gerente senior de políticas públicas de Amazon Web Services (AWS).
Asimismo, formaron parte del encuentro autoridades del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo Caryl Merten, jefa de asuntos económicos del Departamento de Estado; Lauren Baker, jefa de la oficina de tecnologías emergentes y servicios digitales del Departamento de Comercio; Susan Hettleman, agregada comercial en la embajada de EEUU, entre otros.
Según el comunicado difundido por el Parlamento, en la reunión se “abordó la cuestión regulatoria y cómo lograr un equilibrio entre innovación y protección de derechos, considerando la necesidad de brindar certeza jurídica, proteger derechos fundamentales y promover la innovación, especialmente en países de menor escala como Uruguay”.
Debate
Días antes, Goñi anunció, en diálogo con la diaria, que el Parlamento pondrá en marcha una comisión bicameral con integración multiactor para avanzar en una regulación de plataformas digitales orientada a proteger a niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa cuenta con “amplias mayorías”, afirmó Goñi, quien dijo que la comisión estará integrada por representantes de la academia, el sector privado como la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Agencia Latinoamericana de Información y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, así como también organizaciones de la sociedad civil como Observacom y el Laboratorio de Datos y Sociedad de DATA Uruguay.
Consultado sobre los plazos, Goñi fue enfático: en “2026 sí o sí saldrá un proyecto de ley”.
El legislador señaló que se analizarán experiencias internacionales como las de Australia y España, donde se plantea restringir el uso de plataformas para menores de 16 años.
“Los riesgos de no regular están a la vista. Se han visto casos de ansiedad, conductas compulsivas, depresión, pocas horas de sueño, riesgos para la salud mental, dificultades de autocontrol y autorregulación”, advirtió.
En la misma sintonía, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, dijo en aquel momento a la diaria que la regulación para la protección de menores reúne hoy consensos más amplios que otros debates vinculados a plataformas.
Este tema suscita acuerdos, “más allá de que habrá que buscar los consensos para lograr algo que satisfaga a todo el mundo”, y se diferencia de discusiones “más complejas y polémicas”, como los discursos de odio o la desinformación, añadió.
Desde una visión más regional, la experta argentina María Capurro dijo a la diaria que cualquier regulación efectiva sobre este tema debe ir “al corazón del problema”, que es el modelo de negocios de las grandes tecnológicas, basado en la extracción de datos y la captura de la atención.
La especialista advirtió que la “supuesta autorregulación no funciona” y que el diseño algorítmico de las plataformas –orientado a maximizar el tiempo de uso y la publicidad dirigida– genera riesgos concretos para niños, niñas y adolescentes, desde violencias digitales y acceso precoz a la pornografía hasta impactos en la salud mental.