La regulación de plataformas digitales para proteger a niños y adolescentes enfrenta un límite estructural: el poder “transnacional” de las grandes tecnológicas, que desborda la capacidad de los Estados nacionales, advirtieron legisladores y expertos.
Frente a esta situación, varios participantes del encuentro “Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales”, realizado el miércoles en el Parlamento, señalaron que es necesario una regulación aplicada a nivel regional para poder hacer realmente efectivas las nuevas normativas.
El primero que se refirió al tema fue el senador por el Frente Amplio y presidente de la Comisión Especial de Futuros, Daniel Borbonet, quien remarcó la importancia de alcanzar estándares regulatorios a nivel regional.
“Queremos llegar entre todos a lo mejor para nuestro país y ojalá para la región, como lo hablamos este lunes en Parlasur (Parlamento del Mercosur). [...] Los argentinos nos manifestaron el interés de profundizar el tema a nivel regional, porque esto trasciende fronteras. [...] Realmente hay mucha expectativa de poder avanzar”, destacó durante la apertura del evento, que fue coordinado por el legislador.
En la misma línea, la investigadora de la Universidad Católica, Carolina Aguerre, puso el foco en la escala del fenómeno. “La cooperación internacional en esta materia es central [...] por la transnacionalización del fenómeno [...] así como es clave reconocer la pequeñez del mercado uruguayo [...] Debemos juntarnos entre todos porque estamos hablando de plataformas que operan sobre millones de usuarios”, señaló, y sostuvo que ningún país puede abordar el problema en soledad.
En ese sentido, la doctora en ciencias sociales planteó la necesidad de cooperación internacional y advirtió sobre sectores críticos como la industria pornográfica y las apuestas online, que concentran gran parte del tráfico en internet.
Asimismo, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, remarcó que es clave la coordinación regional para hacer efectiva una regulación y “exigir que estas enormes corporaciones nos den pelota”.
“Yo sé que no somos Europa, que tiene institucionalidad regional, pero tenemos que defender y reivindicar nuestra soberanía nacional para hacer la ley a la uruguaya que podamos crear, pero también, desde el comienzo, debemos trabajar en conjunto, porque enfrentamos poderes muy potentes que ya han desacatado órdenes judiciales de países democráticos más grandes que el nuestro”, afirmó.
En la misma sintonía, Luis Pedernera, exintegrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, señaló que este tema tiene características particulares, sobre todo por el carácter transnacional de las empresas, lo cual impacta en los marcos regulatorios.
“Enfrentamos a un fenómeno transnacional de empresas que a veces tienen más poder económico que nuestros Estados. Francia establece en su regulación que si un niño entra a una página pornográfica, se debe imponer multas y llevar a cabo juicios penales a la empresa. No obstante, las autoridades francesas nos decían que le ha sido prácticamente imposible concretar una sanción a una empresa [...] Lo menciono para que seamos conscientes de la dimensión y los desafíos a los que se enfrenta un país chico como el nuestro”, agregó.
La discusión en el Parlasur
El lunes, el senador Borbonet advirtió, durante una sesión del Parlasur, que el Parlamento del Mercosur “no debe permanecer ajeno” a una “preocupación mundial” por la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
“Es un tema que nos atraviesa a todos, sociedades, familias, y que traspasa fronteras. Las plataformas digitales que utilizan nuestros niños, niñas, adolescentes son empresas transnacionales presentes en decenas de países y con amplias capacidades, tanto económicas como jurídicas”, señaló.
En ese marco, el legislador planteó la necesidad de avanzar en estrategias conjuntas a nivel regional. “Debemos trabajar en bloque para este tipo de situación tan compleja y tan desafiante”, afirmó, y puso como ejemplo la experiencia de la Unión Europea, que logró establecer estándares en protección de datos, límites a ciertos diseños de plataformas y mayores exigencias de transparencia algorítmica. “La escala importa, nadie se salva solo”, remarcó.
Si bien reconoció que en la región existen avances -como en Brasil y otros países que han impulsado límites de edad, regulaciones o restricciones en el uso de dispositivos-, advirtió que las respuestas siguen siendo “fragmentadas”.
Por ello, propuso avanzar hacia una agenda regional común que permita coordinar políticas y fortalecer las capacidades de los Estados. “La propuesta es avanzar en una construcción en una agenda regional, común para la protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales. Una agenda que nos permita intercambiar experiencias, saber lo que estamos haciendo y potenciarla a través de una cooperación regional”, concluyó.
El interés del Parlamento
Borbonet subrayó durante el encuentro del miércoles la responsabilidad del sistema político en abrir el diálogo con la academia y la sociedad civil para legislar sobre estos temas. “Los legisladores tenemos [...] la obligación de abrir las puertas a la academia, a la ciencia, a los referentes [...] y tratar de, junto con ellos, legislar”, señaló.
En ese marco, planteó preguntas centrales sobre el uso de pantallas por parte de niños y adolescentes y advirtió que “en última instancia, los Estados [...] son los responsables” de regular contenidos y plataformas.
La vicepresidenta Carolina Cosse destacó que el Parlamento trabaja en una ley modelo contra la violencia digital y en procesos de capacitación sobre inteligencia artificial. “Estamos trabajando [...] en una ley modelo contra la violencia digital [...] y en capacitaciones [...] que nos permitan entender con profundidad algunos temas”, afirmó.
Cosse advirtió que estos debates llegan con retraso respecto a países desarrollados: “Cómo será el asunto que ahora se están discutiendo estos temas sin temor [...] En realidad, estos temas se están discutiendo y se han tomado medidas y se han hecho acciones desde hace ya 10 o 15 años en otras partes del mundo”, pero remarcó que lo central es “empezar” y enfrentar los temas complejos sin postergarlos.
“La democracia y el parlamento tienen un enorme desafío de tomar los temas por más difíciles que sean, y por eso es que hay que proteger el buen diálogo [...] para llegar un poco más a tiempo a los temas complicados”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, planteó que la regulación del entorno digital representa “el desafío más trascendente que tenemos los legisladores”, en particular para una generación que no creció en estos entornos. En ese sentido, subrayó que no existen soluciones únicas ni inmediatas: “No se puede afrontar ni con modas [...] ni tampoco con facilismos, porque no tiene una solución sola”.
Goñi sostuvo que el problema exige abandonar la lógica tradicional de leyes rígidas y avanzar hacia marcos normativos más flexibles y adaptativos: “Pensar en hacer una ley que dure cinco años en un tema como este es absolutamente contraproducente. Tenemos que ir a un cambio de paradigma para que la legislación sea evolutiva y se vaya adaptando”.
Además, destacó la necesidad de incorporar la voz de niños y adolescentes en el proceso y de promover instancias de consulta pública, en un contexto donde el entorno digital ya no se separa de la vida cotidiana, sino parte de un ecosistema “híbrido” en constante transformación.
¿Sirve la verificación de edad?
Desde Wikimedistas de Uruguay, Evelin Heidel alertó sobre los riesgos de algunas medidas en discusión, como la verificación de edad. “Una de las cosas que a nosotros nos preocupa un poco más desde Wikimedistas de Uruguay, tiene que ver justamente con las nuevas modas de implementar mecanismos de verificación de edad para resolver estas cuestiones vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. Brasil, Australia, Reino Unido han implementado esta clase de medidas, pero, finalmente, lo que terminan haciendo es regalarle miel a las plataformas”, advirtió.
Señaló que lo que termina pasando en esos casos es que las plataformas consiguen tener muchos más datos además de que este tipo de medidas no garantizan que se cumplan las salvaguardas necesarias para la protección de esa información, dejando a los menores “aún más vulnerables y expuestos a toda una serie de amenazas”.
En la misma línea, la abogada Sandra Garín sostuvo que existen otras formas para pedir la verificación de edad sin que las plataformas accedan a los datos.
“Las plataformas están deseosas de tener estos datos, al punto de que en los juicios que están enfrentando Meta y Google en Francia y en Los Ángeles propusieron [...] el control de edad”, señaló.
Como alternativas, sostuvo que se puede recurrir a un proveedor de identidad, como puede ser la DGI u otras opciones controladas por el Estado que eviten que los datos terminan siendo utilizados por las plataformas.
Mientras tanto, el director ejecutivo de Observacom advirtió que el debate legislativo debe evitar respuestas simplistas que terminan siendo contraproducentes. En el caso de los mecanismos de verificación de edad, dijo que se llevaron “puesto montón de cosas”, como el derecho a la privacidad y los datos personales.
Para Gómez, la clave no está en restringir a los usuarios más jóvenes, sino en intervenir sobre las empresas que diseñan las plataformas: “El diseño adictivo debe ser el centro de la cuestión, y la responsabilidad es de estas empresas que tratan de lucrar con nuestros hijos”.
“No podemos seguir poniendo responsabilidad en padres y madres que no tienen una capacidad, aun cuando le diéramos herramientas que tampoco tienen, para enfrentar a una maquinaria brutal de empresas que, a sabiendas, compiten muy asimétricamente por la atención de nuestros propios hijos”, agregó.
Violencia digital y enfoque de género
Valeria Ramos, oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Uruguay, centró su intervención en la violencia digital, que definió como “una de las expresiones más recientes, complejas y expandidas de la violencia basada en género”.
“La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más naturalizadas en nuestra región. Y con la exposición de la vía digital, la violencia también se ha transformado a las vías digitales. Todos y todas estamos siendo afectados de alguna manera por esta violencia, pero especialmente las mujeres y las niñas”, agregó.
Frente a esta situación, dijo que es “fundamental” generar instancias de “intercambio intergeneracional” para poder llegar a “propuestas transformadoras”, en las que se escuche también las voces de los menores.
Desde la organización El Abrojo, la socióloga Paula Baleato propuso un cambio conceptual: dejar de pensar lo digital como una herramienta y asumirlo como un espacio social.
“Los entornos digitales son ámbitos de interacción social [...] donde los niños, niñas y adolescentes [...] se socializan, se educan, se entretienen, generan afectos”, explicó, y sostuvo que, como cualquier otro espacio social, debe ser regulado democráticamente.
Baleato cuestionó una visión centrada exclusivamente en la restricción: “En Uruguay solemos asociar la protección con la prohibición”. En cambio, planteó la necesidad de combinar protección con promoción de derechos y fortalecer las capacidades de niños, familias e instituciones.
La socióloga argumentó que es fundamental promover competencias socioemocionales y habilidades técnicas tanto a los menores como a la población en general para los entornos digitales y propuso avanzar en regulación, buenas prácticas, protección de datos, control de videojuegos y creación de un observatorio de consumos digitales.