La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las personas trabajan, estudian, consumen información y participan en la vida pública. Ante ese escenario, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, advirtió este jueves que uno de los principales desafíos para los gobiernos será evitar que esa revolución tecnológica amplíe las brechas sociales existentes.
“El despliegue de los beneficios de la incorporación tecnológica tiene que ser apropiado por todas y todos”, sostuvo durante la apertura del Ciclo de Innovación organizado por la Intendencia de Montevideo. En ese sentido, afirmó que la IA no puede transformarse en “un elemento de profundización de desigualdades”.
Para Bergara, la discusión sobre estas tecnologías no puede limitarse a sus aspectos técnicos, sino que debe incorporar una mirada sobre distribución, equidad y justicia social. “La ética de la sociedad queda determinada por cómo esa sociedad trata a los sectores más desfavorecidos”, afirmó.
La preocupación fue compartida por otras autoridades que participaron en la actividad. El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, advirtió que ya existen diferencias significativas en el acceso y uso de estas herramientas. El jerarca dijo que el 75% de los jóvenes de entre 15 y 29 años utiliza IA, mientras que entre los mayores de 60 años la cifra cae al 6%.
“Seguramente hay también desigualdades sociales, pero esta es una inequidad importante”, señaló. A su juicio, existe poco margen para aceptar una brecha de acceso de estas características en una tecnología que tendrá cada vez más incidencia sobre el trabajo, la educación y la vida cotidiana. “Estamos hablando de personas a las que les queda una parte importante de su vida laboral, personal y familiar”, sostuvo.
Bergara consideró que los gobiernos enfrentan el desafío de encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la necesidad de evitar efectos negativos sobre la sociedad.
“La transformación tecnológica del mundo trae oportunidades, pero también implica una tendencia hacia la desigualdad”, advirtió.
Un cambio que atraviesa toda la sociedad
Las autoridades coincidieron en que la IA representa una transformación de alcance mucho más amplio que una simple innovación tecnológica.
“Es un desafío enorme. La inteligencia artificial lo está atravesando todo: las formas de producir, de consumir, de comerciar, de educar, de empleo, de la incorporación de conocimiento y la propia vida democrática”, sostuvo Bergara.
En la misma línea, la gerenta de Innovación Pública de la Intendencia de Montevideo, Andrea Apolaro, consideró que el fenómeno debe entenderse como parte de un cambio cultural profundo y remarcó que suele abordarse el tema desde posiciones muy contrapuestas.
“Es un cambio demasiado grande [...], es un cambio cultural que nos da vuelta todo, por lo que necesitamos promover burocracias más creativas”, afirmó. Según explicó, el objetivo del ciclo de debates impulsado por la intendencia es justamente superar las visiones extremas que presentan a la IA como una solución para todos los problemas o como una amenaza inevitable.
Apolaro sostuvo que los gobiernos deben aprender a actuar en escenarios marcados por la incertidumbre y señaló que innovar no implica improvisar. “Las incertidumbres están porque estamos frente a un cambio de época y necesitamos incorporarlas para tomar decisiones”, indicó.
El rol del Estado
Por otro lado, Olesker señaló que “impresiona” la rapidez del avance de la tecnología. Frente a ese escenario, indicó que desde el Estado se busca actuar con un “equilibrio adecuado” y para ello emplea un “modelo híbrido”, que tiene acciones como la creación del Comité Estratégico del Sector Público para la Inteligencia Artificial y Datos, el Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial y los entornos controlados de prueba para nuevas aplicaciones de esta tecnología.
Por su parte, la directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, planteó que la discusión sobre IA debe enmarcarse en una reflexión más amplia sobre el papel de los gobiernos frente a las tecnologías emergentes.
Según explicó, el objetivo no debe limitarse a regular riesgos, sino también a construir capacidades públicas para orientar el desarrollo tecnológico y generar “valor colectivo”.