La noticia de que UPM vertió accidentalmente millones de litros de soda cáustica puso nuevamente sobre el tapete el debate sobre establecer el delito de crímenes contra el medioambiente. El Parlamento viene discutiendo el tema desde hace algún tiempo, por lo que ya hay propuestas concretas. “Lo que planteamos es que, ante la comisión de delitos tan graves para el ecosistema, caiga sobre las empresas todo el peso de la ley. Concretamente estamos planteando que los establecimientos que contaminen, ya sea una estancia, una instalación industrial o una mina, sean penados con la obligación de portar una tobillera electrónica, de modo que no puedan fugarse del país”, explicó un parlamentario que está trabajando en la reforma del Código Penal que permita perseguir a las empresas contaminantes.
Sobre la posibilidad de que los establecimientos sancionados se las ingenien para evadir el castigo, el legislador lo consideró “poco probable”, ya que “se establecerían las mismas garantías y protocolos inviolables que rigen para los narcotraficantes y condenados por violencia de género”.
La reflexión: “Hoy en día, y gracias a los econazis, los emprendimientos supuestamente contaminantes son los más discriminados”. Legislador que está preparando una ley feísima.